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jueves 10 de marzo de 2016

Escándalo trasandino: ex senadores chilenos son investigados por corrupción

Imputaron al socialista Carlos Ominami por delitos tributarios vinculados a la financiación ilegal de campañas. El pinochetista Pablo Longueira también fue denunciado.

Chile suele ser descrito como uno de los países menos corruptos de América Latina, un lugar donde las coimas o sobornos no abundan como en otros rincones, sin embargo, en los últimos días afloraron las denuncias e investigaciones contra legisladores por estos hechos.

La imputación y la prohibición de salir del país al ex ministro chileno de Economía y ex senador del Partido Socialista Carlos Ominami por delitos tributarios, cometidos presuntamente en el marco de la financiación ilegal de campañas políticas y la denuncia contra el ex senador y ex candidato presidencial de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira por sobornos al beneficiar a la empresa SQM, ha generado fuertes reacciones en todos los sectores.

"Voy a emplear todas mis energías para defenderme", afirmó Ominami al término de la audiencia, en la que la jueza Ema Tapia, del VIII Juzgado de Garantía de Santiago, lo dejó con orden de arraigo (prohibición de salir del país) y fijó a la Fiscalía un plazo de cinco meses para terminar la investigación.

Ominami, que fue ministro de Economía en el gobierno de Patricio Aylwin y posteriormente un influyente senador del Partido Socialista, fue vinculado a la arista del caso SQM referente a la financiación ilegal de campañas.

SQM, la mayor productora mundial de abonos químicos y litio, ha sido vinculada a la financiación ilegal de campañas y a sobornos a parlamentarios para la aprobación de algunas leyes. Las contribuciones se justificaban como pagos de honorarios por servicios inexistentes, que eran avalados con facturas falsas, que adicionalmente servían a las empresas para rebajar impuestos.

En el caso de Ominami, está acusado de la emisión de facturas falsas por parte de la empresa Alerce Talleres Gráficos que se habrían canalizado para solventar su campañas en 2009. La citada empresa pertenece al ex tesorero del Partido Socialista, Milton Lee y en total se cuestionan ocho facturas por un total de $178,5 millones.

Marco Enríquez Ominami, hijo del ex ministro, es también objeto de una investigación por presuntos aportes financieros de SQM a sus campañas, una empresa controlada aún por Julio Ponce Lerou, un ex yerno de Pinochet.

El otro caso
La revelación, en una nota periodística el portal Ciper Chile, Pablo Longueira, benefició a la empresa SQM en la ley del Royalty Minero, aprobada en el Congreso y promulgada por el ex presidente Sebastián Piñera en 2010, generó el reclamo de sus pares políticos.

Desde su propio partido, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, señaló que es la defensa de Longueira la que debe entregar una declaración pública sobre el tema y "por el bien del país".

El diputado de la UDI José Antonio Kast, en tanto, siguió la misma línea del presidente de su partido y convocó a Longueira para que explique lo sucedido. "Sería importante, conociendo a Pablo Longueira por muchos años, que hable y explique qué sucedió", evaluó.

Pero fue el propio fiscal Pablo Gómez, a cargo de la investigación del caso SQM, quién alertó al mundo político y en especial al conglomerado de oposición Chile "Vamos al confirmar que hace por lo menos dos meses que Longueira está siendo investigado por el delito de cohecho".

La dirigencia política chilena cree estos casos de cohechos es sólo lo punta del iceberg de hechos corrupción de los gobiernos de Patricio Aylwin y de Sebastián Piñera, lo que abre una serie de interrogantes que debieran ser contestados tanto por Ominami como por Longueira.

Longueira, visiblemente afectado, renunció a su militancia al partido, como consecuencia del escándalo y durante una conferencia de prensa, en la cual no aceptó preguntas, se declaró "inocente".

Murió el jefe de la Caravana de la Muerte de Pinochet
El general Sergio Arellano Stark, que en 1973 encabezó como "oficial delegado" de Augusto Pinochet la denominada "Caravana de la Muerte", que asesinó a cerca de un centenar de prisioneros políticos, murió ayer en Santiago de Chile a los 94 años.

El militar, que fue condenado por algunos de sus crímenes pero nunca pisó una cárcel, estaba confinado en una casa de reposo, tras ser declarado demente por la Justicia.

La "Caravana de la muerte" fue una comitiva militar que entre octubre y noviembre de 1973 recorrió Chile en un helicóptero y cuyos integrantes sacaban a presos políticos de las cárceles, los llevaban a lugares despoblados y los asesinaban. En ocasiones, trasladaban los cadáveres a cementerios, pero en otras los dinamitaban y sepultaban de forma clandestina.

Muchos de los asesinados habían sido condenados por consejos de guerra a bajas penas por faltas leves, como el caso del periodista Carlos Berger, que estaba sentenciado a cien días de prisión por no haber interrumpido la transmisión de una radio que dirigía en la norteña ciudad de Calama.

En algunas ciudades, Arellano Stark y sus acólitos redactaban falsas condenas a muerte dictadas por consejos de guerra inexistentes para dar un aire de legalidad a las masacres y en otras las justificaban como supuestos intentos de fuga de los presos.
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