Mendoza - Tupac Amaru Tupac Amaru
miércoles 06 de septiembre de 2017

La octava cámara, la misma que zafó en el 2013 de ser enjuiciada

Se trata de la Octava Cámara del Crimen de Mendoza, con sus tres integrantes Luis Correa Llano, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas.

La Octava Cámara del Crimen de Mendoza, con sus tres integrantes Luis Correa Llano, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas, fue creada como Cámara de Apelaciones en lo Penal sólo para resolver los planteos recibidos en las otras 7 cámaras. Se convirtió en lo que es actualmente en noviembre pasado cuando se sancionó una ley que impulsó Alfredo Cornejo -la 8934- y que buscaba distribuir las apelaciones entre las 8 cámaras y quitarle a ésta la potestad de ser quien definiera en última instancia.

Ahora volvió a la fama esta cámara con el caso Tupac Amaru.

Cuando estos 3 jueces tenían aquella potestad judicial, en 2013 recibieron un pedido de Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones, que encabezó el ex legislador Daniel Cassia.

Fue después de que el ex diputado y Osvaldo Quiroga (padre de Matías, el joven asesinado en 2012 por un ex preso que había recibido beneficios carcelarios) cuestionaran el desempeño del juez de Ejecución Penal, Eduardo Mathus y luego con el aval de los senadores Gustavo Valls (Pro) y Gustavo Cairo (Pro) y la diputada Patricia Gutiérrez (Unidad Popular), pidieron el Jury a los camaristas.

"En aquel momento, cuando cuestionamos el accionar de Mathus, con unos 25 casos de beneficios carcelarios infundados, este se escudó en que si no fallaba así, la defensa de los internos apelaba y la Cámara de Apelaciones les terminaba otorgando lo que pedían", recordó Cassia que acusaba a los camaristas de "menoscabar el régimen progresivo de la pena; de falta de congruencia en sus criterios; de interpretar contradictoriamente los informes técnicos lo que no permite sentar jurisprudencia y, en última instancia, viola el derecho de defensa", todo lo que entendía tenía como fin liberar a los presos anticipadamente.

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Casos testigos
Para demostrar aquel mal desempeño, en su momento los denunciantes sumaron varios casos de beneficios carcelarios a internos que los usaron para volver a delinquir.
El más representativo tal vez sea el de Rolando Villegas, condenado a 9 años por robo agravado y portación de armas, un reincidente que tenía una condena previa y una libertad condicional revocada.

Por ese entonces, su defensa pidió la libertad condicional, pero el Informe Técnico Criminológico no lo recomendó y el juez Mathus compartió la negativa. Sin embargo, su abogado apeló y la Cámara de Apelaciones se la otorgó. Días más tarde Villegas volvió a delinquir y fue la Suprema Corte mendocina quien le revocó el beneficio.

"Lo mismo pasó con el hombre acusado de violar y embarazar a una discapacitada, con una pena de 10 años. Él pidió el beneficio y fijó domicilio en una casa de Tunuyán en donde había menores. Igual se la otorgaron", recordó Cassia.


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