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jueves 18 de agosto de 2016

Turquía vacía las cárceles para apresar a golpistasy liberó a 38 mil

El gobierno ordenó liberar a esa cantidad de presos comunes para hacer espacio en las prisiones de ese país.

El gobierno turco ordenó la liberación de más de 38.000 presos comunes en busca de hacer lugar en las cárceles para los más de 20.000 detenidos en relación con el fallido golpe de Estado del mes pasado, mientras que la prensa afirmó que miles de funcionarios deberán devolver los salarios de los últimos seis años.

Las represalias contra los simpatizantes de Fethulah Gülen, a quien el propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, señala como instigador de la intentona golpista, continúan multiplicándose en un escenario en el que además el gobierno volvió a avanzar contra la minoría kurda, con la detención de 24 personas, entre ellos periodistas y simpatizantes del periódico prokurdo Ozgür Gündem, clausurado por las autoridades.

La ola de detenciones por el golpe frustrado del 15 de julio, en la que inicialmente fueron arrestadas 35.000 personas –de ellas 17.000 permanecen con prisión preventiva, y otras 5.600 esperan resolución judicial–, generó fricción con los países europeos.

Esta situación tuvo una nueva escalada, cuando la cadena pública alemana ARD filtró un documento confidencial en el que el gobierno de ese país le adjudica a Erdogan "afinidad política" con organizaciones islamistas radicales, como la Hermandad Musulmana de Egipto o el movimiento palestino Hamas.

"Las numerosas demostraciones de solidaridad y negociaciones de apoyo para la Hermandad Musulmana egipcia, Hamas y grupos de la oposición islamista armada en Siria a través del partido gobernante AKP y el presidente Erdogan subrayan su afinidad política", asegura el documento que provocó el rechazo del gobierno turco.

"Las acusaciones son una nueva manifestación de la mentalidad distorsionada que ha estado intentando debilitar a nuestro país mediante ataques mediáticos a nuestro presidente y nuestro gobierno", señaló la Cancillería turca.

Al respecto, el portavoz del gobierno alemán, Stefen Seibert, brindó una conferencia de prensa en la que destacó que la relación entre ambos países "tiene una importancia y una dimensión especial, en primer lugar debido a que en Alemania viven más de tres millones de personas que tienen raíces familiares en Turquía".

Sin embargo, una delegación de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) finalizó una visita a Turquía en la que concluyeron en que tanto el gobierno de Erdogan como sus seguidores "han mostrado una fuerte voluntad de proteger las instituciones democráticas" al resistir el intento de golpe de Estado de mediados de julio, al que consideraron "el ataque más nítido contra la democracia que hemos visto en la OSCE en los tiempos modernos".

"Los dirigentes aquí describen de forma acertada los sucesos del 15 y 16 de julio como una victoria del pueblo, citando a los miles de personas que salieron a la calle para ponerse frente a los tanques y frenar el derrocamiento del gobierno turco constitucional", señaló la presidenta de la Asamblea, Christine Muttonen.

La delegación de la OSCE que visitó Ankara y Estambul, también "tomó nota de la preocupación, mencionada por la oposición, de supuestos excesos de las autoridades", en los que se inscriben algunas de las medidas ordenadas por el gobierno.

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, Ankara modificó dos artículos en la ley penal para permitir la salida de los presos, según explicó el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, en una serie de 19 mensajes de su cuenta personal en la red social Twitter, medida que abarcaría a unos 35.000 reclusos.

La nueva modalidad extiende de uno a dos años el período de condena residual necesario para que un recluso pueda beneficiarse de la libertad condicional y reduce de dos tercios a la mitad de la condena el cumplimiento para acceder a la liberación anticipada.

La medida excluye a todos los reos de una decena de delitos como homicidio premeditado, agresión con resultado de heridas graves a familiares o discapacitados, agresiones sexuales, atentado contra la privacidad, tráfico de drogas, atentado contra la seguridad del Estado, contra la Constitución, la defensa nacional o los secretos del Estado, y finalmente todos los juzgados bajo la ley antiterrorista.

Además, sólo se puede aplicar a personas condenadas por delitos cometidos antes del 1 de julio pasado, concretó Bozdag.

La medida responde a la necesidad de hacer lugar en las ya atiborradas cárceles del país euroasiático, que necesita ubicar a las más de 23.000 personas arrestadas a consecuencia del fallido golpe de Estado.
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