Mendoza - Mendoza Mendoza
martes 30 de agosto de 2016

Los detalles de la jornada 162 del megajuicio en la que pidieron perpetua para Romano y otros 3 ex jueces federales

El fiscal federal Dante Vega pidió además penas de 3 a 22 años de prisión para otros 16 miembros retirados de las fuerzas de seguridad en los años de plomo.

En la jornada número 162 del megajuicio de lesa humanidad que arrancó hace ya 30 meses, el 14 de febrero de 2014, la fiscalía federal le solicitó ayer al Tribunal Oral Nº1 que cuatro ex magistrados federales y otros ocho militares y policías retirados sean condenados a cadena perpetua por las desapariciones, secuestros, torturas, vejaciones y privación de la libertad de cientos de mendocinos durante la última dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

El fiscal federal Dante Vega pidió además penas de 3 a 22 años de prisión para otros 16 miembros retirados de las fuerzas de seguridad en los años de plomo.

El debate, que arrancó en 2014 con 42 acusados, hoy cuenta sólo con 28 procesados en el banquillo, ya que los que faltan o bien fallecieron o se interrumpió el juicio contra ellos por razones de salud.
A diferencia de los anteriores, el actual juicio oral y público, que ya es el más largo de la historia provincial, se destaca por hitos sin antecedentes locales.

Tiene en el banquillo a los ex magistrados federales de la dictadura y que siguieron siendo jueces en la democracia.

Enjuicia también a los efectivos policiales que prestaron servicios en el D2, el centro clandestino de detención, torturas y desapariciones que funcionó en las mazmorras del subsuelo del Palacio Policial de calle Belgrano, en Mendoza.

E incluye contra varios procesados la acusación de violación sexual por las numerosas vejaciones denunciadas por sobrevivientes detenidos, tanto mujeres como varones, en los años de la dictadura.

La pena máxima
Durante la finalización de los alegatos de la fiscalía federal, esta hizo la solicitud de las condenas por cada uno de los acusados.

Pidió la pena máxima para los ex magistrados federales Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo. Los tres primeros continuaron en sus cargos en la democracia y llegaron a ser jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hasta hace pocos años.

La fiscalía argumentó contra ellos, primero, no haber investigado las desapariciones, secuestros y torturas que los familiares de las víctimas o los propios detenidos denunciaban en los tribunales federales.

Segundo, haber aceptado esas denuncias declarándose competentes para luego rechazar los pedidos de hábeas corpus o archivar las investigaciones.

Tercero, a partir de estas acciones, haber facilitado el plan sistemático de la dictadura militar, siendo considerados una parte indispensable del aparato represivo de la dictadura.

Por ellos la fiscalía pidió la pena de perpetua bajo la acusación de ser "partícipes primarios en concurso real y de conformidad con las figura de homicidio agravado por alevosía, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, robo agravado y asociación ilícita", entre otros.

La acusación contra Romano es por 33 homicidios, 36 tormentos, 5 abusos deshonestos, 25 privaciones de la libertad, 4 violaciones, 1 allanamiento ilegal y 1 omisión de investigar.

A Miret, por 7 homicidios, 17 privaciones abusivas de la libertad, 6 tormentos, 3 robos agravados, 1 violación y 1 allanamiento ilegal.

A Petra Recabarren por 17 homicidios y 5 privaciones abusivas de la libertad.

Y a Rolando Carrizo, por 2 homicidios, 14 privaciones abusivas de la libertad, 2 tormentos y 10 allanamientos ilegales.

Lo que resulte de este juicio plantará un antecedente a nivel nacional, porque si bien ya han sido condenados ex jueces federales en otras provincias, aquí están en el banquillo quienes fueran las máximas autoridades de la Justicia federal de Cuyo en los últimos años.

En cuanto a los ex miembros de las fuerzas de seguridad, también se reclamó la pena máxima para José Fuertes, Carlos Tragant, Paulino Furió, del Ejército, y Alcides París Francisca, Armando Fernández, Pablo Gutiérrez, Luis Rodríguez y Miguel Ángel Tello, de la Policía.

Luego pidió 22 años de cárcel para Ramón Puebla (militar); 20 para Dardo Migno (militar), Julio Lapaz (D2) y Rubén González (D2); 18 para Mario Laporta (jefe de la Policía) y Marcelo Moroy (D2); 16 para Diego Fernández (D2); 15 para Pedro Linares (penitenciario), Oscar Bianchi (penitenciario) y Ricardo Miranda (D2); 10 años para Armando Guevara (comisario), Antonio Garro (policía) y José Lorenzo (policía); 7 para Juan Carlos Ponce (subcomisario); 6 años y 6 meses para Héctor Camargo (policía) y 3 para Miguel Ponce (policía).

Llega la hora de las defensas antes de la sentencia final
Concluidos los alegatos de la acusación, llega ahora la hora de la defensa de los 28 acusados. Los abogados tendrán su oportunidad para argumentar por qué sus defendidos no deben ser condenados como lo está pidiendo la fiscalía.

Por la cantidad de procesados sentados en el banquillo y el gran número de causas se especula con que los alegatos de la defensa se extiendan por dos o tres meses más, salvo que las mismas sólo se ciñan a plantar nulidades con el fin de recurrir después de la sentencia a la Cámara de Casación Penal y la Corte de la Nación.

Cuando las defensas concluyan sus alegatos llegará el turno del tribunal para decidir quién es culpable y quién es inocente.

-Un tercio menos. El juicio oral y público se inició con un total de 42 acusados en el banquillo, de los cuales hoy quedan sólo 28 ya que los que faltan o bien fallecieron o se anuló el juicio por razones de salud.
-30 meses. El tiempo que lleva este juicio de lesa humanidad, que arrancó en febrero de 2014, es muy probable que llegue a los tres años, de audiencia porque falta la defensa y la sentencia.
Fuente:

Dejanos tu comentario

Más Leídas