Mendoza - contratos contratos
martes 29 de marzo de 2016

Tras las duras acusaciones, OSEP fue intimada a presentar las denuncias

Es por las acusaciones que hizo el 17 de febrero, cuando mostró irregularidades durante la gestión anterior

La Fiscalía de Estado de Mendoza intimó en un plazo de 24 a las autoridades de la OSEP a informar sobre las resoluciones tomadas respecto a las irregularidades encontradas en esa obra social, que fueron denunciadas por los medios el 17 de febrero pasado.

Ese día, Sergio Vergara, como titular de la obra social, junto con todo su equipo, presentó en conferencia de prensa un detallado estado de situación sobre las finanzas que producía, entre otras cosas, una deuda con hospitales públicos; una serie de contratos firmados con farmacias y clínicas privadas muy desventajosos para los afiliados, ya que se pagaron precios por encima de lo que indicaba el valor de mercado; falta de controles cruzados en la venta de remedios, que llevaron a sospechar que una veintena de médicos prescribían enormes cantidades de recetas, lo que indicaba que debieron atender al menos 140 pacientes por día, algo materialmente imposible. Por lo que supusieron que podría existir una red de complicidades para obtener el dinero de los descuentos de dichas prescripciones. Otro dato ofrecido a los medios como algo llamativo fue la cantidad creciente de pacientes atendidos por esclerosis múltiple, que podría indicar una incidencia de esta patología mayor de lo normal en Mendoza.

De igual modo que el aumento importante del gasto de los programas de cobertura para pacientes oncológicos, pero sin asistir efectivamente a más gente. Además, ausencia de auditorías médicas, registro de afiliados muertos que figuraban activos y la polémica incorporación de personal por fuera de los mecanismos normales, como así también el pago de adicionales innecesarios a empleados adscriptos.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, desde Fiscalía de Estado esperaron un mes para que Vergara, junto con el equipo de abogados de la obra social, presentaran la documentación respectiva, tal cual habían anunciado, porque es obligación analizarlos en ese ámbito, ya que podrían constituir un serio daño al erario público y también un delito penal que debe ser elevado ante la Justicia.

Como esto no sucedió espontáneamente, el 17 de marzo pasado enviaron la intimación a la OSEP solicitando que "el informe deberá tener datos de la individuación de la respectiva pieza, objeto procesal, datos del instructor, secretarios asignados y los actos administrativos que dispone su formación". Todo esto, de acuerdo con las facultades que le otorga la Ley 4.418, subrayando el trámite urgente del pedido.
Ese mismo día, a última hora, ingresó la respuesta desde OSEP firmada por el propio Vergara, pidiendo un plazo de 10 días hábiles, que se cumplen el 4 de abril próximo, para presentar la información requerida por Fiscalía, ya que "es imposible de cumplir en el plazo de 24 horas".

En tanto, desde el organismo que dirige Fernando Simón respondieron a las denuncias presentadas por el senador radical Jorge Palero en octubre del año pasado, sobre el pago de adicionales a personal de OSEP adscripto a la Legislatura y otros sitios del Estado provincial, justamente porque suponían que muchas de estas adscripciones no estaban en regla.

Ese dictamen lo hizo el fiscal de Asuntos Administrativos Abel Albarracín, cuyo contenido se dio a conocer el 23 de marzo pasado, y como conclusión se explicaba que una treintena de casos, y al menos 13 personas, debían devolver dinero a OSEP porque habían recibido el pago de adicionales y no correspondía, e incluso había personal que ni siquiera tenían registradas sus adscripciones, de modo tal que no podía explicarse cómo eran liquidados esos salarios. El monto y el modo de las devoluciones serán determinadas en su momento por el fiscal de Investigaciones Javier Fernández. Pero este proceso no ha terminado todavía, ya que falta información sobre algunos de los trabajadores observados, por lo que podrían ser más quienes deban hacer el reintegro del dinero percibido.

Denuncia mediática
"Son procesos muy complejos, muy técnicos, no es tan fácil de documentar o explicar", indicó el director de OSEP, Sergio Vergara, para justificar la falta de conformación de una denuncia formal ante los organismos que considerara pertinentes, como Fiscalía de Estado. Sin embargo, aseguró que "la investigación de los hechos denunciados avanza y que parte de las irregularidades encontradas ya fueron derivadas a Delitos Complejos, Tribunal de Cuentas o la propia Fiscalía de Estado". En particular, los que corresponden a la contratación de personal y el pago de adicionales. Pero no quiso ofrecer detalles porque "con el tema de los nombres es delicado para que la investigación de frutos".

En este punto, indicó que "concuerda con todo" lo que expresó en su dictamen el fiscal Albarracín, pero aclaró que "yo no tengo que devolver nada porque a mí no me pagaban adicionales". En cuanto a los casos más serios, como los que ni siquiera tienen registrados su adscripción, explicó que "es un tema que estamos investigando. Yo hice volver a todos pero hay situaciones en la que es muy complicado, como el caso de un neurólogo que trabajaba en el Perrupato y lo hice volver y ahora no hay ningún especialista ahí".

Además, informó que restableció las auditorías in situ sobre lo que registra el sistema on line Farmalín sobre la venta de remedios. "Esto funciona así: cada vez que un afiliado compra un medicamento, se carga la receta, con el médico, y luego la obra social paga esa receta. Antes, todo era abonado según los registros de Farmalín sin verificar si había errores".

Por eso, es posible que "el caso de los médicos hiperprescriptores puede ser a causa de un error administrativo, o realmente de un delito. La verdad es que no lo sé", indicó Vergara.

Y sobre el resto de las denuncias realizadas, siempre que fue consultado explicó que "estamos investigando, pero no sabemos si todo esto terminará en un expediente jurídico; no sabemos si lo vamos a poder probar".

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