Mendoza - General Alvear General Alvear
domingo 27 de agosto de 2017

Plata destinada para bosques nativos fue desviada para hacer política

Detectaron que de 2010 a 2015 parte de los subsidios nacionales no tienen justificación. Se descubrieron varias ilegalidades en cuanto a su destino

Sobre un campo de 41.093 hectáreas yace en soledad rodeado de arena y pastizales un caldén, variedad del algarrobo, que crece en el sur de General Alvear. Para cuidar ese solo ejemplar el Estado derivó una cifra cuantiosa de dinero ya que ese árbol pertenece a una propiedad que según el mapa de Bosques posee el 1,31% de su superficie con arbolado, pero fue financiada por el 44% de su superficie. Es decir, se le otorgó 42,69 % más de lo correspondiente.

Traducido en dinero, recibió un subsidio total de $439.000, de los cuales ya fueron entregados $106.000 y queda una deuda de $333.000 con su dueño, que alcanzó en cuatro convocatorias consecutivas el acceso a fondos para cuidar la flora que dice tener.

Toda esta información fue detallada por Flavio Martínez, quien participó en el área de Bosques Nativos y descubrió con su equipo serias irregularidades en el cumplimiento de este plan de alcance nacional.
El mismo nació como una solución al problema de la pérdida de masas boscosas en el país y consiste en la entrega de incentivos económicos a los propietarios de tierras donde hay forestación de especies nativas, para preservarlas. Es decir, los dueños de los bosques serían estimulados a proteger este recurso y no usarlo para otras actividades comerciales, al mismo tiempo que se comprometen a realizar tareas de cierre, alambrados y obras de distinto tipo.

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Icónico. Este es el caldén solitario, que pertenece a un terreno en Avear.
Icónico. Este es el caldén solitario, que pertenece a un terreno en Avear.

Casos similares a los del solitario caldén se repitieron innumerables veces y sirven como ejemplo para ilustrar algunas de las probables estafas que empañan la ejecución de los montos millonarios que la Nación envió a Mendoza por seis años.

Distintos subsidios son dispuestos anualmente por la Nación a todas las provincias desde que se sancionó en 2007 la Ley de Bosques 26.331.

En diálogo con el Ministerio de Ambiente de la Nación indicaron que desde 2010 los fondos asignados en concepto de Ordenamiento Territorial, para planes y fortalecimiento institucional serían de $64.024.416 conforme a la distribución realizada en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Se estima que el monto asignado este año será de $20.176.390.

Lo encontrado sería sólo la punta del ovillo
Al investigar el desempeño que tuvo entre el 2010 y el 2015 el programa de protección de bosques nativos, la Secretaría de Ambiente, encontró que se habrían cometido posibles fraudes en la administración anterior.

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El espíritu de la nueva gestión fue revisar hacia atrás y evaluar la efectividad que tuvieron los incentivos económicos en las tareas de conservación. Para ello se analizaron 785 expedientes de 226 campos. Sobre el total se contabilizó la asignación de 621 subsidios.

De la interpretación de los datos pudo conocerse que quizás existió una influencia política que favoreció a algunas intendencias en perjuicio de otras.

Los cinco departamentos que poseen casi toda la masa forestal nativa provincial son: General Alvear (35,8%), La Paz (29,2%), Santa Rosa (16%), San Rafael (14,1%) y Lavalle (4,9%). La Paz y Lavalle fueron los que menos fondos recibieron. General Alvear y Santa Rosa son los más beneficiados, pese a que poseen masas boscosas de menor calidad.

San Rafael posee un pequeño porcentaje de bosque nativo pero una enorme cantidad de solicitudes aprobadas y dinero comprometido. La mayoría de sus propiedades se encuentran fuera del inventario de bosques.

Desde el Gobierno describen que es posible arriesgar la hipótesis de que habría existido un sesgo político en la asignación de planes, ya que si bien el dinero era entregado a los propietarios, las tramitaciones dependían de la esfera provincial.

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Sobre este aspecto al secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, aclaró que la investigación que abordaron es sólo la punta del ovillo para continuar profundizando, e indicó que habría que ver si en Mendoza pudo haber pasado lo que ocurrió en otras provincias.

"En Formosa o Santiago del Estero, que tienen más bosques y reciben más plata, no han puesto un peso para la protección de los bosques nativos. Estos fondos fueron cajas gigantescas de financiamiento de clientelismo político", contó.

"No hay que comparar lo malo con lo peor y yo no voy a ser quien defienda la gestión anterior. A todas las provincias les ha pasado más o menos lo mismo. Fueron cajas políticas para financiar campañas, algo tremendo", agregó. En otra parte de la conversación el secretario dijo: "Hemos trazado una línea para hacer una rendición de lo viejo y obviamente si hay cosas que escapen a la amplitud de criterios va a ser observado, pero todo lo que viene de acá en adelante tiene otro control y cumplimiento".

Todas estas tendencias están analizadas y expuestas en detalle en un documento que elaboró el jefe de gabinete de Ambiente, Eduardo Sosa.

La información está en la asesoría legal y desencadenó una investigación administrativa que podría derivar en denuncias penales y llegar al Tribunal de Cuentas. El departamento jurídico trabaja para dilucidar responsabilidades.

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Groseras anomalías están saliendo a la luz
Buena parte de los subsidios se desviaron a propietarios cuyos campos están fuera del mapa de bosques nativos y como se desconoce su estado no se sabe si los fondos cumplieron su objetivo o fines totalmente contradictorios.

Hay terrenos que poseen un porcentaje determinado de superficie dentro del mapa, por lo cual les correspondía una compensación económica equivalente a la superficie de bosque nativo reconocida, que recibieron un monto mayor.

Hay casos en los que se entregaron pagos a campos por una superficie de bosque de siete y media veces más que la existente y otros que recibieron menos dinero a pesar de tener bosques que requieren ser conservados.

"Este desvío pudo realizarse gracias a los profesionales que elaboraron las solicitudes con datos tergiversados, propietarios que aceptaron la subvención cuando no les correspondía o en un porcentaje mayor del que debieron cobrar y funcionarios que no detectaron las irregularidades", describe Eduardo Sosa en el documento.

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"Los propietarios están un poco molestos porque yo les he puesto un freno", dijo Mingorance.

"Se va a hacer una evaluación de los casos y puede quedar gente implicado, sin dudas. Pero para llegar a la Justicia hay que tener cuestiones muy concretas. En esto queremos ser serios, sabemos cuál es la problemática que hubo y tenemos que analizarla jurídicamente para ver por dónde arrancamos y por dónde avanzamos. En los últimos años se mezcló todo, hubo mucha desidia y corrupción", agregó el funcionario.

También se descubrió que se realizaron aprobaciones de planes de manejo y entrega de dinero sin un relevamiento previo. Esto en la práctica derivó en que sin una base con la cual comparar un antes y un después sea difícil saber si los insumos, servicios profesionales o de maquinarias contratados para las tareas de mejora fueron adquiridos con el dinero de la subvención o ya existían y si esa plata se volcó a otros fines. A esto se le suma que no hay registros oficiales sobre un plan de inspecciones.

El documento insiste en que se entregó dinero a sabiendas de que no se cumplían las prescripciones legales impuestas. Ninguna de las 226 propiedades que se presentaron entregó los estudios solicitados.

"No hay coherencia entre los presupuestos presentados por servicios similares. Los comprobantes muestran diferencias importantes de valor de contratación de un mismo servicio para una misma zona y puede inferirse que algunos propietarios presentaron comprobantes inflados", destaca la investigación.

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"Los planes de manejo no cumplen con lo prescripto por las resoluciones de convocatoria ni con el resto de la normativa vigente, sin embargo fueron aprobados con una simple nota sin que exista registro de informes técnicos que evalúen las presentaciones y las contraste con lo establecido por las normas. Tales irregularidades debieron ser detectadas por el personal a cargo de la evaluación de los planes, porque son groseras. Sin embargo, en ninguno de los expedientes se encontró apercibimiento por esta causa", dice el expediente.

Los sospechados
Capítulo aparte merece la actuación profesional. Las propuestas para recibir las subvenciones fueron realizadas por técnicos solidariamente responsables con los propietarios de la veracidad de la información proporcionada.

Un total de 19 profesionales se encargaron de la elaboración de los relevamientos y existe una notable disparidad en la cantidad de planes a cargo de los profesionales. Un caso sospechoso es el de Carmelo Randazzo, que se hizo cargo del 70% de los planes, según consta en los expedientes.

Ya se dijo que no hubo registros oficiales de inspecciones y las entrevistas con los propietarios corroboran esta situación, sin embargo 16.987.817 de pesos fueron entregados para destinarlos a la fiscalización y control de las actividades de protección de los bosques. Figuran enormes sumas en concepto de combustible y viáticos destinada a inspecciones que al parecer no se hicieron. Tal como dice el informe de Ambiente "un ejercicio teórico sobre los montos que podrían haber sido desviados indican valores superiores a $5.660.000".

"Las rendiciones disponibles muestran numerosos comprobantes de combustible, que sumados podrían significar decenas de miles de kilómetros recorridos con vehículos oficiales para efectuar las inspecciones, siendo que la mayoría de ellas fue con fondos asignados a las delegaciones zonales y no con los fondos de bosque nativo. Esta contradicción nos lleva a pensar que con fondos de bosque nativo se hayan efectuado gastos destinados a la utilización de vehículos para otros fines", asevera el documento oficial de Ambiente.
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