Mendoza - Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo
domingo 24 de abril de 2016

Ya se aplicaron 3.800 multas por infracciones laborales

En 4 meses, la Subsecretaría de Trabajo sancionó a varias empresas en las que detectó trabajadores en negro.

La precariedad laboral en la provincia no es noticia. De muestra valga recordar que en 2011 un periodista y un camarógrafo de Canal 7 fueron atacados por un empresario y su hijo cuando iban a cubrir una inspección de la Subsecretaría de Trabajo por una denuncia de trata laboral en Guaymallén. Aunque ambos acusados pagaron multas, recibieron condenas penales excarcelables y están libres (ver aparte).
Lo preocupante es que, al parecer, va en aumento la impunidad con la que ciertos empresarios locales infringen las leyes laborales. Según los datos que maneja la Subsecretaría de Trabajo, a cargo de Alejandro Jofré, en lo que va del año se han labrado 3.800 multas –van de los $250 a los $2.000.000– por infracciones al detectarse trabajadores no registrados, por ejemplo.
A los continuos atropellos de los empleadores se adosa, según afirmó el senador Gustavo Arenas (FPV), que la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti) aún no ha tenido ni una reunión en 4 meses, por lo que el legislador presentó el viernes un pedido de informes con el fin de conocer el porqué de esta falta de controles estatales.
"Este cuadro de situación desnuda un panorama desalentador y de retroceso institucional en donde el Estado debe estar presente para garantizar los derechos laborales y el bienestar de los trabajadores y sus familias, sobre todo si hay menores implicados en prácticas ilegales que vulneran tanto su integridad física y psicológica como su acceso a la educación obligatoria", apuntó el legislador.
Arenas pretende que el subsecretario Jofré explique qué medidas pretende tomar la Copreti y brinde detalles de los empleadores que han sido incluidos en el Registro de Infractores Laborales por comprobárseles que incorporaron trabajo esclavo e infantil.

Arrancar de 0, sin estadísticas

El abogado Alejandro Jofré sólo puede responder que "no tenemos datos anteriores" cuando se lo consulta sobre si en la pasada vendimia se incrementaron los casos de trata laboral en la provincia. Es que según el funcionario de Alfredo Cornejo, cuando asumió como subsecretario de Trabajo descubrió que la gestión anterior "no había dejado estadísticas de trata laboral ni de desempleo. Eso nos obliga a partir de 0, pero hemos implementado un promedio de 900 inspecciones al mes y hemos aplicado 3.800 multas", aseguró.
Sin embargo, Jofré no pudo precisar cuántas de esas inspecciones pudieron configurar un caso de trata laboral, ya que se excusó en que esa información se deriva a un juzgado federal y es parte de un secreto de sumario.
Presuntamente, una de esas inspecciones realizadas la semana pasada en una finca del Gran Mendoza podría terminar calificada de trata laboral y actualmente se encuentra en manos del juez federal Walter Bento.
La falta de datos certeros y confiables también aparece en el pedido de informes que presentó Arenas, quien asegura que en el actual organigrama desapareció la Dirección de Empleo, que implementaba programas de estadísticas laborales, capacitación y sostenimiento del empleo, así como el denominado Buena Cosecha, que tenía como objetivo cuidar a los niños mientras sus padres trabajan en el ámbito rural.
"Se da una situación de indefensión frente a la cual el Estado debe actuar defendiendo los derechos de esos trabajadores, sus familias y los menores implicados en una irregularidad que parece convertirse en algo aceptado por los mismos funcionarios que deben velar por la protección de los ciudadanos", afirmó el legislador.

"No sé si lo que hicimos sirvió para que baje la trata laboral"

"No se la han llevado de arriba. Ellos han tenido una condena penal y una social, porque mucha gente los conoció por esto. Pero la pregunta que no puedo dejar de hacerme es si lo que hicimos sirvió para concientizar sobre la trata laboral, y que baje, porque todo el tiempo vemos que hay empleados bolivianos trabajando en condiciones infrahumanas", analizó en radio Nihuil el periodista de Canal 7 Julián Chabert, quien en el 2011 con el camarógrafo Raúl Zalazar fueron amenazados y raptados en Los Corralitos cuando investigaban una denuncia de trata laboral.
Por la causa, Horacio Isgró y su hijo Antonio fueron condenados a 3 y 1 año de prisión respectivamente, condenas que son excarcelables.
Luego de que se conociera la resolución penal, Chabert se permitió distanciarse de la causa que lo tuvo como protagonista y mirar el panorama de precariedad laboral que sigue existiendo.
"Algo para investigar es por qué la Subsecretaría de Trabajo no pudo tipificar la trata laboral en ese lugar, cuando se veían cosas tan terribles. Hubo multas, pero ellos pusieron a trabajar un equipo de abogados para evitar esa calificación", lanzó el comunicador y amplió esa preocupación añadiendo la situación que continúa dándose en las zonas rurales de la provincia. "Es preocupante seguir viendo las pésimas condiciones de trabajo de empleados bolivianos. En el juicio ellos –por los dos acusados– naturalizaban eso diciendo que los bolivianos viven así, viven en esas condiciones y usan letrinas", recordó el periodista.


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