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lunes 26 de septiembre de 2016

Sorpresa y escándalo por las posesiones de jefes de un ente de control

Entre el director y los 4 vocales del Tribunal de Cuentas poseen más de 20 inmuebles y 8 vehículos de alta gama.

Lejos, muy lejos de los sueldos y de las posesiones de los empleados estatales, los miembros del Tribunal de Cuentas de Mendoza muestran grandes fortunas.

El directorio de ese organismo de control, conformado por un titular y cuatro vocales, adhirió a presentar las declaraciones juradas del Poder Judicial de Mendoza.

Lo hicieron a través de una acordada por la cual se suman a la normativa del máximo tribunal mendocino.

Desde el 22 de junio de 2016, los miembros de su directorio tienen la obligación de publicar sus bienes. Pero, a diferencia de la normativa de Mendoza, las del Poder Judicial no pregunta por los ingresos, como tampoco el valor de las propiedades y los automóviles.

Siguiendo con los miembros del Tribunal de Cuentas, llaman la atención las posesiones de sus miembros. Estos confirman tener 21 propiedades, desde viviendas de 1.400m2 y cocheras de 13m2 hasta 8 autos de alta gama.

Sus ingresos oscilan los $135.000 pesos mensuales. Para comparar: el salario promedio de una clase 4 del Estado, sin adicionales, es de unos $14.000.

De mayor a menor
De las declaraciones juradas de los miembros del directorio del Tribunal de Cuentas, que figuran en la página web del Poder Judicial de Mendoza (jus.mendoza.gov.ar/declaraciones), el que menos posesiones declara es Héctor Caputto, uno de los últimos vocales que ingresó al Tribunal, de la mano de Francisco Pérez. Caputto declara una vivienda familiar (casa) de 230m2 totales, de los cuales 130m2 son cubiertos. Además del inmueble, el funcionario dice poseer dos autos, una camioneta Chevrolet Meriva, modelo 2008, valuada en $140.000, y un peugeot 308, modelo 2013, de alrededor de $280.000.

Siguiendo el orden ascendente, el próximo es Ricardo Pettignano, quien asegura tener como bienes propios una casa de 1.412m2, de los cuales, 299,82m2 son cubiertos. Está ubicada en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Además, un departamento ubicado en la Quinta Sección, de Ciudad, de 90,9m2. Posee además una camioneta Chevrolet Tracker, modelo 2015, de $350.000.

Si bien Pettignano es uno de los que menos propiedades acreditan, también es quien más metros cuadrados de terreno posee.

El tercero en la lista es otro de los vocales del tribunal, Francisco José Barbazza. Entre sus posesiones, da cuenta de una casa de 376m2 totales, 299,95 construidos y otra propiedad de 211m2 y 107m2 cubiertos. Ambas en Godoy Cruz. Además, tiene un lote de 420m2 en Guaymallén. Por último, declara un vehículo Volkswagen Vento, modelo 2015, que cuesta $300.000.

En el puesto 4 del "top five" se ubica Mario Francisco Angelini, que dice tener una casa, tres departamentos y un galpón en Guaymallén. Es propietario de un total de 1.294m2 de los cuales 1.014m2 son cubiertos. Entre sus bienes figuran también dos autos: un Honda Cr-V­­, modelo 2007, con un valor de $320.000, y un Honda City, modelo 2014, valuado en $295.000.

En tanto, el que mayor cantidad de inmuebles declara es Carlos Salvador Farrugia, el titular del Tribunal de Cuentas.

Farrugia afirma tener dos casas y un departamento en condición de copropietario, y 3 departamentos declarados 100% como propios. Además, posee tres cocheras, de entre 13 y 14m2, valuadas en aproximadamente $200.000 cada una.

Salarios abultados
Desde el Ministerio de Hacienda informaron que por asignación de clase 70, estos funcionarios perciben $76.000 pesos.

A esto hay que sumar la antigüedad: 2,6% por año, calculado sobre el monto anterior. Es decir, que quienes cobran esta asignación de clase reciben, además, 1.976 pesos por año trabajado.

Carlos Farrugia tiene cerca de 30 años de antigüedad, es decir, cobra aproximadamente 60.000 pesos por este ítem. Lo que hace un total cercano a los $135.000. Barbazza y Angelini reciben más dinero por la cantidad de tiempo que han permanecido en el Estado.

Una ley mendocina de ética pública, asignatura pendiente
Si los sistemas de los que se habla configuran un avance en materia de transparencia, aún no se ha logrado sancionar una ley mendocina de ética pública que abarque a todos los poderes de la administración pública.

Actualmente hay diversos proyectos en la Legislatura que apuntan a saldar esta deuda. Una de ellas es de autoría de la senadora Daniela Galván (UCR) y cuenta con el aval de la vicegobernadora Laura Montero.

La otra fue presentada por la diputada Analía Jaime, quien era parte del gabinete de Alfredo Cornejo en la Municipalidad de Godoy Cruz. Por otra parte, hay proyectos más antiguos, que corresponden a los ex legisladores Fernando Simón (actual Fiscal de Estado) y al ex diputado Tadeo García Zalazar (actual intendente de Godoy Cruz).

En materia de legislación nacional sobre transparencia y publicación de bienes de los funcionarios, la semana pasada se aprobó una iniciativa más abarcativa que la resolución firmada por el en su momento gobernador Francisco Pérez, puesto que incluye al Poder Judicial, pese a la resistencia que tienen los miembros del Máximo Tribunal de hacer público su patrimonio.

En Mendoza conviven dos sistemas de declaración patrimonial
A partir de ahora convivirán dos sistemas, ya que al decreto 1.789 que dispuso la revelación del patrimonio público de los funcionarios del Ejecutivo se suma esta iniciativa para el Poder Judicial.

La norma mendocina dispuso la obligación de los funcionarios públicos que tienen cargos de responsabilidad de presentar su declaración jurada, que deben darse a conocer en la página de la Fiscalía de Estado. A este decreto adhirieron varios entes, pero el Tribunal de Cuentas no lo hizo. Sí se sumaron ambas cámaras legislativas, Irrigación, la ATM, el Fondo para la Transformación y el Instituto de Juegos y Casinos. A nivel comunal, sólo se sumó Las Heras.
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