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jueves 03 de agosto de 2017

Una auditoría general controlará a los políticos

Vigilará el crecimiento patrimonial de funcionarios de los tres poderes del Estado, proveedores y gremios.

La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública va tomando forma, ya que la ley que la crea fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Como el proyecto fue modificado en algunos artículos de forma, volverá para su segunda revisión al Senado la semana próxima, donde es muy posible que obtenga sanción definitiva.

La norma establece que esta oficina funcionará en el Senado, pero tendrá independencia técnica, financiera y presupuestaria. Estará a cargo de un auditor general, cuyo salario será el equivalente al 90% del sueldo del gobernador. Es decir: cobrará igual que un ministro y tendrá una estructura de, por lo menos, 10 empleados, aportados entre la Legislatura y la Fiscalía de Estado.

Una vez que esté vigente esta ley, más difundida como de ética pública, el auditor será propuesto por el Ejecutivo y será designado con el acuerdo del Senado, por mayoría simple. A partir de ese momento, su mandato durará 5 años y podrá ser removido sólo por el Jury de Enjuiciamiento.

Con esta nueva figura, la Fiscalía de Estado perderá la competencia para analizar la evolución patrimonial de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta el grado de directores, el Poder Legislativo, el Judicial, los municipios y concejos deliberantes, entes descentralizados, miembros del Tribunal de Cuentas y del Departamento General de Irrigación, y comisarios de la Policía y sus pares del sistema penitenciario. Fueron agregados también todos los titulares y delegados gremiales de los sindicatos estatales, como el SUTE o AMPROS, más los proveedores y contratistas del Estado, incluyendo las empresas que tienen bajo su control concesiones de servicios públicos, como el transporte.

Además, una vez que el auditor esté en funciones, la Fiscalía de Estado tendrá 30 días para enviar la totalidad de la documentación relativa a las declaraciones juradas de funcionarios públicos que tenga en su poder. No obstante, podrá seguir teniendo intervención en las causas en las que haya que defender el patrimonio público.

Por otra parte, cada vez que se inicie un sumario administrativo a un funcionario deberá ser comunicado al auditor, a través del expediente electrónico.

El debate en Diputados
La discusión se demoró bastante en llegar al recinto, justamente porque los bloques del peronismo y del radicalismo estuvieron ajustando los cambios en el proyecto por los que volverá al Senado, pero en lo que no pudieron acordar fue en el artículo 26, que impone la mayoría simple para aprobar al candidato. Es que en este punto, el justicialismo mantuvo su postura expuesta en el Senado en febrero pasado: pedir los dos tercios de los votos de los integrantes de la Cámara Alta, lo que en aquella oportunidad derivó en un verdadero escándalo de acusaciones entre ambos bloques.

"Hace rato que venimos tratando este proyecto. Mendoza necesita una ley de ética pública, pero pensamos que era necesario que el funcionario fuera elegido por amplia mayoría", dijo la diputada Carina Segovia (PJ) sobre esta diferencia de criterios.

En este sentido, el presidente de la Cámara, Néstor Parés, explicó: "Ni un juez supremo necesita dos tercios", por lo que es suficiente con una mayoría simple.

Agregó que el autocontrol estatal no es así, porque en el momento de la votación "es el mismo Senado el que, al votar la propuesta del Ejecutivo, decide si corresponde que esa persona sea el auditor".

A su turno, el diputado del Partido Demócrata Marcos Niven manifestó su descontento por la ausencia de artículos sobre el nepotismo, para lo que había propuesto también que "la persona a cargo de un órgano que se supone debe ser imparcial, debería transcurrir cuatro años desde que deja la función pública para asumir ese lugar".

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) no acompañó en general ni en particular el proyecto, ya que consideró que "es una ley para la tribuna, pero no cuestiona ninguna de las bases de la corrupción", según opinó Héctor Fresina.

Otros cambios
-Declaración Jurada. Seguirá siendo informada según el avalúo fiscal y no sobre el valor del mercado de los bienes.
-Funcionarios políticos. Los que accedan a un cargo que no sea resultado directo del sufragio universal incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales y profesionales de los últimos dos años, sean o no rentados, incluyendo los que realizaren al momento de su designación.
Esto es al sólo efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse.
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