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miércoles 09 de noviembre de 2011

Diputados dio media sanción a la adhesión a la Ley de Discapacidad

Los padres presionaron durante meses a los legisladores sin lograr apoyo, pero la mediatización del tema derivó en el OK legislativo. Los empleados públicos no deberán aumentar su aporte a la OSEP para solventar la aplicación, en tanto que los jueces sufrirán descuentos.

Un debate con cruces de acusaciones y discursos cargados de cargo de conciencia

 

Fernando Alín, fundador del Centro Amigo del Discapacitado Motor (CADIM) en San Martín y pionero en la lucha por la ley en Mendoza.

Por Javier Polvani

Con decisiva presión de los medios, la Cámara de Diputados de la Provincia le dio media sanción a la adhesión de Mendoza a la Ley Nacional de Discapacidad número 24.901. La adhesión pasó por un fuerte proceso de oposición por parte del bloque oficialista de la Legislatura hasta que desembarcó en la Casa de las Leyes un periodista del programa CQC, de Telefe, y se reactivó el debate.

Este miércoles en la siesta, luego de varios discursos de diputados cargados de culpa por accionar recién cuando hubo una presión mediática, el plenario de la Cámara Baja sometió a votación un dictamen terminado de redactar en la mañana. Ahora, el texto debe ser sometido a tratamiento de la Cámara de Senadores, para lo cual no hay fecha establecida aún.

“La norma que obtuvo media sanción fue elaborada por las comisiones deLegislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, Salud Pública y Desarrollo Social, considerando como insumos los
proyectos de los diputados Raúl Rodríguez (PJ), Néstor Parés, Roberto Infante y Luis Petri (UCR), Ricardo Puga (PIM), Gustavo Arenas (PJ), Alberto Recabarren (PJ), junto a otra iniciativa remitida por el Poder
Ejecutivo”, informó la Cámara de Diputados a través de su dirección de Prensa.

La ley que obtuvo media sanción establece que Mendoza “adhiere al régimen establecido en la Ley Nacional número 24.901, que instituye el Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación
integral a favor de las personas con discapacidad”. En el texto, los legisladores desairaron al titular de la OSEP, Marcelo Costa, quien había pedido que se incrementara en un punto porcentual el aporte de
los afiliados para cubrir los tratamientos a los discapacitados.

“La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) tendrá a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura integral de las prestaciones enunciadas en la Ley Nº 24.901 y sus complementarias”, reza el texto
aprobado en Diputados. Como adelantó el vicegobernador electo, Carlos Ciurca, OSEP tendrá que prever de su presupuesto un fondo de unos $30 millones anuales para cubrir los alcances de la ley.

La iniciativa prevé la modificación del artículo número 21 de la Carta Orgánica de OSEP que dispondrá, entre otros aspectos, que “en todos los casos, el grupo familiar comprende (independientemente del número de personas que lo componen) al afiliado directo, su cónyuge, o los integrantes de una unión de hecho, los hijos menores de veintiún (21) años, los hijos mayores de veintiún (21) años y que acrediten discapacidad con el certificado legal vigente. En este último caso, siempre y cuando no tengan ningún tipo de cobertura por otra Obra Social”. Esto se incluyó para proteger los derechos de cobertura de los hijos de discapacitados cuando atraviesan la barrera de la mayoría de edad.

El texto del proyecto que obtuvo media sanción también establece que estarán obligados a realizar sus aportes a OSEP, los Magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, los Legisladores provinciales, los Intendentes y Concejales, siempre en carácter de afiliados directos. Este apartado de la ley se incluyó porque hasta ahora los antes mencionados tienen la potestad de renunciar a hacer el aporte que fija la ley para el resto de los empleados públicos con carácter de obligatorio.

En el epílogo del proyecto los diputados autorizaron al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las adecuaciones presupuestarias y transferencias de partidas necesarias a los efectos de la presente ley. Esto es que el gobierno tendrá que garantizar las prestaciones establecidas por la norma con fondos públicos. Se estima que la implementación de la ley de discapacidad involucrará una inversión de entre 100 y 150 millones de pesos al año.

En la sesión de la fecha hicieron uso de la palabra por el bloque justicialista Raúl Rodríguez, Alberto Recabarren, Gustavo Arenas, Carlos Bianchinelli y Nélida Negri; por el radicalismo Andrés Marín, Luis Petri, Roberto Infante, Fernando Barrigón y María Rosa Lemos; por los demócratas Aldo Vinci y Hugo Babolené; por el Peronismo Federal, Daniel Cassia; por el Eje Peronista, Silvia Ramos, y por el PIM, Ricardo Puga.

 

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