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jueves 04 de agosto de 2016

Bonafini no se presentará a declarar y se arriesga a que la busquen con la Policía

La primera indagatoria había sido pautada por Martínez de Giorgi para el pasado 7 de julio, pero días antes, al conocerse el llamado, Bonafini había anticipado que no asistiría, con duras críticas al magistrado.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi podría ordenar hoy que se busque con la fuerza pública a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, para concurrir a prestar declaración indagatoria en la causa por el presunto desvío de fondos públicos de un plan de viviendas.

Ocurre que Hebe de Bonafini tampoco se presentará hoy a la segunda citación a declaración indagatoria que ordenó Martínez de Giorgi.

Así lo confirmó en diálogo con NA el abogado Eduardo Barcesat, histórico representante de la entidad, quien detalló que Bonafini "no va a ir" ni va a presentar ningún escrito ante al magistrado.

La indagatoria de la presidenta de la institución está fijada para hoy a las 10.00 en los tribunales federales de Comodoro Py.

Según señaló Barcesat, Bonafini está al tanto de que el hecho de no asistir a la convocatoria habilita al juez federal a ordenar que sea llevada a declarar con la fuerza pública.

De hecho, la presidenta de Madres todavía no designó a ningún abogado para que la represente en ese proceso, indicó el letrado.

Fuentes judiciales afirmaron a NA que la dirigente rechazó ser notificada de la segunda citación en su domicilio particular, por lo que se le comunicó la convocatoria en la sede de Madres de Plaza de Mayo.

El magistrado tiene previsto esperar unos minutos para ver si llega Bonafini a la audiencia y, de no hacerlo, se definirán los pasos a seguir, que podría ser la orden para ir a buscarla con la fuerza pública.

La primera indagatoria había sido pautada por Martínez de Giorgi para el pasado 7 de julio, pero días antes, al conocerse el llamado, Bonafini había anticipado que no asistiría, con duras críticas al magistrado.

En la causa se investiga el supuesto desvío de 200 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales en el marco del programa Sueños Compartidos, que era manejado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

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