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sábado 17 de septiembre de 2016

Los magistrados publicaron sus declaraciones juradas

Jueces, funcionarios y empleados jerárquicos locales informaron a la Suprema Corte qué propiedades poseen.

Los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de Mendoza presentaron e hicieron públicas sus declaraciones juradas, luego de que fueran invitados por la Fiscalía de Estado a que lo hicieran, como ya lo habían hecho los otros dos poderes del Estado. Cumplieron, por primera vez, pero lo hicieron con algunas salvedades.

En marzo estuvieron disponibles para ser consultadas las declaraciones patrimoniales de más de mil funcionarios de la provincia. El pedido fue realizado por el fiscal de Estado, Fernando Simón, mediante el decreto 1.789/15. En ese momento, con escándalo de por medio por las irrisorias cifras presentadas por algunos sobre el valor de algunos bienes, los jueces dijeron que no iban a darle esa información a la Fiscalía de Estado sino que lo harían ante la propia Suprema Corte.

Para ello emitieron la acordada 27.381, mediante la que dispusieron que "magistrados y funcionarios del Poder Judicial y empleados que tengan a su cargo el manejo de fondos públicos y/o participen en procesos licitatorios, ya sea que ostenten cargos permanentes, temporarios o contratados, por contrato de locación, de servicios u obra, como asimismo los adscriptos", tenían que presentar su declaración.

Tuvieron tiempo hasta el 31 de agosto y lo hicieron mediante dos formularios, uno al que se puede acceder de forma pública a través de la página web del poder, y otro, de carácter reservado, al que se puede llegar siempre que se acredite un "interés legítimo" tras solicitar la información a la Secretaría Administrativa de la Corte que decidirá, luego, si la brinda.

En el anexo público figuran nombre, apellido, estado civil, los bienes inmuebles –el destino que se les da, cómo accedieron a ellos, si les pertenece el total–, los automotores y otros muebles registrables.
En la página están presentes las declaraciones de los seis ministros de la Corte y de su presidente. Todos tienen clase salarial 27 y el único que declaró a qué equivale fue Mario Adaro, quien consignó que a julio de 2016 su sueldo neto –es decir, lo que recibe en mano– fue de $92.543, 87. Este juez declaró sólo tener una casa en San Martín, totalmente de su propiedad, que destina a alquiler y que compró con ingresos propios, y dos vehículos. En campo de "otros bienes registrables", Adaro declaró que tiene ocho obras de arte, más precisamente pinturas. El letrado mostró su aprecio por el arte local: seis son de artistas mendocinos.

Herman Salvini dijo que tiene una casa en Vistalba de casi 150 metros cuadrados cubiertos y un Volkswagen Vento. Julio Gómez declaró que tiene una casa en Maipú, un departamento en Ciudad y una camioneta Renault Duster. Alejandro Pérez Hualde dijo que posee una casa en Chacras de Coria de 400 metros cuadrados cubiertos sobre un terreno de 1.300m2 y un auto que compró en 2014 con la ayuda de un préstamo obtenido gracias al plan Procreauto del Banco Nación.

Jorge Nanclares –llenó el formulario de puño y letra– declaró tener dos casas, una en Las Heras y otra en Tunuyán, y dos vehículos, un Volkswagen Vento y una Suran, todo conseguido con ingresos propios y de lo cual le pertenece la mitad, dado que son bienes que comparte con su esposa. Omar Palermo dijo que tiene una casa en Guaymallén, sobre la que pesa una hipoteca, y un auto.

El presidente de la Corte, Pedro Llorente, dijo que tiene dos casas y un departamento en San Rafael y otro departamento en la ciudad de Mendoza. El auto que dijo que tiene es un Renault Clio Mío. Y posee, además, dos embarcaciones tipo lancha a motor.

Lo reservado

En el anexo II, al que sólo se puede llegar por un pedido expreso hacia la Corte, tenían que declarar, además de lo anterior, los capitales invertidos en explotaciones unipersonales que coticen o no en bolsa, las cuentas bancarias –depósitos y plazos fijos–, las deudas por cobrar y los parientes directos, como hijos menores de edad o cónyuges.

De acuerdo con lo que difundió la Secretaría de Información Pública, el total de declaraciones a presentar es de 1.714. En la Primera Circunscripción Judicial sobre un total de 1.116 declaraciones, se presentaron 1.085, faltando sólo 31 declaraciones. "La Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia evaluará las acciones a seguir en estos casos donde no se hizo la presentación correspondiente", explicaron. Del total de declaraciones, 598 corresponden a magistrados y funcionarios de la Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripción. La del actual procurador, Alejandro Gullé, aparece como juez de la Sexta Cámara del Crimen, ya que realizó la presentación el 28 de agosto, mientras que su designación se produjo el día 1 de setiembre.

Ariel Hernández, ex presidente de la Asociación de Magistrados de Mendoza, dijo que entiende la posición de la Corte al no hacer públicos algunos datos. "La declaración reservada involucra el ámbito familiar, o sea que no son cuestiones que están estrictamente limitadas al magistrado, eso excede la función pública. Es injusto colocar todo, hay que proteger el espacio de los magistrados penales o de familia, no estamos fuera de la posibilidad de sufrir un delito", opinó.

Hernández explicó que en el caso de los jueces de la provincia es fácil acceder a ver cuánto ganan porque todo su sueldo está blanqueado. "Es algo que se puede ver fácilmente", opinó, y agregó que no es tan importante que se sepa cuánto es el valor de los bienes.

"Lo que es más valioso es que con esta exigencia se visibiliza la situación, y es mejor a que no exista ningún tipo de datos. Acá lo que importa es tener consistencia con respecto de los bienes. Yo no podría tener nunca un yate, ni un avión, nada. Es mejor poder visibilizar a no tenerlo", agregó.
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