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miércoles 09 de agosto de 2017

Mendoza adhirió a la ley nacional que busca atraer inversiones

La norma fue votada en el Senado de Mendoza y de esta manera obtuvo sanción definitiva, aunque tiene algunos criterios un poco más restrictivos que su versión nacional.

Casi un año después de su presentación en el Congreso de la Nación, Mendoza adhirió a la ley nacional de Participación Público Privada, que no busca otra cosa que atraer inversiones para reactivar la economía.

La norma fue votada en el Senado de Mendoza y de esta manera obtuvo sanción definitiva, aunque tiene algunos criterios un poco más restrictivos que su versión nacional.

El mecanismo que pone en marcha este proyecto es asociar a empresas privadas en la realización de obras de infraestructura pública, por ejemplo un camino para el desarrollo de una zona estratégica. El privado hará el proyecto, buscará el financiamiento y hará la obra, recuperando lo invertido a través del cobro de un peaje. Los proyectos de energía renovable son un caso concreto de funcionamiento de este modelo, que está en pleno desarrollo a través del Plan Renovar 1.5.

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Lisandro Nieri y Martín Kerchner. 
Lisandro Nieri y Martín Kerchner.

La ley lo que establece es un marco regulatorio para todas las iniciativas en general, en lugar de buscar acuerdos cada vez que se asocien empresas y el Estado. En este sentido, dispone el procedimiento de selección del contratista, el control de la ejecución, las incompatibilidades para contratar y el método de solución de controversias.

Agrega también que deberá respetarse el marco legal para el cuidado ambiental e indica como otro punto importante que los pliegos podrán disponer entre las preferencias a empresas radicadas en la provincia, a modo del compre mendocino.

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La elección de los proyectos
Establece la constitución de una comisión bicameral de seguimiento de contratos de participación público privada, que estará integrada por partes iguales de senadores y diputados, de forma proporcional a la representación parlamentaria y con las mismas atribuciones de contralor. En este sentido, también quedó estipulado que los proyectos propuestos por el gobierno serán aprobados en la Legislatura en un periodo de 30 días.

Si sucediera que en ese ámbito pasara ese tiempo sin ser analizado el proyecto de la obra, será considerado aprobado. Es decir, que ambas cámaras deben expresarse en contra si quisieran detener la iniciativa.

El ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, y el de Infraestructura, Martín Kerchner, concurrieron al Senado y en una reunión previa al debate volvieron a explicar algunos detalles de la norma, para luego defender la iniciativa ante alguno de los cuestionamientos que se hicieron en el recinto.

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Lisandro Nieri. 
Lisandro Nieri.

Nieri aclaró que la nueva ley es un instrumento más y no el único que será usado para atraer inversiones. A su vez explicó que este mecanismo no implica ventajas para las empresas, como garantizar un piso de rentabilidad, sino que "cada uno de los contratos va a fijar la relación entre los sectores y va a permitir que proyectos de inversión que llevaban muchísimo tiempo vean la luz".

Sobre la posibilidad de que esta norma genere la deseable "lluvia de inversiones", Nieri reconoció que "se tienen que dar otras condiciones, como un escenario macroeconómico con cierta estabilidad. Nosotros, como Estado, vamos a tener la posibilidad de elegir en qué proyectos queremos participar, en los que tengamos interés".

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Martín Kerchner. 
Martín Kerchner.

El peronismo apoyó con algunas dudas el proyecto
La aprobación contó con 28 votos a favor, cuatro votos en contra – dos del Frente de la Izquierda de los Trabajadores y dos de los senadores justicialistas Luis Böhm y Guillermo Amstutz–, y la abstención de Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur, ya que a nivel nacional su partido votó por la negativa.

Fue Böhm el más crítico al proyecto, por considerar que “si en mi casa no tengo baño y el costo del baño es de 50 mil pesos, y el prestamista de la esquina me ofrece los 50 mil al 10% semanal, tengo que tomar una decisión, y lamentablemente este país tiene que desarrollar un modelo, y lo que se está eligiendo es desarrollarse exógenamente, en una relación de dependencia absoluta, y eso es el pecado original de esta ley, no entender los errores de los ’90”.

En contraste, su compañera de bancada Patricia Fadel explicó por qué el bloque mayoritariamente apoyó la medida. “Han sido aceptadas algunas de las sugerencias que hizo la oposición en Diputados, como introducir un artículo que específicamente no puede ser interpretada esta ley como una autorización genérica para tomar endeudamiento, además de tener en cuenta el cumplimiento de las leyes de medio ambiente y que los municipios tuvieran opción de aplicarla o no. Pero aún tenemos dudas, no estamos muy tranquilos, no sabemos si será exitoso, ya que este tipo de cosas ya se aplicaron durante los años de gobiernos nuestros y no dio buen resultado”.

-Socios en el proyecto. En este modelo, el privado financia, diseña, construye y mantiene un bien o servicio público y el Estado paga a largo plazo.
-En Mendoza. Se le agregó la intervención de la Legislatura para analizar los proyectos priorizados por el gobierno de turno y aprobarlos o rechazarlos. Además, prevé respetar la normativa ambiental e incluir en lo que se pueda un compre mendocino.
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