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martes 13 de junio de 2017

Opositores y chavistas se trenzan por la Constituyente en Venezuela

El Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso presentado por la fiscal general en contra de la reforma de la Carta Magna.

La Justicia de Venezuela frenó de plano el recurso presentado por la fiscal general, Luisa Ortega, contra la Asamblea Nacional Constituyente e impidió una movilización masiva de venezolanos que pretendían formalizar su rechazo a esa iniciativa, convocada por el presidente Nicolás Maduro.

A la vez, la fiscal general presentó ayer una demanda de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la designación de 33 magistrados que fueron –según dijo– elegidos mediante procesos irregulares el 23 de diciembre de 2015. Explicó que se trata de una "impugnación" contra 13 jueces principales y 20 suplentes que fueron escogidos por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) cuando todavía el Poder Legislativo estaba bajo el control del chavismo.

El Tribunal de Justicia declaró "inadmisible" el recurso que presentó el jueves pasado la fiscal Ortega, una veterana partidaria del chavismo, ahora considerada "traidora" por el oficialismo.

Al mismo tiempo, unos cientos de seguidores del gobierno y opositores se concentraron en los alrededores del Tribunal, coreando consignas a favor y en contra de la Constituyente, lo que degeneró en gritos de acusaciones mutuas e intercambio de golpes.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que controla el Parlamento, había llamado a sus seguidores a acudir a formalizar su adhesión al recurso de la fiscal en la sede del TSJ, pero sus accesos fueron bloqueados por militares.

Luego de que Maduro convocó el 1 de mayo a ese proceso, la oposición escaló las manifestaciones para exigir su salida del poder. En dos meses y medio, estas protestas dejan 66 muertos, cientos de detenidos y más de un millar de heridos, según la Fiscalía.

La Sala Electoral del TSJ, ante la que Ortega presentó el recurso de "nulidad", argumentó que lo rechazó porque contenía una "inepta acumulación de pretensiones".

La sentencia "despeja toda duda sobre ausencia de remedios judiciales".

Ortega indicó que consignó ante el Supremo un informe donde se evidenciarían las supuestas irregularidades presentadas durante dicho proceso de selección de los 33 jueces y aseguró que tardó 18 meses en pronunciarse sobre este tema por la dificultad que tuvo el Ministerio Público para acceder a las "pruebas" provenientes del Consejo Moral Republicano.

Estos magistrados fueron juramentados por el Parlamento luego de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 y antes de que el chavismo entregara el mando de esta instancia el 5 de enero de 2016. Asimismo, subrayó que los 33 jueces impugnados deberán inhibirse de esta causa y advirtió de que, en caso contrario, los recusará.

Abierto desafío
Ortega, en su acción legal, cuestionó la actuación de los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral, al precisar que la convocatoria a la Constituyente y la definición de su sistema de elección no eran potestad de Maduro, sino de los venezolanos tras consulta en referendo.

Desafiando abiertamente Maduro, la fiscal, quien es apoyada por figuras del chavismo críticas al gobierno, llamó a los venezolanos a oponerse a la Constituyente porque, según ella, violenta la democracia, la "progresividad" de los derechos humanos, el derecho al sufragio y la soberanía constitucional.

Maduro, quien ha tildado de "traidores" a esos chavistas críticos, aseguró que la fiscal se convirtió "en la líder de opinión de los sectores opositores a la Constituyente".

"Cada convocatoria de la derecha a la violencia, es derrotada por la propuesta de paz, sus desprestigiados dirigentes no aprenden. Ineptos", dijo el chavista, Diosdado Cabello, candidato a la Constituyente.
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