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sábado 05 de marzo de 2016

Dos empleados del Arzobispado de San Juan son investigados por estafa

El juez Benedicto Correa tiene elementos para interrogarlos por el supuesto desvío de entre 500 mil y 700 mil pesos de la diócesis hacia sus cuentas personales.

Dos hombres que trabajaban como empleados administrativos en el Arzobispado de San Juan, son investigados por la Justicia puntana como sospechosos de ser los autores de una presunta estafa denunciada por el obispo de esa dócesis, monseñor Alfonso Delgado.

El juez Benedicto Correa, que lleva adelante la causa, tiene elementos suficientes para interrogarlos por el supuesto desvío de entre 500 mil y 700 mil pesos de la diócesis hacia sus cuentas personales, aseguraron fuentes confiables, señala hoy el Diario de Cuyo en su página web.

Aún no hay fecha para la medida judicial, dado que primero el magistrado debe resolver un pedido de los sospechosos para poder declarar sin quedar detenidos.

La denuncia lleva la firma de monseñor Delgado y fue presentada en la primera quincena de febrero, aunque trascendió este viernes a raíz de una nota publicada en el semanario El Nuevo Diario de San Juan.

En la mira están las dos personas que tenían un contacto directo con el dinero que ingresaba al Arzobispado a través de las limosnas que se recolectan en las parroquias y los aportes de los colegios parroquiales.

Según dejaron trascender las fuentes, uno de ellos es el exadministrador, el contador Juan Brozina, y el restante el extesorero Darío Tapia.

Monseñor Delgado prefirió no hablar con la prensa por respeto a los implicados y a sus familias, dijeron este viernes desde el Arzobispado.

Ambos eran considerados hombres de confianza, ya que Brozina llevaba una década trabajando en la diócesis y Tapia más de 13 años.

Pese al silencio, sí hubo un comunicado oficial que resaltó que a través de una "auditoría administrativa e informática se detectaron posibles irregularidades de dos empleados administrativos".

El escrito además señala que "una vez que se expidan las autoridades judiciales se podrá saber el monto del posible perjuicio, que no ha afectado al normal funcionamiento del Arzobispado ni al destino de los fondos de las colectas de la Iglesia".

Fuentes eclesiásticas oficiales negaron que haya habido una intervención del Vaticano y que el propio jefe de la Iglesia Católica local informó del tema en la Santa Sede.

El origen del caso se dio por inconsistencias y números que no cerraban en las cuentas.

En noviembre del año pasado comenzó a realizarse una auditoría externa que culminó al mes siguiente.

Las fuentes relataron que Brozina renunció a su puesto apenas empezó el control, mientras que Tapia fue despedido tras el relevamiento de las cuentas.

En líneas generales, la sospecha que recae contra los implicados es que habrían desviado los recursos que ingresaban a la diócesis hacia sus bolsillos.

Por el momento no trascendió desde cuando vendrían realizando la maniobra y el monto de la presunta estafa ronda entre los 500 mil y 700 mil pesos.

Con el resultado de la auditoría en las manos de monseñor, la denuncia apuntó sin vueltas contra los dos sospechosos y se la radicó en la Fiscalía de Instrucción Nº 5, a cargo de Ana Lía Larrea.

La fiscal pidió que se abra la investigación y fue el juez Correa, del Quinto Juzgado de Instrucción, el que tomó la causa, ya que está subrogando en el Cuarto de Instrucción que se encuentra vacante.

El magistrado libró órdenes de detención contra los sospechosos, pero la Policía no los encontró en los domicilios que tenían registrados.

Luego de los procedimientos, tanto Brozina como Tapia presentaron, a través de sus abogados, pedidos de eximición de prisión, a la espera de poder dar sus versiones sin quedar presos.

Las fuentes remarcaron que el juez está analizado los planteos y que todo indica que los aceptará.

Ya cuenta con testimonios, incluido el de monseñor Delgado, y con elementos para indagar a los sospechosos como presuntos actores de una estafa.

El delito es excarcelable, ya que el mínimo de la pena es inferior a los tres años. Por esa razón, en el caso de ser hallados culpables no irán a prisión.
Fuente: Noticias Argentinas

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