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sábado 15 de octubre de 2016

La unidad fiscal especial de violencia de género funcionará en el Palacio Policial

Se están haciendo obras en el edificio para separar al victimario de las víctimas. Esperan que esté lista antes de fines de año. Tendrá 3 fiscales y 4 empleados por cada uno.

Finalmente la unidad fiscal especial para tratar los casos de violencia de género funcionará en el Palacio Policial de Ciudad, tendrá tres fiscales, cuatro empleados por cada fiscal y estará lista para trabajar antes de fines de año. En las circunscripciones judiciales donde no esté aplicado el Código Procesal Penal, serán especializadas las secretarías de las unidades fiscales comunes. Y donde tampoco existan unidades fiscales, será la policía la que tomará las denuncias.

Por supuesto que para colocar los cimientos de esta nueva institución judicial hubo que tomar fiscales de las unidades departamentales, trasladar psicólogos y trabajadores sociales de sus habituales puestos de trabajo donde desempeñaban tareas administrativas –desde ahora se les reconocerá económicamente su título– y hasta tabicar esas oficinas de modo tal que la víctima no se cruce con el victimario. Incluso la entrada será por la calle Virgen del Carmen de Cuyo.

Esto significa que el Ministerio Público no contará con fondos extraordinarios para poner en marcha una de las medidas claves para frenar el avance de los casos de violencia de género, sino que tomará lo que tiene y lo redistribuirá.

Así lo describió la coordinadora del organismo, María Teresa Day, durante su presentación ante la Comisión de Hacienda de Diputados, que fue breve por la escasa presencia de legisladores aunque hubo, por lo menos, uno de cada partido.

Day detalló que "estamos arreglando un espacio físico en el Palacio Policial, sacando archivos para despejarlos y trasladar el personal policial. Lo estamos haciendo con recursos propios y con personal de mantenimiento del Ministerio Público. Yo soy optimista y creo que antes de fines de año vamos a terminar".

Además, en todo un piso del mismo edificio estará el Banco de Huellas Genéticas, el que tendrá como base de datos una similar a la que usa el FBI. Según la funcionaria, "se trabaja en comunicación con el Ministerio de Seguridad de la Nación para tomar el software CODIS del FBI, que es gratuito. Vamos a adaptar el edificio que tenemos a los requerimientos de estos programas. También hemos solicitado móviles a la Nación para la identificación de los procesados. Son aquellos que se utilizan para hacer los DNI".

Respecto a los recursos, es la primera vez que tendrá total independencia de la Suprema Corte para manejar el 35% del cobro de las tasas judiciales, con lo cual tendrá un recurso más directo para las reformas del Ministerio Público.

El presupuesto solicitado por el organismo que comanda Alejandro Gullé fue superior a los $1.117 millones, pero el Gobierno decidió presentarlo con $54 millones menos, por lo que quedará en $1. 066 millones.

Pero según Day no sería un problema porque habrá aportes de otros lados para el programa de Huella Genética y el aumento salarial. De todos modos, con esos aportes tendrán unos $20 millones menos de lo solicitado, lo que requerirá mayor tiempo para poder avanzar en cada uno de los planes del 2017.

Por otra parte, la funcionaria pidió que se termine de aplicar el Código Procesal Penal en la Primera Circunscripción, en Luján y Maipú, fiscalías que acumulan grandes cantidad de causas, con la complementación de los juzgados de flagrancia, que ya tienen designados jueces y fiscales.

Además indicó que está previsto llegar con la implementación del Código al Sur y al Valle de Uco.
El presupuesto para la Corte

El monto calculado para la Suprema Corte para el ejercicio fiscal 2017 asciende a $2.517.304.466,17 mientras que para el Jury de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura y la Junta Electoral se prevén $17.460.549.

Esto significa 20% menos de lo pedido al Gobierno, lo que ha molestado en cierta forma a los supremos, según dejó entrever Mónica González,administradora general del Poder Judicial, quien dijo que "es 20% inferior a lo pedido, nada más ni nada menos. El gasto de personal se lleva el mayor porcentaje del presupuesto anual porque es un poder de servicio que necesita gran cantidad de personas para prestarlo con eficiencia", y subrayó que el área de justicia provincial se prepara para desarrollar los nuevos programas: minoridad y familia, violencia de género y descentralización de los juzgados de familia en los distintos departamentos de la provincia. "Nosotros queremos llevar la justicia adonde hace falta, acercarla al ciudadano, pensando esto como un nuevo concepto de servicio".

Respecto a la necesidad del Poder Judicial de contar con más infraestructura, dijo que se ha realizado un relevamiento y se concluyó que hacen falta 8.700 metros cuadrados para que todas las dependencias del Poder Judicial estén en edificios propios.

"Tenemos en cuenta el inmueble de la Dirección de Administración de Activos de los ex bancos oficiales y de terrenos del Gobierno nacional que fueron de Ferrocarriles para comenzar a construir", señaló.

La funcionaria pidió a los legisladores que se libere la restricción sobre a qué tipo de gastos debe ir destinada la Tasa de Justicia, que ascenderá, en concepto de recaudación a través de ATM, a $96 millones en 2017.

Explicó que "en 2002 esta tasa era sólo para construcción, luego fue avanzando y se utilizó también para gastos corrientes de funcionamiento y hoy se necesita que la Legislatura nos permita utilizar estos fondos en la medida en que los vayamos necesitando".
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