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viernes 26 de agosto de 2016

Acusan a Dilma Rousseff de incurrir en un "gran fraude fiscal"

El Senado brasileño inició las deliberaciones para definir la fase final del juicio político a Rousseff. Afirman que la presidenta usó fondos de bancos públicos para programas sociales.

El Senado de Brasil inició deliberaciones sobre si debe sacar del cargo permanentemente a la presidenta Dilma Rousseff, el paso final en una batalla política que ha paralizado el Congreso y ha ensombrecido una nación varada en una profunda recesión.

Rousseff, incurrió un "gran fraude fiscal", afirmó el procurador del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira, que detectó las irregularidades que dieron pie al proceso y detalló las prácticas ilegales que supuestamente cometió la mandataria al comparecer ante el pleno del Senado, citado por la parte acusadora.

De Oliveira dijo ante el Senado que se comprobó "el uso de los bancos públicos como fuentes de recursos para financiar programas sociales del Gobierno", lo cual está vedado por la ley.

De Oliveira fue el primero de los dos testigos de la acusación escuchados por el Senado, ante el cual también se presentarán otros seis presentados por la defensa.

La primera mujer presidenta de Brasil está acusada de mover ilegalmente fondos entre presupuestos del gobierno para ocultar déficits. Los detractores dicen que ella lo hizo para fortalecer su respaldo y argumentan que esas maniobras profundizaron la crisis en la mayor economía de Latinoamérica.

Rousseff niega haber cometido violaciones y dice que sus enemigos, incluyendo la elite del país que se ha quejado de la presencia de su Partido de los Trabajadores en el poder en los últimos 13 años, están conduciendo un golpe.

Los senadores ahora se embarcan en "la más sombría de sus labores", dijo Ricardo Lewandowski, el juez supremo del máximo tribunal del país, que supervisa el juicio. "Para juzgar a la presidenta, los senadores deben actuar con la mayor imparcialidad, considerando solamente los hechos presentados y la ley".

El proceso hacia el juicio político comenzó el año pasado cuando Eduardo Cunha, entonces presidente de la Cámara de Diputados y viejo rival de Rousseff, presentó la medida. En abril, su cámara la aprobó por mayoría abrumadora. En mayo, el Senado votó 55-22 para impugnar y suspender a Rousseff por 180 días.

El vicepresidente Michel Temer, ex aliado de Rousseff que se ha vuelto su rival, asumió la presidencia interina. Si el Senado vota en favor de la salida permanente de la mandataria, Temer cumplirá el resto del término, que dura hasta el final del 2018.

Varios días de testimonio, incluyendo un discurso de Rousseff el lunes, culminarán con una votación final la semana próxima.

Ayer, Lewandowski rechazó varios intentos de los abogados de Rousseff para suspender o anular el proceso.

Senadores opositores acusaron a los partidarios de Rousseff de realizar artimañas para entorpecer el proceso. "Deseo manifestar mi objeción al uso de la palabra 'artimañas''', dijo José Eduardo Cardozo, uno de los abogados de la mandataria.

Lewandowski sí accedió a uno de los pedidos de la defensa: prohibir el testimonio de un fiscal que escribió uno de los informes sobre las presuntas irregularidades.

La defensa argumentó, y Lewandowski coincidió, en que Julio Marcelo de Oliveira había mostrado su parcialidad en contra de Rousseff ya que animó a otros mediante internet a que participen en las marchas de protesta, e incluso él mismo participó en una de las marchas.

Los senadores no tuvieron inhibiciones al expresar sus opiniones, aun cuando el día mayormente estuvo dedicado a cuestiones de procedimiento.

"Hasta ahora, lo único que hemos visto son excusas por parte de la defensa de la presidenta Dilma", dijo el senador Casio Cunha Lima del opositor Partido Social Demócrata de Brasil, quien se quejó de que el largo proceso burocrático "está desangrando al país".

La senadora Gleisi Hoffmann, del partido de Rousseff, tuvo una opinión distinta. "Nunca pensé que alguna vez iba a ser elegida como senadora para juzgar, en un juicio cuestionable, a la primera mujer en ejercer la presidencia del país", dijo. "Esto es algo muy triste para mí".

Como muchos otros tanto en el Senado como en la cámara baja, Hoffman está siendo investigada por corrupción. En su caso, hay sospechas de que malversó fondos de la petrolera estatal Petrobras como contribuciones de campaña.

"Nadie aquí tiene el derecho a enjuiciar a otro", expresó Hoffman. "¿Qué autoridad moral tiene el Senado para enjuiciar a la presidenta de la república?".

La corrupción petrolera minó a la mandataria
El escándalo en la estatal Petrobrás fue uno de los detonantes de la crisis que condujo al proceso de destitución de Dilma Rousseff, pero su sombra se extiende sobre buena parte de la base política que apoya al presidente interino de Brasil, Michel Temer.

Las sospechas de corrupción en Petrobrás forzaron la dimisión de tres ministros de Temer el pasado mayo durante las tres primeras semanas en el poder del Gobierno interino, pero el propio jefe de Estado interino y otros siete miembros de su gabinete han sido delatados por reos que están colaborando con la Justicia.

Entre los ministros dimisionarios sobresale Romero Jucá, que ocupaba la cartera de Planificación y es un influyente dirigente de PMDB y un estrecho colaborador de Temer.

Jucá tuvo que dejar su flamante cargo de ministro cuando se divulgaron unas grabaciones realizadas el pasado marzo en las que él sugería que si Temer asumía el poder en lugar de Rousseff se podría “frenar” el caso Petrobrás y “estancar la sangría” de investigaciones a políticos corruptos.

La propia Rousseff ha afirmado que esas grabaciones ponen de manifiesto que el auténtico motivo que se esconde detrás de su destitución, un proceso que considera como “un golpe de Estado”, es enterrar las investigaciones.

En esos mismos audios un delator también citó a Temer y lo acusó de haber pedido “dinero negro” a constructoras implicadas en el caso Petrobrás para financiar campañas electorales del PMDB.

Según la prensa brasileña, esas denuncias contra Temer han sido reiteradas por otro condenado en el caso Petrobrás, un presidente de una importante constructora que también se ha acogido a un acuerdo de colaboración con la Justicia.
Fuente: Associated Press

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