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martes 08 de marzo de 2016

Remisos a informar

Ya es un clásico de la Vendimia: cuando la prensa solicita información sobre la plata que se ha invertido en la Fiesta, de inmediato salta el temor de que esos datos se vayan a usar para criticar.

Desde hace varios años, los sucesivos gobiernos de Mendoza se vienen mostrando remisos a informar a la población sobre los gastos que implica la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Como siempre, termina siendo la insistencia de la prensa –y no la obligación constitucional de informar sobre los actos de gobierno– lo que les ha permitido a los ciudadanos saber cómo se invierten los dineros públicos en nuestra principal fiesta popular.

Estos retaceos de información no se dan sólo con la Vendimia, sino en muchos otros aspectos de la actividad gubernamental, desde lo político hasta lo policial. Y, repetimos, con los gobiernos de diferente signo político.

Baste señalar los problemas que suelen tener los cronistas de Policiales para conseguir información oficial sobre robos o crímenes. Es que no son pocos los funcionarios que creen que la sensación de inseguridad no es provocada por los sucesos concretos y comprobables, sino porque la prensa los da a conocer.

Cuando los periodistas solicitan información sobre los gastos de la Fiesta, lo primero que suele surgir es el resquemor oficial de que esas cifras se vayan a utilizar para criticar al gobierno.

En una democracia plena debería ser el Gobierno el que proporcione de motu proprio el detalle completo de lo que se invirtió en los diversos y complejos actos del calendario vendimial.

Si el gobierno de turno considera que hay intenciones aviesas en reclamar información, no hay método más contundente para aventar cualquier mala intención que ofrecer a la sociedad las cifras y datos duros de la realidad.

Hay que combatir la idea que sostienen muchos funcionarios, sobre todo los de segundas y terceras líneas, de que hay que encapsular la información.

Esto es algo que, de manera increíble, también se ha hecho carne en muchos de los numerosos comunicadores sociales que pueblan las oficinas de Prensa de los ministerios, secretarías y otras reparticiones públicas, los que, en lugar de realizar una tarea técnica y profesional (servir de nexo entre los funcionarios y la opinión pública), terminan actuando de militantes, obstaculizando el derecho de la población a estar informada.
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