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miércoles 30 de agosto de 2017

Se convirtió en ley la reforma del Código Procesal Civil y Comercial

La Cámara de Diputados, con los votos de Cambia Mendoza y el bloque del PJ, le dio sanción final

La Cámara de Diputados, con los votos de Cambia Mendoza y el bloque del PJ, dio sanción final al nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que tiene como objetivos dar agilidad y celeridad a los procesos, con el fin de acercar la justicia al ciudadano.

Los aspectos tenidos en cuenta en este nuevo Código, se han adaptado a los nuevos soportes a fin de tender al logro del expediente electrónico, en miras al proceso electrónico o digital; simplificar los procesos ordinarios sumario y ejecutivo; dar mayor celeridad y eficiencia a los procesos, e incluir el principio de oralidad derivado de los Tratados Internacionales;

En este sentido, esta nueva Ley se regirá, entre otras, por algunas reglas generales tales como el Acceso a la Justicia y el Derecho al Proceso; la Oralidad; la Celeridad y Concentración, y la Publicidad.

Plantea que "toda persona tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones en forma definitiva"; prevé la "conciliación, la transacción, la mediación, el arbitraje y otros métodos de solución de conflictos" y dispone que "iniciado un proceso, tanto las partes como el Tribunal podrán impulsarlo evitando su paralización, con el objeto de adelantar el trámite con la mayor celeridad y eficacia posible".

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También establece el "deber de los jueces de encontrarse presentes", indicando que "tanto las audiencias como las diligencias de prueba en las que así se indique, se realizarán por ante Juez o Tribunal, no pudiendo ser delegadas en otros funcionarios, bajo pena de nulidad, salvo cuando este Código excepcionalmente lo permita. En caso de ausencia justificada, podrán ser subrogados por otro Juez conforme la ley especial o según lo establezca por acordadas la Suprema Corte, salvo que circunstancias excepcionales autoricen a suspender la audiencia".

Asimismo, el nuevo CPCyC, refiere en cuanto a la celeridad, que "los actos procesales deberán realizarse sin demora, tratando de abreviar los plazos, cuando a ello se faculte por ley o por acuerdo de partes, y de concentrar en un mismo acto la mayor cantidad de diligencias posibles, así como la colocación de todas las órdenes anticipatorias en resoluciones que el Juez entienda puedan emitirse para una más ordenada y rápida resolución de la causa".

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Otro de los aspectos previstos es que los "niños, niñas y adolescentes que cuenten con edad y grado de madurez suficiente y las personas con capacidad restringida pueden solicitar al Juez, o al asesor de personas menores de edad, incapaces y capacidad restringida, información sobre los posibles abogados especializados, inscriptos en el registro local, a los fines de poder elegir uno que lo asista en juicio".

Se hace hincapié en las nuevas tecnologías que "se presentan como herramientas que permiten una mejor gestión de la justicia mendocina. Aportando eficiencia, celeridad y seguridad favoreciendo la labor de los operadores jurídicos", según señalan los fundamentos del proyecto impulsado por el gobierno provincial.

Otros cambios introducidos, tiene que ver con que se otorgan mayores incentivos a los abogados que logren la conciliación en la audiencia preliminar, pudiendo percibir los mismos como juicio completo, y se da relevante importancia a la instrucción realizada por los asesores letrados quienes se convierten en los primeros investigadores y productores de prueba. Por eso, se otorga mayor plazo a la contestación, pero se impone adjuntar con ella y con la demanda la mayor cantidad posible de prueba producida y que simplifique la tramitación del expediente judicial.

Además, se crea una Comisión de Seguimiento del Funcionamiento del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario integrada por un miembro designado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, o el que en el futuro lo reemplace; un miembro por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia; Presidente de la Federación de Colegios de Abogados; y el Presidente de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza, o sus reemplazantes respectivamente.


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