Mendoza - Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo
miércoles 16 de marzo de 2016

Obra pública paralizada en Mendoza: constructoras aún no aceptan los bonos

Quieren que una parte de la deuda que tiene el Gobierno de Mendoza con ellos se pague con plata. Las negociaciones.

La negociación entre el Gobierno de Mendoza y las constructoras para destrabar el pago de la deuda y reactivar las obras viene muy demorada. Las empresas no aceptan las condiciones de pago que el Ejecutivo ha ofrecido y por lo tanto, todavía está estancado el pago de unos $800 millones que se le deben a las contratistas.

Esto trae como consecuencia que la obra pública de Mendoza aún continúe paralizada pese a los planes que trazó el Gobierno para reactivarla paulatinamente. Es que sin consenso con las constructoras para acordar la forma de pago de la deuda vencida, estas se niegan a seguir avanzando con las obras porque saben que la gestión de Alfredo Cornejo no tiene fondos para hacer frente al pago de los nuevos certificados que se comenzarían a generar.

Prácticamente, entre el 80% y el 90% de las empresas mendocinas están esperando cobrar deuda. La situación se empantanó porque las firmas rechazan dos de los requisitos básicos que planteó el Gobierno: no quieren cobrar el 100% de la deuda con bonos y tampoco negociar la forma de pago empresa por empresa.

Así lo manifestó el presidente de la Cámara de la Construcción, Jorge Sanchís, quien ayer conversó con el gobernador para dejar en claro los términos de la negociación. El lunes próximo habrá una reunión entre el Gobierno y los representantes de las cuatro cámaras que nuclean a las constructoras mendocinas para seguir avanzado. Participarán la Cámara Argentina de la Construcción Filial Mendoza, la Cámara de Constructoras Independientes, el Círculo de Constructores y la cámara que nuclea a los constructores de San Rafael. En total, son cerca de un centenar de compañías.

La propuesta de pagar la deuda con una emisión de títulos públicos aún no tiene adhesión por parte de los empresarios de la construcción.

Hasta fines de febrero cerca de 50 proveedores del Estado habían adherido a la renegociación de la deuda mediante estos títulos ofrecidos para cancelar deuda con los proveedores que tienen más de $1 millón por cobrar.

Los bonos pueden ser utilizados para cancelar obligaciones impositivas con el mismo Estado provincial o ser negociados en el Mercado Argentino de Valores o en los bancos.

Pero las constructoras, en bloque, se niegan a que el total de la deuda se cancele con "papeles".

En términos de Sanchís, "las empresas no pueden cobrar toda la deuda con papeles porque con eso no se les paga a los empleados. Nosotros buscamos una solución intermedia que nos sirva a todos, nosotros entendemos la situación de la Provincia, pero queremos plantear ante el gobernador que también la situación de las empresas es compleja. Nos están pidiendo que recibamos papeles, pero esto deja a muchas empresas más paralizadas de lo que ya están y esto significa seguir echando gente. Hay empresas que no tienen espalda financiera para afrontar esa propuesta", describió .

Los tiempos corren
En esta negociación, el tiempo les juega en contra tanto al Ejecutivo como a las empresas.

El Gobierno tiene necesidad de reactivar las obras paralizadas desde hace varios meses. Según la cuenta que hizo a mediados de febrero el subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala, Mendoza tiene 94 obras que están en carpeta, aproximadamente a 44 las encontraron paralizadas. De las restantes, que son alrededor de 50, hay 30 que tenían el pedido de avanzar al 1% mensual, es decir que prácticamente también estaban frenadas. Y el resto ha estado avanzando muy lentamente porque los contratistas decidieron bajar al mínimo el ritmo de obra porque el Estado dejó de cumplir con los pagos, según el panorama que expresó el subsecretario.

Esta gestión tenía la intención de reactivar al menos 60 obras en los primeros días de este mes. En la lista de prioridades estaban incluidas las que más impacto tenían para la gente. Por eso estaban primeras en la lista la terminación de los hospitales, los centros de salud, las unidades de diagnóstico intensivo (UDI), 600 casas del IPV (con un avance del 60% como mínimo) y los servicios de agua y cloacas.

La frazada corta
Los recursos con los que cuenta el Estado son escasos. Con ese problema de fondo, la administración de Cornejo enfrenta la paritaria de los empleados públicos, las deudas con los proveedores y la urgencia de reactivar la economía.

En ese esquema, Sanchís sostuvo que si se redujera en 3 puntos el aumento a los empleados públicos el Gobierno podría cancelar la deuda que se arrastra desde la gestión anterior con las empresas constructoras. "Cada punto más de aumento salarial representan $300 millones por año. Es decir, con $900 millones se cancela toda la deuda y se podría reactivar la obra que está totalmente paralizada. Eso significaría darles trabajo a más empleados en la construcción. Hay que tener en cuenta un dato muy importante, por cada $100 que el Estado paga a las contratistas de obra pública, $43 reingresan al Estado en concepto de pago de impuestos, contando tanto lo directo como indirecto", comparó el empresario.

-En problemas. Cerca de un centenar de empresas constructoras, casi la totalidad de las firmas de Mendoza, tiene deudas sin cobrar por parte del Estado.
-Reunión clave. La semana que viene se reunirán con el Gobierno representantes de las cuatro cámaras que nuclean a las empresas para seguir negociando.
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