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miércoles 26 de julio de 2017

Megajuicio histórico: quiénes son los acusados y qué penas arriesgan

Cuatro ex jueces federales, ex militares, penitenciarios y policías están en el banquillo de los acusados. Quién es quién y cuáles son los delitos que se les imputan.

"Me violaron a cara descubierta", expresaba Rosa Gómez hace más de un año. No era la primera vez que testificaba, ya lo había hecho en otro juicio, pero los testimonios de abusos sexuales, -no fue el único-, estremecían a más de uno, y provocaba en la sala de debate entre indignación y sufrimiento.

Seguramente, la víctima será una de las oyentes que este miércoles se hará presente en la Justicia Federal para vivir un día histórico. Pasaron casi 2 y años y medio, más de 200 audiencias, centenares de testigos, pero finalmente la megacausa de lesa humanidad o el Juicio a los Jueces, denominado así por algunos de los acusados, llegará a su fin.

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Algunos de los acusados, entre ellos, el ex juez Luis Miret. Foto gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
Algunos de los acusados, entre ellos, el ex juez Luis Miret. Foto gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

Son 28 los acusados, aunque originariamente, el expediente contenía a 36, pero por una u otra causa se fue reduciendo hasta llegar al número final. Doce de los que se ubican en el banquillo se juegan una prisión perpetua. Los otros 16 se enfrentan a condenas que van de los 3 a los 22 años. Casi 40 años después de los hechos ocurridos durante la última dictadura militar, algunos de ellos enfrentarán un dictamen judicial por primera vez. Otros, ya saben lo que es escuchar una condena en su contra.

Los jueces

Siempre estuvieron del otro lado, pero desde hace más de dos años se sientan entre los acusados. Se trata de los ex jueces federales Luis Miret, Rolando Carrizo, Petra Recabarren y Otilio Romano.

Los cuatro tienen pedidos de perpetua de la fiscalía. En el caso de Romano, está acusado de partícipe primario en 33 homicidios agravados, 25 hechos de privación abusiva de la libertad, 36 casos de tormentos agravados y un allanamiento ilegal. Además fue acusado de partícipe necesario en cuatro hechos de violación y en cinco de abuso deshonesto, como así también el promover la omisión de una investigación.

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Miret, en tanto, está acusado de partícipe primario en siete hechos de homicidio agravado, 17 secuestros, seis casos de torturas, un allanamiento ilegal y tres robos agravados. Además de partícipe necesario en un caso de violación.

Rolando Carrizo también fue juez durante la última dictadura y está acusado de partícipe primario en dos hechos de homicidios agravados, en 14 secuestros, dos casos de torturas y un allanamiento ilegal.

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Rolando Evaristo Carrizo. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
Rolando Evaristo Carrizo. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

Petra Recabarren es el cuarto ex juez. Está señalado como partícipe primario en 17 casos de homicidios agravados y en cinco casos de privación abusiva de la libertad.

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El ex juez Petra Recabarren. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
El ex juez Petra Recabarren. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

Los otros pedidos de perpetua

Los cuatro jueces no son los únicos que arriesgan la pena máxima. El ex director del Liceo Militar General Espejo, Carlos Horacio Tragant y el ex suboficial mayor José Antonio Fuertes, están acusados de homicidio agravado, de privación abusiva de la libertad y de la aplicación de tormentos. En el primero de ellos, por ocho casos y en el segundo por uno.

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Carlos Tragant. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
Carlos Tragant. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

La Policía de Mendoza también tiene sus acusados con pedidos de perpetua.

Paulino Furió es otro de los acusados. En su haber tiene acusaciones por autorde 25 hechos de privación abusiva de la libertad agravada, nueve casos de aplicación de tormentos agravados, 16 homicidios agravados, la supresión de la identidad de una niña menor de diez años, así como su sustracción, retención y ocultamiento y la falsedad ideológica de sus documentos, un caso de robo simple y dos de robo agravado.

Por un lado, el jefe de la Policía, Alcides París Francisca, está acusado como autor en 22 casos de privación abusiva de la libertad, 18 casos de homicidios agravados, un robo agravado, cinco casos de tormentos y un caso de abuso deshonesto.

Armando Fernández, quien cumplió funciones en el D2, está señalado como autor de 20 casos de privación abusiva de la libertad y aplicación de tormentos. Además está acusado de un homicidio agravado, cuatro casos de violación, diez de abuso deshonesto y uno de asociación ilícita.

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Armando Fernández. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com<br>
Armando Fernández. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

Pablo Gutiérrez también estuvo en el D2 cumpliendo funciones de cabo. Está acusado de coautor de privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos en siete hechos y un caso de homicidio agravado, y como autor de asociación ilícita.

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Pablo Gutiérrez. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
Pablo Gutiérrez. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

Para el ex sub comisario del D2, Luis Rodríguez, y para el agente del mismo organismo policial, Miguel Ángel Tello Amaya, también pidieron prisión perpetua. La Fiscalía los acusó como autor mediato y como coautor, respectivamente, de privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 3 hechos y de 1 caso de homicidio agravado, y a ambos como autores de asociación ilícita.

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Miguel Tello. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
Miguel Tello. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

De 3 a 22 años

El ex jefe del centro clandestino de detención que funcionó en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, Dardo Migno, arriesga una pena de 20 años de prisión, mientras que Juan Ramón Puebla, ex jefe de la unidad militar, se juega una condena a 22 años. Ambos están acusados de privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en ocho casos, y un hecho de abuso deshonesto, en carácter de autores mediatos, y asociación ilícita, como autores.

Rubén Darío González y Julio Héctor Lapaz también arriesgan una condena de 20 años de prisión. Ambos formaron parte del D2 y figuran como coautores de privación abusiva de la libertad y aplicación de tormentos, y en carácter de autores de violación agravada y abuso deshonesto, en perjuicio todos ellos de una víctima. También, fueron acusados como autores de asociación ilícita.

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Héctor Lapaz. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
Héctor Lapaz. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

Una posible sentencia de 18 años de prisión pesa sobre el ex vicecomodoro y ex jefe de la Policía de Mendoza, Mario Alfredo Laporta, por privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados, en carácter de autor mediato, y de asociación ilícita, como autor.

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Mario Laporta. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
Mario Laporta. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

La misma pena solicitaron para el ex cabo del D2, Marcelo Rolando Moroy, como coautor de privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en dos casos, y autor de un caso de violación agravada, dos de abuso deshonesto y asociación ilícita.

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Marcelo Moroy. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
Marcelo Moroy. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

Para el ex sargento del D2 Diego Fernando Morales, se pidió la pena de 16 años de prisión. Lo acusaron de privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en dos casos, en carácter de coautor, y de asociación ilícita, como autor.

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Diego Morales. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
Diego Morales. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

La Fiscalía pidió 15 años de prisión para los ex agentes penitenciarios e integrantes del grupo de tareas de la cárcel local, Oscar Alberto Bianchi y Pedro Modesto Linares, por privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravada, en dos y tres hechos, respectivamente, en carácter de coautores, y como autores del delito de asociación ilícita.

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Oscar Bianchi. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
Oscar Bianchi. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

La misma pena requirieron para el segundo jefe del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial, Ricardo Benjamín Miranda, como autor mediato de privación abusiva de la libertad agravada y de aplicación de tormentos agravados en un hecho, y en carácter de autor de asociación ilícita.

Los fiscales además pidieron 10 años de prisión para el ex subcomisario a cargo de la seccional 13°, Armando Hipólito Guevara, a quien acusó como autor mediato de privación abusiva de la libertad agravada y de aplicación de tormentos agravados en 4 hechos y como autor del delito de asociación ilícita.

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Armando Guevara. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
Armando Guevara. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

También, pidieron 10 años de prisión para los ex oficiales subayudantes de la Comisaría Séptima, Antonio Indalecio Garro y José Antonio Lorenzo, a quienes acusaron en carácter de coautores de privación abusiva de la libertad y aplicación de tormentos en tres hechos, y como autores en dos casos de violación agravada y de abuso deshonesto, y de asociación ilícita.

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Antonio Garro. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
Antonio Garro. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

En tanto, para el ex subcomisario de la seccional 16°, Juan Carlos Ponce, los fiscales reclamaron la aplicación de una pena de siete años de prisión, por haberlo considerado autor mediato del delito de encubrimiento por omisión de denunciar en tres hechos, y como autor de asociación ilícita. Por los mismos delitos, acusaron al ex subinspector de la misma comisaría, Héctor Rubén Camargo, para quien pidieron una pena de seis años y medio de prisión.

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Juan Carlos Ponce. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com
Juan Carlos Ponce. Foto Gentileza: juiciosmendoza.wordpress.com

Para el chofer de la misma dependencia, Miguel Ángel Ponce, pidieron la pena de tres años de prisión por su participación, en grado de coautor, en el delito de encubrimiento por omisión de denunciar.


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