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viernes 18 de agosto de 2017

El gobierno de Morales sostiene que Milagro Sala podría ser trasladada a una cárcel federal

La dirigente de la Tupac podría ser trasladada a la prisión de Güemes, tras el fallo de Casación que confirmó la pena en su contra por el escrache al exsenador radical en 2009.

Las condiciones de detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, siguen siendo motivo de polémica en Jujuy y, en medio de la expectativa por el pronunciamiento de la Justicia local sobre la domiciliaria, el Gobierno de Gerardo Morales deslizó que la dirigente podría ser trasladada a la cárcel de Güemes, tras el fallo de Casación que confirmó la pena en su contra por el escrache al exsenador radical en 2009.

El secretario de Gobierno de Jujuy, Luciano Rivas, se refirió en conferencia de prensa al fallo de este jueves de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que rechazó un recurso extraordinario de Sala y confirmó la condena en su contra por el delito de daño agravado -a tres años de prisión en suspenso- pero, además, el revocamiento del sobreseimiento por prescripción del delito de amenazas simples y su reemplazo por un tipo penal más grave, como el de amenazas coactivas (que tiene una pena de 2 a 4 años).

"Luego de que no hicieran lugar al pedido de prescripción, el Tribunal Oral Federal de Jujuy debe informar cuál es la sentencia por el delito de amenazas, que debe ser de cumplimiento efectivo en el Penal Federal más cercano que es el de Güemes" señaló el funcionario y abogado, a cargo de la dirección técnica de la
defensa de Morales en esta causa.

Rivas agregó que a la defensa de Sala le queda la posibilidad de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, pero que no tiene carácter suspensivo, por lo que la condena debería quedar firme.

Sin embargo, los abogados de Sala denunciaron que el funcionario "mintió" puesto que la sentencia "está lejos de quedar firme", y "condenó una vez mas a Sala, previo a que se la juzgue, ya que el Tribunal Oral Federal de Jujuy, según lo dispuesto por Casación, tiene que desarrollar el proceso por el delito de amenazas coactivas".

"La presunción de inocencia es una garantía constitucional que en el Poder Ejecutivo de Jujuy olvidaron hace tiempo. El único objetivo de esta declaración es hostigar a Milagro Sala con la posibilidad del traslado, mientras siguen incumpliendo con la cautelar de la CIDH", advirtieron en un comunicado, respecto a la resolución del organismo internacional que recomendó la prisión preventiva domiciliaria para la dirigente.

La defensa también cuestionó que Rivas, en calidad de funcionario de un gobierno provincial, convoque a una conferencia de prensa sobre una querella particular de Morales, que no hizo en calidad de gobernador: si bien Rivas participó como abogado en el proceso, renunció al cargo cuando asumió como funcionario del gobierno.

"Rivas está violando el principio de presunción de inocencia. El juicio por el delito de amenazas coactivas no se hizo y el funcionario, que parece que olvidó las reglas básicas del derecho, ya dictó condena en contra de Milagro. A lo mejor tiene ya redactada la sentencia. En ese caso tendría que dar explicaciones a la ciudadanía", reclamaron los defensores de Sala.

Esto porque, según lo dispuesto por la Sala IV, el juicio por el delito de amenazas coactivas en contra de la dirigente social tiene que ser realizado por parte del Tribunal Oral Federal de Jujuy, teniendo en cuenta que en el proceso desarrollado en diciembre se juzgó a la diputada del Parlasur por el delito de amenazas simples.

"De no realizarse un nuevo proceso se estaría violando el principio de congruencia. Una persona tiene que poder defenderse del delito del que se la acusa, cosa que en este caso aún no sucedió", advirtieron los abogados, que además confirmaron que presentarán una queja ante la Corte sobre el fallo de la Cámara de Casación Penal, por lo tanto aún el máximo tribunal puede revocar la sentencia de la Sala IV.

Sin embargo, Rivas advirtió que "el tribunal se tiene que integrar por el mismo tribunal del juicio y conforme a las constancias del expediente tienen que dictar una nueva sentencia por el delito de amenazas coactivas, sumándole más años de condena", lo que pidió que sea "cuanto antes".

"Este es un caso distinto, con justicia federal. En el hipotético caso que se le otorgara la prisión domiciliaria, y que el tribunal dicte sentencia el TOF acumulando o sumando pena, deberá notificársela y deberán llevarla al Penal de Güemes a cumplir la condena", insistió, al indicar que con condena firme perderá el beneficio de prisión domiciliaria.

Los hechos sobre los que recayó sentencia tuvieron lugar el 16 de octubre de 2009 en el edificio del Consejo de Ciencias Económicas de la ciudad de San Salvador de Jujuy, al realizarse un escrache poco antes de una conferencia que tenía por disertantes al entonces presidente de la Auditoría General de
la Nación Leandro Despouy, el auditor Alejandro Nieva y al senador radical Morales.
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