mundo - Barack Obama Barack Obama
jueves 09 de febrero de 2017

El decreto migratorio de Trump, rompecabezas jurídico con un final abierto

La disputa podría ser resuelta por la Corte Suprema, por ser la encargada de definir el marco constitucional del Ejecutivo y a la vez de unificar la jurisprudencia disponible en el tema.

La voluntad de Donald Trump de cerrar las fronteras de Estados Unidos a potenciales terroristas engendró un enorme rompecabezas jurídico entorno a una pregunta: ¿Hasta dónde llegan los poderes del presidente estadounidense en materia migratoria?

¿Quién zanjará el conflicto?
La disputa podría ser resuelta por la Corte Suprema en Washington, al ser la encargada de definir el marco constitucional del Ejecutivo y de unificar la jurisprudencia.

Pero antes se debe esperar el fallo del tribunal de Apelaciones de San Francisco, que examina la decisión del juez James Robart, quien suspendió a nivel nacional la aplicación del decreto presidencial, que prohíbe el ingreso de migrantes de siete países de mayoría musulmana por 90 días y de refugiados por 120 (para los sirios la medida es indefinida).

Los tres magistrados de esta jurisdicción -dos nombrados por presidentes demócratas, otro nombrado por un presidente republicano- escucharon argumentos a favor y en contra y determinará esta misma semana si el fallo se mantiene o el decreto vuelve a entrar en vigencia.
Fuerzas en pugna
Los demandantes principales son los estados demócratas de Washington y Minnesota, ambos fronterizos con Canadá.

Varios grupos han presentado ante la corte documentos para apoyar la demanda contra el decreto, en especial la poderosa Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Cerca de 300 profesores de Derecho y unas 130 empresas de Silicon Valley presentaron documentos para apoyar la decisión del juez Robart.

Otros 15 estados y la capital federal de Washington anunciaron que enviaron un memorando demandando la confirmación de la decisión.

Además, ex altos funcionarios demócratas, como los ex secretarios de Estado John Kerry y Madeleine Allbright, y Leon Panetta, ex ministro de Defensa de Barack Obama, afirmaron que el decreto de la discordia "erosiona la seguridad nacional".

En el bando opuesto están el presidente Trump y su gobierno, quienes son defendidos por abogados del Departamento de Justicia.

Ellos apelaron la suspensión del decreto después de que el mandatario calificara a Robart de "pseudojuez" .

Argumentos de las dos partes
Trump ampara su polémica decisión en los poderes que le confiere la Constitución de Estados Unidos.
Según el artículo 2, el presidente tiene toda la autoridad para manejar la política exterior y la de inmigración.

El decreto "se inscribe en el ejercicio legal de la autoridad presidencial", dijeron los abogados del gobierno en un documento presentado ante la corte de apelaciones de San Francisco.

El gobierno también argumenta que la justicia está poco calificada para decidir en asuntos de seguridad nacional: "Los tribunales no tienen acceso a información confidencial sobre la amenaza de las organizaciones terroristas", escribieron.

Los opositores al decreto también apelan a la Constitución, alegando que la decisión de Trump viola principios fundamentales como la libertad de desplazamiento, la igualdad de las personas y la prohibición a la discriminación religiosa, entre otros. Consideran que la justicia es un contra poder del Ejecutivo, que debe proteger a las minorías.

Los sectores que apoyan la suspensión del decreto también consideran que la medida tendrá consecuencias negativas en el sector laboral, la educación y los negocios.

La próxima etapa
La corte de apelaciones de San Francisco podría validar el decreto de Trump o confirmar su suspensión. En el primer caso, las autoridades no han anticipado si habrá medidas para evitar detenciones y expulsiones en los aeropuertos, que causaron protestas en varias ciudades del país e indignaron a la comunidad internacional. Pero si la decisión del juez Robart se mantiene en todo el país, los refugiados y los migrantes de los siete países implicados podrán seguir ingresando a Estados Unidos.

La parte en desacuerdo podrá acudir a la Corte Suprema, que de acceder a revisar el caso requerirá una mayoría de cinco sobre ocho de sus magistrados para revocar la decisión del tribunal de apelaciones en San Francisco.

La Corte Suprema está dividida ideológicamente entre cuatro jueces conservadores y cuatro progresistas. El noveno, designado por Trump, también es conservador, pero el Senado tardará varios meses en confirmar su nombramiento.

Fuente: AFP vía Noticias Argentinas

Más Leídas