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viernes 11 de marzo de 2016

La Justicia brasileña cerca al ex presidente Lula con pedido de prisión

La Fiscalía solicitó la preventiva para el ex presidente, acusado de lavado de dinero y de ocultar su patrimonio.

La detención preventiva solicitada por la Fiscalía de San Pablo contra Luiz Inácio Lula da Silva ha puesto contra las cuerdas al ex presidente brasileño, acusado de lavado de dinero y falsificación de documentos en un caso de corrupción paralelo al que investiga las irregularidades en Petrobrás.

La Fiscalía de San Pablo acusa a Lula y a su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de San Pablo, que está a nombre de la constructora OAS –empresa también salpicada en el escándalo de Petrobrás– y cuya propiedad ha sido negada por el ex presidente en reiteradas ocasiones.

Para Lula, la denuncia es una prueba más de la "parcialidad" de uno de los fiscales responsables por el caso, a quien acusa de utilizar su cargo con fines políticos.

La denuncia, que fue presentada el miércoles ante la Justicia pero cuyo contenido íntegro se filtró ayer a los medios, sostiene que es "imprescindible" ordenar la detención preventiva de Lula porque puede interferir en la investigación criminal.

"Es conocido que (Lula) posee poder de ex presidente de la República, lo que hace su posibilidad de evasión sea muy simple", señala, y asegura que existe riesgo de fuga y de que obstaculice las investigaciones.

El texto carga con dureza contra Lula y sus seguidores, a los que acusa de promover "maniobras violentas, que son defendidas y hasta apoyadas por la Presidenta de la República" con el objetivo de "blindar al denunciado y presentarlo como un ciudadano por encima de la ley, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho brasileño".

Según el fiscal Cassio Roberto Conserino, esta denuncia se enmarca en una investigación iniciada hace "cinco o seis años" para esclarecer delitos cometidos por la cooperativa inmobiliaria Bancoop, cuando traspasó sus obras a la constructora OAS, entre ellas un apartamento por el que la familia de Lula había pagado una cuota inicial.

Pese a que Lula alega que renunció al derecho sobre el apartamento y pidió la devolución del dinero, la Fiscalía asegura que la OAS realizó costosas obras en el inmueble encomendadas por los familiares de Lula.

Además de Lula y su mujer, la denuncia alcanza a otras 14 personas, entre ellas el hijo mayor de ambos, Fabio Luiz Lula da Silva, y el ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto.

La Fiscalía de San Pablo aclaró que su investigación es independiente del proceso abierto por la Justicia del estado de Paraná, que también salpica a Lula y que se centra en los asuntos de corrupción en la petrolera estatal Petrobrás.

Pese a que el documento en que se solicita la detención preventiva fue filtrado a la prensa, fuentes de la Fiscalía evitaron pronunciarse sobre el asunto .

La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional del estado de San Pablo, que no tiene plazo definido para pronunciarse sobre la denuncia.

El nuevo avance de la Justicia contra Lula debilita al ex presidente, ya en entredicho por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Petrobrás, y golpea con dureza también al Gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, en la cuerda floja ante la posibilidad de que el Congreso le abra un juicio político con fines de destitución.

Rousseff, que se encontraba en Río de Janeiro cuando se filtró el pedido de detención contra Lula, evitó hacer declaraciones.

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