Mendoza - Tupac Amaru Tupac Amaru
jueves 07 de septiembre de 2017

"La octava cámara del crimen se equivoca groseramente"

Para la fiscal penal Gabriela Chaves, que investigó a la Tupac Amaru, la resolución de los jueces fue política y para dejarla fuera de juego.

La fiscal a cargo de la investigación contra la Tupac Amaru, Gabriela Chaves, no dudó en responder que el fallo de la Octava Cámara del Crimen que dejó sin efecto la imputación por asociación ilícita y otros delitos contra Nelly Rojas y su familia fue político, y se hizo así para dejarla fuera de juego.

Chaves, quien aún trata de digerir la resolución, respondió afirmativamente cuando le preguntaron si la decisión de los jueces había sido de carácter político y no jurídico.

Agregó que el fallo "es arbitrario" y ratificó que irá con un recurso de Casación a la Corte provincial para intentar revertir la decisión de la Cámara, bajo el argumento de que "el fallo está lleno de contradicciones".

Sin vacilar sentenció: "Para mí, la Cámara se equivoca groseramente".

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Nelly Rojas, líder en Mendoza de la Tupac Amaru.
Nelly Rojas, líder en Mendoza de la Tupac Amaru.

El debate que se ha desatado en los pasillos de la Justicia de Mendoza por este tema no es menor, porque hay otro jueces que opinan que el fallo de la Cámara es correcto y que la que está equivocada es la fiscal.

De hecho, la primera señal que tuvo Chaves fue hace cuatro meses, cuando pidió 25 allanamientos contra la Tupac y la jueza de Garantías Alejandra Mauricio se los rechazó con los mismos argumentos que esta semana usó la Octava Cámara del Crimen para desincriminar a los acusados y ponerlos en libertad.

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Ramiro Javier Salinas; Alejandro Miguel y Luis Correa Llano, de la octava cámara del crimen.
Ramiro Javier Salinas; Alejandro Miguel y Luis Correa Llano, de la octava cámara del crimen.

La fiscal no estuvo de acuerdo con la respuesta de Mauricio. Más adelante, la jueza de Garantías María Cristina Pietrasanta apoyaría la hipótesis de Chaves, lo que llevó a la defensa a pedirle a la Octava Cámara del Crimen que revisara esa decisión.

El tribunal no dijo que Nelly Rojas sea inocente sino que respondió que los delitos por los que estaban acusados y detenidos ella y su familia no reunían los elementos de prueba suficiente en esta etapa para mantener la acusación.

La fiscal cree que la exigencia de la Cámara es deliberada y con un fin que va más allá de lo jurídico. Así lo dio a entender cuando respondió con un "sí" a la pregunta de si los jueces de la Cámara le habían puesto la vara muy alta con el objetivo de dejarla fuera de juego.

Chaves agregó: "Hay un estándar probatorio de acuerdo con la etapa en que se transita del proceso de investigación, y en este caso el estándar que exigió la Cámara es el que hace falta para una condena en un juicio" y no para esta etapa previa.

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Qué dijo la Octava Cámara
El tribunal desincriminó a Rojas, a su marido, a dos hijas y a la nuera del delito de asociación ilícita, por entender que los requisitos que exige esa figura legal para sostener la acusación no estaban demostrados. Se basó en fallos de la Corte de Mendoza y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Explicó en su resolución que la asociación ilícita es un acuerdo para delinquir consumado por una organización de carácter criminal o que deriva en esta, que comete una serie indeterminada de delitos.

Esto quiere decir que monta "una pluralidad de planes delictivos", cuya ejecución es permanente y continuada, refiriéndose a que está constantemente delinquiendo.

Que además opera bajo una férrea organización interna con jerarquías y funciones y que lo que castiga la figura con hasta 10 años de cárcel es el acuerdo previo de sus integrantes para conformar una organización criminal, pacto que se prueba a partir de los hechos delictivos que luego se producen y de su funcionamiento.

El ejemplo más práctico y más sencillo de una asociación ilícita sería el de una organización mafiosa, que opera de forma constante con distintas actividades delictivas.

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En ese escenario es que los jueces de la Octava Cámara concluyeron que la Tupac Amaru mendocina no califica para esa acusación porque, argumentan, la Tupac se conformó como una asociación lícita, que intermedió en la construcción de viviendas a través del Estado y que fueron construidas, además de desarrollar otras actividades sociales.

Pero sobre todo recalca que entre la creación de la Tupac en 2007 y el primer hecho denunciado en 2011 pasaron 4 años, y que los siguientes hechos se denunciaron en 2015.

Los camaristas expresan que no está acreditada la actividad delictiva continuada y permanente ni tampoco el acuerdo que exige la figura.

Además, le reprochó a la fiscal haber basado la investigación en un presunto fraude por el uso de los fondos para vivienda, que es investigado por la Justicia Federal, que aún no concluyó y en la que ella no tiene competencia legal para intervenir.
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