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miércoles 18 de mayo de 2016

Prisión preventiva: apuran la ley antes del fallo nacional

El agravamiento de las condiciones detona apoyos y críticas legislativas, mientras la Corte de la Nación decide. Si respalda –como en Mendoza– o no el hábeas corpus en favor de 800 presos sin condena, es el punto de conflicto

El apuro del gobernador Alfredo Cornejo por convertir en ley el proyecto para endurecer las prisiones preventivas tiene una razón de ser: la Corte Suprema de Justicia de la Nación está a punto de resolver el recurso extraordinario que presentó el procurador de la Corte local, Rodolfo González, en diciembre, contra la aplicación de un fallo del máximo tribunal local que permitía la liberación de 800 presos sin condena. Todo quedó en suspenso hasta que la Corte nacional tome una decisión.

Técnicamente, para que esto suceda falta solo una firma. Es posible que antes de la feria judicial de julio el Poder Judicial de Mendoza ya tenga una herramienta firme que indique el camino a seguir en materia de prisiones preventivas. Cornejo se quiere adelantar y tener la ley aprobada antes de que esto ocurra.
Sin embargo, no sólo el proyecto, sino también la forma en que el Ejecutivo lo ha planteado en la Legislatura, cosechan duras críticas y únicamente de la oposición. También hay notas presentadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por la ONG Xumek, por la cátedra de Derecho Penal de la UNCuyo, entre otras instituciones interesadas en participar en el debate; aunque también ha sido, en materia política, el primer tema en que la oposición le marca la cancha al Ejecutivo de Cornejo.

La ruta del expediente
La causa 000006/2016-00, que plantea el recurso del procurador para que la CSJ revise el fallo favorable de la Corte local al hábeas corpus presentado por la ONG Xumek en 2015, ha tenido varios movimientos en el sistema.

Cabe aclarar que para que la Corte emita el fallo definitivo tiene que pasar por tres vocalías.
El 3 de abril ingresó en la primera. Pasó a la segunda el 4 de mayo y sólo falta que se gire a la vocalía 3 para que el expediente complete su trayecto en Buenos Aires.

Una vez que esto suceda, la Corte no tendrá más que comunicar su decisión final y hay razones para suponer que este órgano respaldará a la Corte local. Antes de que esto suceda, el oficialismo mendocino quiere tener la ley para modificar el régimen de prisión preventiva en la mano y pelear su aplicación.
En este sentido, se han levantado, en las últimas 48 horas, muchas voces en contra del proyecto, por cómo ha sido enviado por el Ejecutivo mendocino a la Casa de las Leyes que conduce Laura Montero.
Cambios en pugna

La principal diferencia entre el fallo de la Suprema Corte y la iniciativa del gobernador es que esta última establece delitos no excarcelables, mientras que para los supremos el hábeas corpus asegura que el juez debe revisar cada caso puntual y ponderar tres criterios para determinar si dicta la prisión preventiva: la gravedad del delito, las pruebas en contra del acusado y el peligro procesal –las posibilidades de que el imputado entorpezca la investigación, como intención de fuga, amenazas a testigos y destrucción de pruebas–.

El abogado penalista Lucas Lecour, de la fundación Xumek, explicó que la ponderación entre los tres criterios es el mecanismo apoyado por la Cámara Nacional de Casación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Sostener algo contrario a lo que todos los tribunales afirman es como decir que la norma va a ser declarada inconstitucional antes de que salga", dijo.

Otra diferencia está en los plazos, explicó Gonzalo Rua, de la junta directiva y coordinador del CELS. "Si lo que pretenden es generar un sistema de persecución penal más dinámico, no pueden proponer una audiencia de prisión preventiva con 12 días de posteridad al hecho y postergables por otros diez. En los sistemas más modernos, esas audiencias se solicitan a las 48 horas", manifestó.

En contra
La falta de debate de una política de seguridad que exceda la mera sanción de normas aisladas es una de las principales críticas de la oposición. El FPV se quejó de esto en la sesión del Senado de ayer. El que hizo la queja formal fue el senador Luis Böhm, autor de un proyecto de declaración in voce para que el gobierno de Cornejo llame a una mesa de diálogo. En ella deberían estar representados los tres poderes del Estado y los municipios. De imediato, salieron a cruzarlo tres radicales: el jefe de bloque, Alejandro Molero, Jorge Palero y Héctor Quevedo –de la Bicameral de Seguridad– y aseguraron que no hace falta la mesa de diálogo, porque ya hay espacios donde discutir estos temas, como el Consejo Provincial de Seguridad y la Bicameral. Pero en vez de rechazarlo, el presidente provisional, Juan Carlos Jaliff, propuso enviar el proyecto a comisiones y así se hizo.

Aun así, falta de pluralidad para elaborar la norma ha sido cuestionada por organismos del Derecho Penal por escrito (ver arriba).
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