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sábado 09 de septiembre de 2017

Tensión en Diputados por los cambios de la Ley de Tránsito

El proyecto lleva varado un mes. Ya lo avaló el Senado pero en la Cámara Baja peronistas y Gobierno no acuerdan. El nudo está en ver cómo se financian las comunas, que ahora deben asumir una labor que antes hacía la Provincia.

El proyecto del Poder Ejecutivo para introducir cambios en la Ley Provincial de Tránsito, que el Senado de Mendoza aprobó a principios de agosto, es ahora un foco de conflicto entre oficialismo y oposición en Diputados.

Sin embargo, ha entrado en una cuenta regresiva: si no hay acuerdo entre el peronismo y el oficialismo, se convertirá igualmente en ley, porque a los radicales y afines les dan los números.

Hasta ahora, es la única de las leyes importantes enviadas por la gestión de Alfredo Cornejo que no ha logrado destrabarse en la Cámara Baja.

Esta semana la pelea sumó un nuevo round durante una reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales con el subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul, para desarrollar puntos que no hubiesen quedado claros de la media sanción del Senado.

El asunto es que no asistieron los que más se oponen al proyecto, que son los diputados del PJ con gran compromiso con las comunas a las que representan.

Al respecto, el radical César Biffi aseguró que "hemos accedido a la idea del peronismo de dar más tiempo al debate, pero después no vienen a las comisiones".

Al respecto, el presidente del bloque del PJ en Diputados, Javier Cofano, señaló: "Lo que ocurrió es que nos molestó que se convocara con un día para esta reunión, avisándonos de la visita de Majul. No había tiempo ni siquiera de preparar preguntas para formular al funcionario, por eso decidimos no asistir".

El presidente del bloque Cambia Mendoza dijo que van a aceptar una semana más para intentar acordar. "Siempre es mejor convencer que imponer, pero si no podemos llegar a un acuerdo la vamos a sacar igual".

El principal impedimento para que el proyecto se destrabe fue, es y seguirá siendo el económico. Es que la iniciativa plantea que las comunas tengan su propia policía vial y juzgados de tránsito, y como único sostenimiento económico el Estado les cede el cobro de las multas. El problema es que muchas comunas aún no tienen ni policía vial, ni juzgados. Y la creación de estas instancias, más la capacitación del personal, insumirá fondos con los que los municipios no cuentan.

Qué dice el oficialismo
Al ser consultado por el avance de las reuniones con la oposición por el proyecto vial de Cornejo, Biffi aclaró que "no hemos avanzado sobre el aspecto de creación de las policías viales en las comunas.

Hemos accedido a dar más tiempo para debatir, pero el martes el PJ no asistió a la reunión", y agregó: "Insistiremos en los intentos de consensuar y estamos abiertos a discutir los plazos de la puesta en marcha. Pero no vamos a cambiar el sentido del proyecto", aseveró el legislador.

Hay que decir que en un principio coexistirían los dos sistemas en los lugares en que se deban realizar muchos cambios para lanzar los requerimientos de la nueva normativa.

Para el PJ, es inconstitucional

Según aseguró el presidente del bloque peronista en Diputados, Javier Cofano, así como está planteado el proyecto es inconstitucional, porque pasa por encima de las autonomías municipales, obligando a los concejos deliberantes a sancionar normas para adaptar sus sistemas a los requerimientos de la provincia. "La Provincia debería invitar a los municipios a adherir", señaló Cofano y agregó que "de todas maneras, si hubiera voluntad del Ejecutivo de apoyar económicamente a las comunas, por lo menos hasta que comience a funcionar el sistema del cobro y recaudación de las multas, lo podríamos evaluar", explicó el diputado.

Pero Biffi fue categórico en esto: aseguró que este aspecto es inviable, que sería como cambiar el corazón del proyecto y que no es idea del oficialismo hacerlo.

Así las cosas, el Gobierno tiene dos semanas para convencer a la oposición e intentar consensuar. Si no, el proyecto se convertirá igualmente en ley antes de fin de mes.

Principales aspectos

Obliga a los municipios a crear su propia policía vial, para controlar el tránsito, colocar multas y cobrarlas. Sólo intervendría la División de Seguridad Vial provincial en caso de accidentes graves.

La misma obligatoriedad rige en cuanto a crear juzgados de tránsito por comuna.

Prohíbe la retención del carnet de conducir.

Regula la circulación de bicicletas, sancionando a los que no lleven casco y luces traseras y delanteras.

Se endurecen las sanciones para los reincidentes. La multa se duplica o triplica según se haya cometido la misma falta más de una vez. También se puede producir la inhabilitación de conducir por 50 o 60 días.

Incluye el trabajo comunitario como forma de penalidad.

Impone el uso de la silla obligatoria para niños de 0 a 4 años.

Entre los 5 y los 12 años, se debe viajar en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad colocado.

Las mascotas también deben viajar en el asiento de atrás, y sujetas.

Se crea el Consejo de Seguridad Vial.

Se crea el Observatorio de Seguridad Vial.

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