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domingo 08 de mayo de 2016

Una diputada radical prohibió divulgar su declaración jurada: dice que teme por su seguridad

Se trata de Julia Mumy Ortega. Dice que el decreto es inconstitucional, al igual que la resolución de la cámara, que pertenece a su propio bloque.

La publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos ha dado tela para cortar desde el martes. Los datos aparecieron en la página de la Fiscalía de Estado de Mendoza y el revuelo por la publicación ha tomado repercusión nacional.

Sin embargo, las sorpresas continúan. Este sábado se supo que la diputada radical Julia Mumy Ortega ha presentado su declaración jurada bajo protesta ante el organismo de control, pero prohibió hacer públicos sus datos. De lo contrario, advierte de que tomará medidas legales contra el Estado.

Desde la Fiscalía aseguran que de todos los funcionarios que aportaron la información requerida, Ortega es la única que se ha quejado y que promete accionar. Cabe aclarar que la diputada cuestiona expresamente una resolución que es de autoría de su propio bloque, aduciendo la inconstitucionalidad de dicha norma.

Los motivos
En el escrito que ingresó el viernes por la tarde a Fiscalía, la legisladora asegura presentar la información "bajo protesta" porque el decreto 1.789/15, es "inconstitucional". Esto basándose en los artículos 18 y 19 de la Carta nacional, los que se refieren a la confidencialidad de los datos y puntualiza que la libertad de intimidad es aquella por la que todo individuo puede impedir que los aspectos privados de su vida sean conocidos por terceros y tomen estado público.

La ley cuestionada le otorga al Estado la facultad de conocer aspectos propios de la esfera privada de las personas. "En este sentido, la ley nacional 11.683 regula el secreto fiscal".

Por último, Ortega pide que no se divulgue el contenido de su declaración jurada porque puede provocarle problemas de inseguridad, exponiendo al funcionario y a su grupo familiar a situaciones peligrosas para su seguridad física y psíquica.

La respuesta de Parés
Este medio intentó comunicarse con Julia Ortega, sin conseguirlo. Sin embargo, quien habló por parte del bloque al que pertenece fue el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés. "Yo creo que los fundamentos de ese escrito están equivocados. De todas maneras, ella está en su derecho a reclamar si no está de acuerdo, pero debió haberlo manifestado antes en la cámara", aseveró Parés, y agregó "Somos funcionarios públicos y la gente está en su derecho de conocer nuestras declaraciones juradas" .

Es que Diputados adhirió al decreto 1.789/15, a través de la resolución 832/16 de esa cámara. La misma data del 3 de febrero y fue presentada por el diputado del PRO Pablo Priore, quien integra un interbloque con Ortega. La normativa fue respaldada por el resto de los legisladores y en su momento la diputada no dijo estar en contra de la publicación de los datos en internet. Sin embargo, se demoró hasta la fecha límite –después de la cual se convertiría en infractora– para presentar la documentación y lo hizo manifestando expresamente su desacuerdo.

Repercusión nacional
El contenido de las declaraciones juradas de los funcionarios de Cornejo fueron motivo de bromas mediáticas en todo el país. Esto porque trascendieron datos realmente insólitos. Los más repetidos en los medios nacionales fueron la casa de la vicegobernadora Laura Montero, valuada en 70 centavos y el auto Mercedes Benz modelo '91 del ministro de Seguridad, Gianni Venier, quien informó que su valor es de 1 peso.

La Fiscalía de Estado tiene una semana para decidir si publica
El escrito presentado el viernes por la tarde por la diputada radical Julia Ortega es el único que ha recibido la Fiscalía de Estado.

De todas maneras, está contemplado en el artículo 3 del decreto 1.789/15 que quien lo crea conveniente puede solicitar –fundadamente– reserva de "otros datos", fuera de los que exige la declaración. Sin embargo, Ortega prohíbe la publicación de todos sus bienes patrimoniales, por lo que estaría faltando a la ley o desconociéndola.

En tanto, desde Fiscalía de Estado explicaron que este organismo tiene siete días hábiles para leer y estudiar los fundamentos, y emitir una respuesta al respecto.
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