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lunes 20 de marzo de 2017

Fuerte cruce ante la CIDH entre el Gobierno y organismos de Derechos Humanos por la situación de Milagros Sala

Se trató de una audiencia solicitada por organismos que denuncian la "criminalización de la protesta social" en Jujuy.

Organizaciones sociales y de derechos humanos se cruzaron este lunes duramente con representantes
del Gobierno ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en Washington por la situación de la dirigente Milagro Sala, aún cuando el tema estaba fuera de agenda.

Se trató de una audiencia solicitada por organismos que denuncian la "criminalización de la protesta social" en Jujuy y en la que no se trató especialmente el caso de la líder de la Tupac Amaru teniendo en cuenta que en la CIDH estudia una solicitud de medida cautelar para pedir por su liberación, aunque el tema sobrevoló el debate.

Durante la audiencia, las organizaciones peticionantes (organismos de derechos humanos y dirigentes sociales y sindicales de Jujuy, liderados por el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Horacio Verbitsky) denunciaron que en Jujuy se han violado derechos políticos y existe una "intolerable persecución" por parte del gobernador, el radical Gerardo Morales, aliado de la Casa Rosada.

Además, el CELS denunció la "supresión de derechos políticos y sociales" a sectores que realizan protestas en Jujuy y "criminalización" del "acampe" por el que, en diciembre del año pasado, se acusó y detuvo a la líder de la agrupación y referente del kirchnerismo.

"En Jujuy no rige la Constitución Nacional, rige la voluntad del gobernador de la provincia y ese es el núcleo del problema", remarcó Verbitsky quien además explicó que "no se mencionó a Milagro Sala porque el problema es general en Jujuy".

El presidente del CELS señaló incluso que el Estado nacional y provincial utilizan "bellas palabras" de respeto a los derechos humanos pero que "en la práctica es otra cosa, en la práctica hay palos, gases, gendarmería dentro de las empresas".

"Nos denuncian y reprimen penalmente en las protestas", advirtió a su vez Rafael Vargas, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy (SOEAIL).

El sindicalista subrayó que "en el último año se intensificaron las causas penales por las protestas" y
denunció: "Nos reprimen y criminalizan y nos persiguen judicialmente para disciplinar y condicionar al gremio que represento y a los otros sindicatos".

A su vez, Fernando Acosta, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que el gobierno de Jujuy "dictó un decreto por el que suspende la personería" de las organizaciones que realizaron un acampe en el centro jujeño.

"El gobierno de Jujuy detiene, encarcela y mantiene preso a los dirigentes que continúan con la protesta", remarcó el dirigente sindical.

En respuesta a las acusaciones, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, aseguró que en la provincia "está plenamente garantizado el derecho de peticionar a las autoridades, de libertad de expresión y a anifestarse".

"En Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social", afirmó Miranda, quien aseguró además que durante 2016 hubo "1.191 manifestaciones" y que sólo se iniciaron "nueve causas" judiciales por protestas.

El funcionario justificó también el inicio de causas en el caso de "el sitio de la plaza" principal jujeña, por el que se inició una causa contra Milagro Sala y dijo que la quita de la personería jurídica para la organización Tupac Amaru "se está tramitando en sede judicial".

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que hay "un compromiso manifestado por el Presidente de la Nación de avanzar en una sociedad que se base en el respeto" y expresó la voluntad del Gobierno de "colaborar" con la CIDH.

"El gobierno nacional trabaja permanentemente en relación con las provincias, en este caso con la de Jujuy, analizando todos los temas. Nosotros creemos que estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la sociedad argentina", señaló Avruj.

Poco después, en declaraciones radiales, el funcionario señalaría que el caso Sala "fue presentado como una cuestión política" en la audiencia y que la líder de la Tupac Amaru "no es una enemiga para el Gobierno".

"Somos muy claros en la defensa de la agenda abierta de derechos humanos. Hoy estamos tranquilos, se han dado todos los pasos, está en el ámbito de la Corte. El respeto de los derechos humanos es una cuestión dinámica que va planteando tensiones permanente y todo lo que se ha hecho en Jujuy está
sujeto a derecho", subrayó.

En tanto, el comisionado para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Paulo Vannuchi, resaltó en la audiencia que hay "visiones casi opuestas" entre las partes y agradeció "que el nombre de Milagro Sala no fuera mencionado acá porque hay una tensión y una cautelar que están
tramitándose".

Vannuchi planteó además que "muchas veces hay procedimientos judiciales fundamentados pero que también son utilizados con fines políticos" para criminalizar la protesta, mientras que Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión, se preocupó por señalar que sin garantías para poder manifestarse el derecho a la protesta "se convierte en algo teórico".
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