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sábado 17 de junio de 2017

Y un día la Justicia salió de los despachos y fue hacia la gente

Un tribunal del Este se trasladó ayer a La Paz para hacer un juicio, en vez de esperar que los ciudadanos fueran a tribunales, como es usual.

A veces, muy pocas, la Justicia se parece a la gente. A veces, casi nunca, se mezcla con ella, la escucha y la entiende. Y cuando esto ocurre, no sucede por pomposas acordadas, resoluciones o costosas reestructuraciones. Esto pasa cuando un par de tipos tienen la voluntad de hacer más simples las cosas, más prácticas, más rápidas y en beneficio de todos. De la justicia y de los justiciables. Ayer, como nunca antes, un tribunal se constituyó en la villa cabecera de La Paz para juzgar una serie de causas correccionales. En vez de imponerle la obligación a una treintena de paceños de trasladarse 100 kilómetros hasta San Martín, el juez, el fiscal y los auxiliares se trasladaron hasta donde viven los imputados y todos los testigos, evitando así afectar los bolsillos de las personas, agilizando el proceso y, en definitiva, tratando de llegar a una resolución justa en el lugar donde se produjeron los hechos.

Esos dos tipos voluntariosos son el fiscal de Instrucción Héctor Gustavo Rosas y el juez Darío Alberto Dal Dosso, titular del Primer Juzgado Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, que abarca el amplio este mendocino.

Rosas tuvo la idea. Dal Dosso aceptó inmediatamente. Ya habían hecho una experiencia en La Paz y otra en Santa Rosa. Ayer concretaron en primer debate oral y público, y le dieron curso a otras cinco audiencias preliminares, con posibilidad de llegar a juicios abreviados.

"Para esta gente es lejos ir a San Martín, pierden todo un día y gastan bastante en pasajes y muchos no tienen dinero para afrontar el costo", dijo el fiscal Rosas. "Esto hace que a las audiencias falten muchos testigos y la resolución de las causas se retrase", indicó.

Un conflicto de propiedad

Había que buscar un lugar en La Paz. El mismo fiscal Rosas se contactó con la comuna y el Concejo Deliberante acordó prestar su sala de audiencias Raúl Ricardo Alfonsín para que pudieran llevarse adelante las audiencias ayer.

El primer debate oral y público trató sobre una denuncia por usurpación y turbación de la posesión. Un conflicto por la propiedad de una porción de campo, hablando en criollo. La causa tenía un denunciante constituido en querellante, un imputado con su defensor particular y 15 testigos.

En esencia, la requisitoria sostenía que Roberto Carlos Beneite, un jornalero paceño de 43 años y heredero de un campo donde antes había vivido su padre y antes aun su abuelo, había "ampliado" su propiedad ganadera, invadiendo quizá unas 600 hectáreas del campo lindero, cortando algunos alambres, trabando una tranquera y colocando carteles de "propiedad privada".

La denuncia fue radicada por la nueva dueña de las 4.000 hectáreas del campo invadido. Fue radicada a fines de setiembre de 2014.

Los pasos fueron los establecidos por la Ley. El juez Dal Dosso inició el debate con leyendo la acusación y luego le ofreció al acusado la posibilidad de declarar. Luego declaró el esposo y apoderado de la denunciante. Después comenzaron a desfilar los 15 testigos. Los primeros fueron dos policías que habían concurrido al paraje La Gloriosa a confirmar la veracidad de la denuncia. Como casi todos los policías que declaran en juicio, poco se acordaban.

Luego lo hizo un vecino de La Paz. Adolfo Orozco, un docente jubilado de 68 años y cuya familia es histórica propietaria de otro campo vecino al del conflicto, quizás representó en la primera frase de su declaración lo que puede aportar un lugareño que se siente cómodo al ofrecer su testimonio a la Justicia. Luego de responder: "Somos medio parientes con él (por el imputado), porque acá en La Paz somos todos medio parientes", pidió hacer una declaración inicial: "Este señor no puede haber usurpado algo que es de él". Luego, retrocediendo hasta el 1900, hizo un relato de los dueños o tenedores sucesivos que fueron teniendo esas tierras. Apellidos conocidos, ministros de la Provincia de principio del siglo XX y viudas que vivieron y murieron en el lugar, fueron enumerados por el hombre.

La causa tenía un tinte mucho más civil que penal. Un conflicto generado por papeles, límites y títulos difusos.

Casi todo el campo paceño es una cuestión de posesión de años que ha otorgado derechos.

Más allá de todo, más allá de cuál sea la suerte de las partes y de quién tenga razón según la Justicia, lo realmente interesante, novedoso y valioso es que esta vez y por un momento la ley se acercó a la vida de las personas. Simple y práctica. Más justa.

La mirada ciudadana suele sorprender

La iniciativa de este juzgado correccional de San Martín seguramente no será la única y la primera en el país, pero sí es muy poco frecuente. La Justicia siempre prefiere jugar de local.

Tan rara es, que hay una anécdota judicial muy conocida que hace referencia justo esto.

Dice que cierta vez, un tribunal de una ciudad de Buenos Aires decidió constituirse en un pueblo cercano, para juzgar un caso. Los pobladores, con poca actividad recreativa, colmaron la sala. Esto le llamó la atención al juez, que en un cuarto intermedio mandó al secretario a hablar con la gente, para preguntarles por qué habían venido. El hombre cumplió el mandado y entrevistó a una mujer.

"¿Por qué vienen? ¿Quieren saber qué pasó en este caso?", interrogó el secretario.
La mujer lo miró y, con tono tranquilo, dijo: "No, nosotros ya sabemos qué pasó. Venimos porque queremos ver si ustedes se dan cuenta...".
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