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domingo 02 de octubre de 2016

La Salada mendocina está sin luz y para su dueño es un problema político

Además, la municipalidad dispuso que se paralizara la construcción de locales por no cumplir el Código de Edificación. El propietario del megapolo comercial minimizó el problema y aseguró que pronto estará todo en regla

"Todo lo que hago me sale bien", dice Jorge Castillo, antes de hacer una pausa en la conversación para pagar el peaje en una autopista de Buenos Aires. "Y me sale todo bien porque trabajo mucho. Hoy salí a las 6 para llevar a mis hijos al colegio, y recién estoy volviendo". Son casi las 19.30 y el "administrador de la feria más importante del mundo", como lo define uno de sus muros de Facebook, responde las consultas de Diario UNO a través del sistema celular de manos libres de su auto.

No le preocupa que hace varios meses esté cortada la energía eléctrica del Megapolo La Salada de Cuyo, en Santa Rosa. Tampoco que la municipalidad haya ordenado paralizar la construcción de las naves de la feria por no cumplir con el Código de Edificación. Menos aún que la intendente interina Norma Trigo haya tomado la decisión de no otorgarle la habilitación "hasta que se cumplan con todos los requisitos, aunque no podemos clausurar la feria porque dejaríamos a muchos santarrosinos sin trabajo", reconoce la intendente interina.

La única preocupación de Castillo en este momento es pagar el peaje con el cambio justo, para no retrasarse. Lo que se diga en Santa Rosa lo tiene sin cuidado, pero sostiene que sus representantes en Mendoza "ya están presentando todo para que esté todo como piden los de la municipalidad".

El Megapolo La Salada de Cuyo comenzó a funcionar el 21 de setiembre de 2013. Unos días antes, el 30 de agosto y en medio de los festejos patronales, acompañado por los entonces intendente Sergio Salgado y gobernador Francisco Pérez, Castillo había desembarcado en la villa cabecera con sus feriantes. El día Del Estudiante las tiendas se instalaron en el descampado sobre la Ruta 7, que había comprado el empresario para montar el megapolo. Sin encuadre legal en la ordenanza fiscal y tarifaria municipal, Salgado les dio una habilitación provisoria. Así funciona aún, pese a que hace unas semanas el Concejo Deliberante creó una nueva categoría de Paseo de Compras. Allí no han entrado la AFIP ni la Subsecretaría de Trabajo. Sólo ATM hizo alguna inspección.

Mientras se acerca a su casa, Castillo sostiene que ahora no deberían tener tantos problemas para funcionar porque "cuando empezábamos funcionábamos diez veces peor y no había problemas".

Parece que para el empresario no es un gran inconveniente que el Entre Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) haya ordenado cortar el suministro de energía en la feria por considerar que las instalaciones son muy precarias. "Es un problema político. Lo que pasa es que el director del ente es amigo del que está preso (Salgado), que es el que ordenó que me cortaran la luz. ¡Es un atropello a la razón! Me habilitaron la feria cuando estaba en una carpa, con los cables colgando, y ahora me cortan. Es un atropello político y del Gobierno. ¡Me da bronca! Eso pasa porque yo no estoy allá. Si estuviera, junto gente¡y me hago un asado en el Ente ese!", dice. También sostiene que la feria santarrosina ha sufrido dos robos (uno de ellos fue con armas) por culpa de la falta de energía.

Esas dos causas penales dieron origen a una tercera, muy curiosa e impensada. Un joven que trabajaba en La Salada dijo en la Fiscalía que había sido testigo de uno de los robos y que había reconocido a un feriante. Sin embargo, al ser interrogado más detenidamente, cambió sus dichos.
Dijo que un policía que cumplía el servicio adicional en la feria lo había llevado a la fuerza a la oficina de dos de los administradores y que estos lo habían amenazado, cargado a la fuerza en un auto y lo condujeron a la fiscalía con la orden de involucrar en el robo al feriante, que supuestamente es integrante del grupo de "amotinados" que pretende abrir una feria paralela a metros del megapolo de Castillo. La Fiscalía terminó imputando a los administradores por instigación al falso testimonio y amenazas, mientras el policía fue acusado de privación ilegítima de la libertad.

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