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martes 01 de marzo de 2016

Sembrarás ítem aula y en dos años cosecharás...

"El objetivo no es castigar, es premiar a quienes trabajan vinculados y compenetrados con el proceso educativo o hecho aúlico", explican por lo bajo.

Alfredo Cornejo ha instruido a los miembros de su gabinete para que las modificaciones profundas, las medidas más duras y la aplicación de políticas públicas que les permitan "brillar", aunque en el corto plazo les traigan más de un dolor de cabeza, las implementen durante los dos primeros años de gestión. Es decir, de aquí a las legislativas del 2017.

Es que para el gobernador de Mendoza, que bien conoce de armado político y también de manejar un Ejecutivo, a la mitad del mandato se despliega otro escenario, tanto interno como externo, que dejan a cualquier mandatario que esté sentado en el sillón de San Martín con menos margen de maniobra.

Hacia adentro de la coalición gobernante arranca la movida por determinar a quién le cabe el mote de "sucesor". No es un detalle menor, porque esa carrera la encaran ministros, intendentes y legisladores de mayor peso, esos que le pueden jugar a favor o en contra al mismísimo oficialismo, dependiendo hacia dónde apunten las bendiciones.

Y en vinculación con la oposición, se desata la feroz pelea por "retener" el poder o "cederlo", dependiendo de cómo venga rodando el humor del electorado.

Esto no significa que entre el 2017 y el 2019 se vaya a dejar al Estado en piloto automático. Muy por el contrario. En la visión estratégica de Cornejo, se trata del binomio en que los ciudadanos tendrían que empezar a notar las bondades del cambio prometido.

En este marco hay que entender el planteo que hizo la Dirección General de Escuelas en las paritarias con el SUTE.

La decisión de premiar al maestro o profesor que está con los alumnos a través del tan famoso como conflictivo ítem aula se la adjudican, a coro, a Cornejo. Será por eso que en los momentos más álgidos de la discusión –cuando lo llamaron para sondear si se podía dar marcha atrás y, así, evitar el paro– ratificó la disposición sin pensarlo. "Ceder, ahora, no", fue la respuesta.

Entonces sobrevino la huelga, la movilización a Casa de Gobierno, el repudio de muchos maestros, la nacionalización del conflicto (la Ctera, por ejemplo, repudió el devenir de la discusión) y la amenaza por parte del gremio local de que acá no terminó el asunto y de que habrá más medidas de fuerza en un futuro no muy lejano.

En el Gobierno, no obstante, están convencidos de que el enojo se irá diluyendo con el paso de las semanas y con el cobro del salario de marzo, donde los únicos que no se verán beneficiados con el total del 22,6% de incremento serán quienes tengan licencia gremial, estén con cambios de funciones o disfruten de una "misión especial".

"Si de repente a un docente se le declara un cáncer y debe faltar por más de 3 días, es obvio que no le vamos a descontar el ítem aula. El objetivo no es castigar, es premiar a quienes trabajan vinculados y compenetrados con el proceso educativo o hecho aúlico", explican por lo bajo.

A viva voz, en cambio, aseguran que de esta manera pondrán orden al sistema de licencias docentes, en el cual se invierten $1.500 millones al año, debido a que se solicitan unas 500.000 entre enfermedades, capacitaciones y razones particulares.

"Son unos $125 millones mensuales para pagar días no trabajados. Con ese dinero podríamos construir unas 30 escuelas, pero no queremos ahorrarlo, queremos que vuelva en servicio educativo", sintetizó el titular de la DGE, Jaime Correas, el funcionario que junto al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, mejor han demostrado haberse tomado en serio aquella orden primigenia: la de avanzar con premura.

Traducido al contexto vendimial que vivimos, de la siembra de hoy dependerá la cosecha de mañana.
Es marzo del 2016 y el tiempo de descuento, hacia el éxito o el fracaso, ya arrancó.
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