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viernes 07 de octubre de 2016

Carmona busca frenar que ejecutivos ocupen cargos en el Estado

Esta prohibición alcanza a funcionarios "con rango de jefe de Gabinete, ministro, secretario o subsecretario" que haya "desempeñado funciones gerenciales de dirección o gestión".

El bloque de diputados del FPV-PJ presentó un proyecto de ley que busca evitar el conflicto de intereses en los casos de ejecutivos de empresas nombrados en cargos públicos y crear una comisión bicameral que controle a la Oficina Anticorrupción (OA).

La iniciativa, que fue impulsada por el mendocino Guillermo Carmona establece que los funcionarios públicos no pueden haber desempeñado tareas en una empresa cuya actividad esté relacionada con las competencias de su cargo, en un lapso menor a tres años anteriores a su designación.

Esta prohibición alcanza a funcionarios "con rango de jefe de Gabinete, ministro, secretario o subsecretario" que haya "desempeñado funciones gerenciales de dirección o gestión" o tenga "participación accionaria en el país o en el extranjero" en una empresa relacionada con el cargo que ocupa en la función pública.

En tanto, el proyecto aclara que para los funcionarios de menor rango, la restricción será de dos años.
También se refiere a una situación inversa, al indicar que "ningún funcionario público podrá desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con el cargo ejercido por el lapso de tres años posteriores al cese de sus funciones".

La iniciativa señala que la declaración patrimonial que se obliga a presentar a los funcionarios "será mucho más estricta y deberá incluir participación en empresas offshore, en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, y en empresas radicadas en el país o el exterior, aun cuando la legislación extranjera prevea el secreto bancario".

El bloque del PJ-FPV informó que el proyecto estará acompañado por otro complementario para crear una comisión bicameral que controle a la OA, actualmente dirigida por Laura Alonso, quien según los diputados "se ha mostrado proclive a cubrir y dejar pasar los conflictos de interés y las incompatibilidades que presenta una gran parte del Gabinete".

Sostuvo que "los grupos económicos suelen implementar mecanismos para direccionar o influenciar las políticas del Estado en favor de sus propios intereses, y uno de ellos es la incorporación masiva de CEOs en puestos claves de la función pública".
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