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miércoles 12 de octubre de 2016

Violencia de género: se cae la idea de declarar la emergencia

Hubo una reunión, en la que el Gobierno y la Procuración reiteraron que no hace falta una ley. El oficialismo insistió en que están aplicando medidas para atender a las víctimas. El FIT quiere una norma.

Tanto el Gobierno de Mendoza como el Ministerio Público reiteraron en la Legislatura que no es necesario declarar la emergencia contra la violencia de género sino que hace falta optimizar los recursos que ya tiene el Estado. Además recalcaron que ya están avanzando en la implementación de políticas sobre esa problemática, como por ejemplo la descentralización de fondos a los municipios para que cada uno decida cómo abordarla. En la vereda de enfrente, la oposición insistió en lo contrario.

El FIT quiere una ley que contemple un plan integral para proteger a las mujeres.

Así las cosas, la iniciativa tiene muy pocas posibilidades de ser tratada en el recinto.

En la reunión participaron funcionarios, legisladores de los distintos bloques y la coordinadora de la Procuración, Teresa Day.

El oficialismo anunció que en los próximos días publicarán un protocolo de recepción de denuncias en todos los ámbitos públicos de la provincia (poderes Judicial, Ejecutivo y municipios), en la adquisición y adaptación de pulseras y aplicaciones antipánico para controlar las órdenes de restricción de acercamiento, en la adaptación de 7 establecimientos provinciales para construir refugios para las víctimas de violencia y anunciaron además una pauta de $26 millones para este área en el Presupuesto 2017.

La diputada Cecilia Soria (PTS-FIT) expuso las medidas que contempla su proyecto, como un régimen de asignaciones económicas y cobertura social, refugios transitorios y plan de viviendas, licencias laborales en el ámbito público y privado, pases educativos para las víctimas y sus hijos, y la creación de equipos interdisciplinarios que acompañen integralmente a las mujeres.

Desde el Gobierno señalaron que las medidas planteadas en la iniciativa de Soria son importantes pero rechazaron la posibilidad de avanzar en el tratamiento de éste y otros proyectos de ley sobre el tema.

La directora de Género y Diversidad, Silvina Anfuso, sostuvo que el problema de contar con equipos interdisciplinarios que tengan "otra escucha" es un punto clave porque la estructura del Estado no tiene formación desde "una perspectiva de género". Mientras, la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, señaló que sería importante avanzar en un plan de asignaciones especiales con la ANSES y en un cupo de viviendas para víctimas de violencia con el IPV, ya que lograr una "desvinculación" económica entre el maltratador y la víctima es uno de los problemas más difíciles de resolver actualmente.


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