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martes 11 de octubre de 2016

Sagasti quiere garantizar "real" participación en audiencias públicas

Es mediante un proyecto de ley para establecer un procedimiento para asegurar la participación "real y concreta" de la ciudadanía en las audiencias públicas.

La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, del Frente para la Victoria, y el titular de la CTA Mendoza, Gustavo Correa, presentarán este martes a las 11.30 en la sede de la CTA, ubicada en Rioja 1509, de Mendoza, un proyecto de ley para establecer un procedimiento para asegurar la participación "real y concreta" de la ciudadanía en las audiencias públicas.

Según consta en el texto presentado por la legisladora peronista en el Congreso nacional, "cuando un ente prestador de servicios públicos que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional pretenda establecer modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos o cualquier otra modificación que, como consecuencia, produzca un aumento de los costos para los consumidores, la realización de audiencia pública tendrá carácter obligatorio y se llevará a cabo bajo los procedimientos establecidos" de acuerdo a la normativa planteada por la senadora nacional.

Todo es consecuencia de la discutida y polémica realización de, entre otras audiencias públicas, de la que hubo en todo el país durante tres días por el precio del gas natural.

Avances
Otro de los aspectos destacados en el proyecto de ley gira en torno de los prestadores de servicios. En este sentido, el incumplimiento del procedimiento establecido permitirá que el acto sea declarado nulo. Además, el fallo o decisión que se dicte por parte de los organismos y entidades prestadoras de servicios públicos sin la realización previa de la audiencia pública, cuando así estuviere previsto, o su no realización por causa imputable a la Autoridad Convocante, será nulo y de nulidad absoluta quedando abierta la actuación judicial.

Además, Fernández Sagasti pide que la convocatoria para participar en audiencias públicas deberá realizarse con una antelación no menor a treinta días corridos respecto de la fecha fijada para su realización a través de, al menos, dos diarios de circulación nacional, el Boletín Oficial, dos canales televisivos por aire, emisoras de radio de alcance nacional y en la página web de la autoridad convocante.

El área de implementación deberá elevar a la autoridad convocante, en el plazo de diez días hábiles desde la finalización de la audiencia pública, un informe de cierre que contenga la descripción sumaria de las intervenciones e incidencias de la audiencia, no pudiendo realizar apreciaciones de valor sobre el contenido de las presentaciones. Dicho informe estará expuesto en la web de la autoridad convocante.
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