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domingo 08 de mayo de 2016

La reincidencia criminal favorece la idea de agravar la prisión preventiva

Junto con la reiterancia fueron detectadas por el equipo del gobernador como causales de que Mendoza aparezca en segundo lugar en el país por la cantidad de delitos en el 2015.

Las estadísticas delictuales del país muestran a Mendoza en rojo furioso. Con 64.239 robos denunciados en el 2015, la provincia ocupa el segundo puesto en el ranking nacional, sólo superada por Buenos Aires. Atento a estos números, y necesitando de un proyecto que contara con el respaldo popular, el gobernador Alfredo Cornejo pidió a sus especialistas en seguridad un análisis de las causas y recibió, entre otros datos, un documento de 51 páginas en el que resaltaban dos palabras: reiterancia y reincidencia (de los delincuentes).

Según evaluaban esos analistas, el alto índice de delitos no se debía a un descontrolado crecimiento de maleantes, sino a que cada vez más reiteradamente los mismos ladrones cometían más atracos.
Además, basándose en aplicar la ley más benigna, muchos jueces que debían evaluar si darles prisión preventiva no tenían en cuenta si eran reincidentes, sino que sólo analizaban si el delito que se les endilgaba en ese momento era excarcelable –como es el caso de un robo simple– y de ser así optaban por darles la libertad hasta el juicio, tiempo que muchos empleaban en profesionalizar su performance delictiva.

El punto clave es entonces controlar esa reiterancia –cuando un ladrón roba varias veces sin recibir ni una condena– y esa reincidencia –el que recibió condena, salió de la cárcel y volvió a delinquir– logrando que esos maleantes pudieran permanecer detenidos mientras llegaban a un juicio que definiera si eran culpables o inocentes. Eso sólo se lograría modificando los casos en que cabría aplicar una prisión preventiva. Y fue este razonamiento lo que derivó en el proyecto de ley que fue la estrella del discurso gubernamental del 1 de mayo.

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Cambios en la prisión preventiva
Aquella subjetividad de los jueces que muchas veces hacía que dudasen en cuándo correspondía otorgar una prisión preventiva quedaría zanjada si el proyecto se convierte en ley, ya que define 3 casos específicos: los de flagrancia, cuando el delincuente es sorprendido in fraganti cometiendo el delito; aquellos en los que se entienda que hay pruebas para sostener que se trata de un delito que de llegar a juicio no podría tener una condena condicional, ya sea por la naturaleza del delito, como por la cantidad y tipo de delitos que se le atribuyan al imputado. Aquí entra en juego la reincidencia del delincuente y se apela al artículo 22 de la Constitución provincial, en donde se habilita a la Legislatura a imponer a estas situaciones como causales de limitación de la libertad.

Y por último establece los casos en que se considere que hay "riesgo procesal", es decir cuando se piense que de dejar en libertad al acusado, este puede destruir pruebas en su contra, amenazar a testigos, poner en riesgo a la víctima o fugarse.

Así, una vez que se produzca la detención e imputación de una persona como sospechosa de un delito, el fiscal tendrá hasta 10 días para pedir la audiencia oral y pública en la que un juez de garantías definirá si otorga la prisión preventiva. Con la solicitud en mano el juez tendrá sólo 2 días para fijar el día de la audiencia.

"Se refiere a ‘escondidas’ a los extranjeros"
“Un punto que me preocupa del proyecto es el tema de cuándo se considera que hay riesgo procesal para dictar la prisión preventiva. Entiendo que los jueces contarían con la ayuda de criterios laxos, que dejan abierta la posibilidad de decisiones discrecionales y hasta en cierto punto xenófobas, como por ejemplo al establecer la falta de arraigo como una posibilidad del peligro de fuga. Ahí se refiere a ‘escondidas’ a los extranjeros”, puntualizó el diputado Lucas Ilardo, quien dijo que con algunos cambios podría acompañar el proyecto del gobernador.

OPINIONES
David Mangiafico, Juez de garantías: “La oralidad da transparencia y acelera el proceso”
“Si se convierte en ley será provechoso, porque además de establecer parámetros y plazos para la prisión preventiva, plantea que se defina en una audiencia oral y pública que hará transparente el proceso y lo acelerará notoriamente”, analizó el juez David Mangiafico.

Según la experiencia del magistrado, el hecho de que se incluya a la reincidencia como determinante para la prisión preventiva “va en consonancia con el Código Penal, que en el artículo 41 la contempla como un factor que aumenta la pena. Acá hemos tenido un caso de reiteración de 22 estafas económicas, cuyo acusado sigue en libertad porque cumplía con los requisitos del sistema actual que exigía tener un domicilio fijado y trabajo. Además si desde acá definíamos la prisión preventiva, luego la apelaban y una cámara terminaba revocándola”, confió.

En su entender, significará un avance al dinamizar la definición: “Hoy cada juez dicta en promedio 3 prisiones preventivas por semana sin siquiera conocer la cara de los acusados. En este caso, en una audiencia oral y pública, el acusado podrá defenderse de lo que se lo acusa, y allí mismo sabrá la definición de su causa. Además el juez con las pruebas presentadas resolverá en 30 minutos lo que antes le llevaba días que empleaba en escribir 15 fojas”, apuntó Mangiafico.

José Valerio, Segunda Cámara del Crimen: “Es importante que se unifique en toda Mendoza”
“Este proyecto viene a racionalizar y ordenar el sistema y es un acierto definir que se aplique en toda la provincia, porque nosotros tenemos la particularidad de que acá conviven dos códigos procesales, el nuevo en el Gran Mendoza y el Este y el anterior en el resto de la provincia. Unificarlo es un acierto porque de otra manera no se podría aplicar”, analizó el juez José Valerio, quien además es profesor de la cátedra de Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNCuyo.

El magistrado puso el acento en que la iniciativa define puntualmente que la prisión preventiva se otorga cuando se considera que hay riesgo procesal y estipula casos concretos: “Por un lado le acota al juez las situaciones en que debe considerar el riesgo procesal, porque eso hasta ahora era muy subjetivo y algunos lo consideraban según la cara del acusado o la presión social que había sobre el caso. Desde ahora queda bien establecido un catálogo de cuándo existe ese riesgo”, puntualizó, y añadió que contemplar la reincidencia evitará que se den situaciones que hoy llegan a esa cámara: “Nos llegó un acusado de robo agravado que tenía 10 causas y había estado en libertad, algo que evidentemente era problemático, ahora en el segundo delito ya estaría preso”, concluyó el juez.

Daniel Cassia:“Si estuviera en el recinto la apoyaría con las dos manos”
El ex legislador y ex presidente de la Bicameral de Seguridad Daniel Cassia analizó el proyecto y no pudo dejar de recordar que él presentó uno muy similar en 2006, cuando el gobernador Alfredo Cornejo era el ministro de Gobierno de Julio Cobos.

“En aquel momento no tuve el respaldo que necesité y hay que decir que la coyuntura de la provincia y el país era otra. Hoy, para ser coherente, si estuviera en la cámara apoyaría el proyecto con las dos manos porque estoy convencido de que el 70% de los delincuentes que han tenido condena son reincidentes. Le veo una sola falencia y es que no dice dónde alojará a los presos”, puntualizó el abogado.



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