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miércoles 01 de junio de 2016

El Gobierno excluyó a los funcionarios de la amnistía impositiva

La presión de aliados y opositores hizo efecto: el macrismo accedió a realizar una corrección clave para lograr apoyo parlamentario

Los reclamos de la oposición fueron un primer llamado de atención, que se convirtió en un requisito insalvable cuando al pedido se sumaron la UCR y la Coalición Cívica (con Mario Negri y Elisa Carrió a la cabeza), socios políticos y aliados de Cambiemos: el gobierno nacional finalmente atendió los reclamos y excluirá a los funcionarios del blanqueo de capitales.

Esta posibilidad había sido adelantada ayer por el jefe del bloque de diputados de Cambiemos,Nicolás Massot, quien admitió que no se descartaba incluir ese cambio en el proyecto: "Es uno de los puntos a discutir en el Congreso y estamos dispuestos a sacarlo".

La promesa se volvió un dato concreto bien: anoche el Gobierno hizo saber de manera informal que no podrán acogerse a la amnistía fiscal ni los funcionarios actuales ni los que formaron parte del gabinete durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

Fuentes del oficialismo hicieron una aclaración importante que seguramente volverá a generar reclamos al menos del ala más dura de la oposición: en principio, los contratistas del Estado sí podrán entrar en el blanqueo de capitales; por supuesto, siempre que no estén involucrados -como Lázaro Báez- en causas con proceso firme. De todos modos aún falta conocer la letra chica, que podrá leerse tras la redacción final del proyecto.

Para acceder al "sinceramiento" fiscal habrá tres opciones: pagar un impuesto especial, suscribir bonospor el monto declarado y hacer inversiones de largo plazo en la Argentina; por ejemplo, para financiar obras de infraestructura, para vivienda, créditos hipotecarios o pymes.

La tasa a pagar dependerá del monto declarado. Si son menos de $305.000, no paga nada. Entre $305.000 y $800.000, pagará un impuesto del 5 por ciento. Por encima de $800.000, abonará el 10 por ciento. Para los que ingresen al programa después del 1 de enero de 2017, la alícuota se elevará al 15 por ciento.

Todo lo recaudado en impuestos a los fondos declarados será destinado a la ANSES, es decir, a los fondos del sistema previsional argentino; a los jubilados.

El programa exime a los que ingresen fondos de las responsabilidades tributarias, pero no exonera la responsabilidad sobre el origen de los fondos, ni tampoco sobre "posibles investigaciones penales sobre actividades ilícitas".

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