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martes 01 de marzo de 2016

Denunciaron a los jueces y a la fiscal por la "detención ilegal" de Milagro Sala

Los abogados de la dirigente social Milagro Sala denunciaron ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy a los jueces Raúl Gutiérrez y Gastón Mercau y a la fiscal Liliana Fernández de Montiel

Los abogados de la dirigente social Milagro Sala denunciaron ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy a los jueces Raúl Gutiérrez y Gastón Mercau y a la fiscal Liliana Fernández de Montiel, al considerar que existe "un incumplimiento de sus deberes por privar ilegalmente de su libertad" a la diputada del Parlasur.

La denuncia que consigna un "mal desempeño" contra los funcionarios judiciales que intervinieron en la detención fue radicada por el abogado y diputado provincial del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO), Ariel Ruarte, y el letrado Fernando Barea.

Durante la presentación realizada ayer los abogados aseguraron que en la detención de Sala se realizó "transgrediendo una norma inequívoca, la ley 27.120", que establece, entre otras cuestiones, la inmunidad de arresto de los Parlamentarios del Parlasur y, "tal como es de público conocimiento, Milagro Sala fue electa, el 25 de octubre de 2105, como Parlamentaria de aquel cuerpo colegiado".

Explicaron que el Código Procesal Penal de Jujuy establece en su artículo 32 que ante la existencia de una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un funcionario sujeto a desafuero el Tribunal podrá llevar adelante todos los actos del proceso, a excepción de aquellos que impliquen la detención o prisión.

A su vez, aseguraron en la denuncia, "mediante la detención de Milagro Sala se ha violado también el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur y el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (Mercosur), para el funcionamiento del parlamento internacional".

En ese sentido consideraron que la detención deviene ilegal, ilegítima e inconstitucional, según los artículos -27, 31, 75 incisos 22 y 24 de la Constitución Nacional, impidiendo el libre ejercicio del su función de parlamentaria del Mercosur.

Tanto Ruarte como Barea señalaron también que la fiscal y los magistrados que privaron de la libertad a Sala en dos ocasiones "abusaron de sus funciones y lo hicieron sin las formalidades prescriptas por la ley que establece que para detenerla primero se debería haber pedido y producido el desafuero".

"Los hechos aquí denunciados se subsumen en la categoría de graves violaciones a los derechos humanos y, particularmente, en el ejercicio de la violencia institucional", aseguraron.

En relación al pedido de remoción de sus cargos en los casos de la fiscal y de los magistrados, los abogados indicaron que dicho pedido se fundamenta en el incumplimiento de los deberes a su cargo previsto en el artículo 172 de la Constitución provincial.

"Los hechos aquí probados demuestran la pérdida de imparcialidad, el grave desconocimiento del derecho, la arbitrariedad y la mala gestión por parte de los magistrados enjuiciados y, por ende, la consecuente pérdida de confianza en su accionar, para que siga como titular de una fiscalía y/o juzgado", finalizaron.

Caber destacar que días atrás el fiscal General a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Miguel Palazzani, y el fiscal Ad Hoc, José Nebbia, sostuvieron que el artículo 16 de la ley 27120, que reconoce la inmunidad de arresto para los legisladores del Parlasur, goza de plena vigencia y se aplica plenamente al caso de Milagro Sala.
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