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miércoles 01 de junio de 2016

Ya es Ley la modificación del Código Procesal Penal que endurece la prisión preventiva

El oficialismo consiguió los votos necesarios para finalmente aprobar el proyecto remitido desde el Ejecutivo.

Finalmente, y luego de varios cuestionamientos, se convirtió en ley el proyecto que el Ejecutivo envió a la Legislatura para regular las prisiones preventivas a través de una modificación del Código Procesal Penal.

La Ley fue aprobada en general por el voto de todos los bloques a excepción del FIT, mientras que en particular, el bloque del FPV votó en forma negativa el artículo 3°, y los diputados Lucas Ilardo y Patricia Galván (ambos del FPV), también lo hicieron negativamente por el artículo 1°.

Según expresan los fundamentos, la norma busca que se cuente con "información clara y precisa respecto de la situación de las personas privadas de libertad, determinando los tiempos de detención, etapas procesales que transitan y autoridad judicial bajo cuya responsabilidad se encuentran".

Agrega que "la obligación de proporcionar esta información vital, corresponde a quien tiene el gobierno de la administración de justicia y puede obtenerla. El propósito es transparentar la situación de los detenidos sometidos a proceso, como parte de la obligación constitucional que pesa sobre el Alto Tribunal de pasar anualmente una memoria y estado de dicha administración conforme lo establece el artículo 144 en su inciso 2 de la Constitución Provincial".

Simultáneamente, la iniciativa propone "reformas al Código Procesal Penal referidas al dictado, control y cese de la prisión preventiva", apuntando "a la modernización del procedimiento, oralizando el trámite - lo que va a redundar en una mayor rapidez del mismo-, permitiendo a su vez la intervención de la víctima en él".

Del mismo modo, con esta Ley se unifica "lo concerniente a esta temática en toda la provincia con independencia del código procesal vigente".

En este sentido, explica la fundamentación que "debemos superar la actual divergencia entre la ley -que los jueces están obligados a aplicar según los arts.148 y 149 de la Constitución - y las interpretaciones judiciales autorreferenciales sobre los casos en los cuales resulta posible el dictado de la prisión preventiva, que han llevado a decisiones apartadas del orden legal vigente".

Y agrega que "sólo la Legislatura, en ejercicio de sus atribuciones, puede disponer normas que partiendo de una correcta interpretación constitucional y de los tratados sobre derechos humanos, establezca con precisión cuando y bajo qué condiciones necesarias puede ordenarse dicha medida cautelar".

Con esta Ley, se propone un tratamiento más fluido, tanto para dictar como para controlar y eventualmente prorrogar o hacer cesar la prisión preventiva; impone la obligación al Ministerio Público Fiscal para que en todos los casos de permanencia de la detención, requiera la prisión preventiva al juez competente, disponiendo que el tiempo en que debe hacerlo constituye un término fatal; y se ordena la participación, en todas las audiencias del imputado con su defensor; y que pueda hacerlo el querellante y la víctima, aunque ésta no se haya constituido como tal.

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