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lunes 29 de agosto de 2016

Reforma judicial: quieren teleconferencias para ahorrar $1,3 millones en el traslado de reos

Con la oralidad plena del proceso penal, se harán audiencias por video o en las salas de la cárcel. Buscan reducir la actual salida diaria de 150 presos desde los penales a los Tribunales.

Más de $1,3 millones al año podrá ahorrar el Gobierno de Mendoza con las nuevas disposiciones para la prisión preventiva, a partir de una serie de cambios operativos de bajo costo. Se evitará así que el Servicio Penitenciario movilice, por día, a más de 300 personas –entre presos y guardiacárceles– hacia y desde el Poder Judicial para concretar trámites procesales.

Entre los cambios implementados se instrumentará el uso de la videoconferencia como herramienta para que el juez de Garantías pueda notificarle a un detenido la imposición de la prisión preventiva u otras novedades de la causa judicial desde los tribunales sin que el reo deba salir de la cárcel.

También habrá, a modo opcional, dos salas en el penal de calle Boulogne Sur Mer, que se están acondicionado para hacer allí audiencias sobre definición de prisión preventiva, teniendo en cuenta que a partir de ahora serán todas orales y no por escrito.

"Implementamos esta metodología para terminar con el modelo de que el detenido vaya hasta donde está el juez. Queremos que sea a la inversa y evitar traslados masivos", dijo a Diario UNO el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.

El funcionario adelantó que cada unidad carcelaria tendrá, además, un funcionario del Poder Judicial para que el detenido sea notificado de las novedades formales de su causa: "Con el notificador, las salas para las audiencias de prisiones preventivas y la teleconferencia no habrá necesidad de llevarlos Poder Judicial".

Todo redundará en un ahorro importante de dinero que se iba en traslado, combustible, horas hombres para el Servicio Penitenciario y el alto riesgo que significa sacar a los internos.

Eduardo Orellana, titular del Servicio, afirmó: "El equipo de traslado es el más grande en personas y vehículos de la cárcel. Es como un pequeño ejército porque todos los días hay que trasladar gente".

Un ejército en la calle
La friolera de 150 presos y otros 150 penitenciarios para cuidarlos son actualmente trasladados cada día hábil del año al Palacio Judicial u otras dependencias de los Tribunales provinciales o federales, por pedido de la Justicia.

Los traslados implican el desplazamiento de más de una decena de vehículos grandes y pequeños, personal armado, grupo antichoque de infantería y hasta el equipo de elite de la cárcel.

"Normalmente son 150 efectivos diarios los que sacamos a la calle para igual cantidad de internos, pero cuando nos toca un preso de alto riesgo, ese solo nos insume unos 40 efectivos", explicó Orellana.

Señaló: "Tenemos que llevar los reos al Palacio de Justicia en el Barrio Cívico, pero también trasladar algunos presos al Este provincial, al Valle de Uco y a veces hasta San Rafael. Es así todos los días, sin contar, además, la asistencia a los hospitales cuando necesitan atención de la salud, lo que demanda un operativo especial".

Un obligación que va a continuar es la atención de los internos en prisión domiciliaria. "Por ellos y los que haya que llevar a juicio oral y público, los traslados van a continuar, pero creemos que vamos a poder reducirlos en el 70%", expresó Orellana.

En cifras, el Servicio Penitenciario ha estado recorriendo a la hora de los traslados, 45 mil kilómetros por mes y gastando hasta 9.000 litros de combustible. Esto eleva la cuenta a $163.000 mensuales en gasoil para mover los vehículos, lo que representa casi $2.000.000 por año.

En el Gobierno creen que con teleconferencias, audiencias y notificaciones en las cárceles, 7 de cada 10 presos dejarán de ser trasladados, lo que permitirá ahorrar recursos.

Una modalidad que se quiso usar hace 10 años, pero no prosperó
La idea de la videoconferencia entre los jueces y los detenidos fue propuesta por el juez de la Suprema Corte de la Provincia Jorge Nanclares cuando ejercía la presidencia del cuerpo por el año 2006.

Nanclares quería conseguir en ese tiempo los mismos fines que el Gobierno busca hoy, pero más complejo que cualquier cambio es quebrar los hábitos y estos no se acomodaron a la nueva herramienta.

Los presos siguieron yendo a los tribunales y la sala de videoconferencia del Poder Judicial permanece hasta hoy sin mucho uso.

El subsecretario D'Agostino reflotó la idea tras viajar a Estados Unidos y ver cómo allá ese sistema funciona aceitadamente.
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