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viernes 06 de octubre de 2017

La Justicia y las empresas presionan a los catalanes

El Tribunal Constitucional de España suspendió la sesión del Parlamento independentista, aunque esa orden podría ser ignorada.

La presión aumentó brutalmente ayer sobre los independentistas de Cataluña cuando el Tribunal Constitucional de España ordenó suspender la sesión del Parlamento catalán programada para la próxima semana, y varios bancos y empresas con sede en Cataluña empezaron a cambiar su emplazamiento social y a plantearse cómo afrontar la incertidumbre política generada en esa región española tras el referendo del 1- O, con la intención de proteger a clientes y accionistas.

La Corte dijo que su orden podría ser apelada, pero advirtió también a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a otros líderes legislativos de que podrían ser procesados por no detener la sesión.

El gobierno español aprobará previsiblemente hoy un decreto ley que permitirá a las compañías acordar el cambio de su sede social sin someter esa decisión a la junta de accionistas, lo que aceleraría su salida de Cataluña, confirmaron fuentes empresariales.

El gobierno regional catalán, que celebró el pasado domingo un referéndum soberanista suspendido con anterioridad por el Tribunal Constitucional, no descarta realizar en los próximos días una declaración unilateral de independencia.

La Comisión Europea ha reiterado que si una región se separa de un país miembro inmediatamente quedará fuera de la Unión Europea (UE).

El gobierno de Mariano Rajoy ha insistido en que no hay nada que dialogar si el Ejecutivo regional de Carles Puigdemont no renuncia a declarar unilateralmente la independencia.

Según los planes del gobierno catalán, el Parlamento podía declarar la secesión en su primera sesión tras difundir los resultados definitivos del referéndum del domingo, y la primera ocasión era el lunes que viene.

Pero parlamentarios del Partido Socialista de Cataluña (PSC) le pidieron al alto tribunal que "suspensa" la sesión. La decisión del tribunal impide transitoriamente la sesión hasta que la Corte haya determinado de manera definitiva si es legal o no.
Salida de los bancos
El banco Sabadell, que lleva en Cataluña desde su fundación, en 1881, y es el quinto de España por activos, con 2.548 oficinas y unos 26.000 empleados, anunció ayer el traslado de su sede social a la ciudad valenciana de Alicante.

Ese cambio de sede permite garantizar que la entidad estará bajo el paraguas de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), con acceso a líneas de liquidez, además de que el pago de impuestos de la sociedad se realizará en la ciudad en la que tenga su nuevo domicilio social.

También Caixabank, el tercer banco español por número de activos, prevé convocar hoy un consejo de administración extraordinario para debatir el traslado de su sede social fuera de Cataluña .

Este cambio sería posible precisamente a la modificación legal que prepara el gobierno español, ya que le permitiría realizar el trámite sin someter la decisión a la aprobación de la junta de accionistas.

Permanecer en la Eurozona supone para los bancos seguir operando con normalidad y garantizar los intereses de sus accionistas, clientes y empleados dentro de cualquier escenario.

Antes del Sabadell, otras empresas han optado por cambiar su sede social y, así, la operadora de telecomunicaciones Eurona Wireless ha acordado trasladarse de Barcelona a Madrid, lo mismo que la biotecnológica Oryzon Genomics.

La aseguradora Catalana Occidente, con sede en la periferia de Barcelona, sigue de manera atenta la situación política que se vive en Cataluña y se plantea "tomar las medidas oportunas para preservar los intereses de los clientes, trabajadores, mediadores y accionistas", según fuentes del sector.
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