Mendoza - Femicidios Femicidios
viernes 30 de septiembre de 2016

"La muerte de Ayelén Arroyo era evitable"

Es el argumento del Gobierno de Mendoza, que pidió el juicio político del fiscal Sidoti por no actuar como debía al recibir la denuncia de la chica asesinada el miércoles.

El Gobierno de Mendoza y legisladores de ambas cámaras, de todas las fuerzas políticas, pidieron el juicio político del fiscal Fabricio Sidoti por mal desempeño. Fue cuando investigó la denuncia por abuso sexual que Ayelén Arroyo (19) presentó contra el padre el miércoles 14 de septiembre, dos semanas antes de que este miércoles la chica fuera degollada en su casa, en Ugarteche. Entienden que Sidoti pudo haber acusado y ordenado la detención de Roque Arroyo, quien está preso por el crimen, el tercer femicidio ocurrido en Mendoza en menos de una semana.

El tratamiento que Sidoti dio a la denuncia de Ayelén por abuso sexual –sufrido cuando tenía 15 años– puede costarle el cargo. Una vez que escuchó la sucesión de los hechos y detalles sobre el entorno familiar, sólo pidió una pericia psicológica para la víctima para verificar que no estuviera fabulando, mientras al victimario sólo lo demoró unas horas, no lo investigó ni pidió pericias sobre él, y luego le impuso la restricción de acercamiento, sabiendo que había fijado domicilio a muy poca distancia de la vivienda que Ayelén ocupaba junto con su hermanito de 11 años y su pequeña hija de un año, en el barrio Las Rosas.

Además, una vez obtenida la pericia psicológica de Ayelén, donde quedaba confirmado que la joven no mentía, el fiscal pudo imputar y solicitar la prisión preventiva del padre el 16 de septiembre, pero no lo hizo.

Dalmiro Garay, ministro de Gobierno, informó junto al subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino, que el pedido de Jury fue ordenado por el gobernador Cornejo, ya que del expediente se desprende que "en el procedimiento seguido tras la denuncia de Ayelén el fiscal no habría actuado de la manera en que debió hacerlo. Hay una causal de mal desempeño, porque la denuncia se presentó el 14 de setiembre. Ese día Ayelén hizo la denuncia junto con su hermano y fue acompañada por personal del OAL. Esto es importante porque Ayelén acudió al Estado a pedir ayuda, para que le brinde seguridad, y el Estado falló". Y tras describir el accionar del fiscal Sidoti y calificar el relato hecho por la joven mujer de "desgarrador", el ministro concluyó: "Creemos que esta muerte era evitable".

D'Agostino consideró: "Hemos pedido el Jury porque entendemos que Sidoti ha incurrido en mal desempeño de sus funciones, ya que era evidente la violencia familiar en que vivía la víctima y no la protegió". Es que según el relato que hizo Ayelén, además de intentar abusar de ella, contó que su hermana mayor había sufrido el mismo trato, razón por la cual había dejado la casa familiar hace tiempo, y que temía por la integridad de su hermano menor y de su pequeña hija.

Una versión indica que la chica había renunciado a su trabajo, angustiada porque tenía que dejar a los niños al cuidado de su padre, Roque Arroyo, además de tener constantes cruces con él porque se quedaba con el dinero de su empleo.

El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, inició un sumario administrativo contra Sidoti para conocer cuál fue su proceder y si realmente tenía elementos para actuar con mayor firmeza sobre el denunciado. De todos modos, una vez conocida la noticia del Jury, el funcionario judicial evitó opinar ya que aún no tenía detalles de la acusación realizada desde el gobierno.

Esta no fue la única reacción oficial el día después de los femicidios y de la multitudinaria marcha pidiendo Justicia para las víctimas y un freno para la violencia de género que padecen cientos de mendocinas.

Casi al mismo tiempo que era conocido el pedido de Jury contra el fiscal Sidoti, en la Suprema Corte de Justicia culminaba una reunión entre los miembros del tribunal, la vicegobernadora Laura Montero y el procurador. Aunque no hubo definiciones sobre la puesta en marcha de la fiscalía especial destinada a investigar los delitos enmarcados en la violencia de género, ya que aún no está determinado ni el lugar dónde funcionará, con qué cantidad de fiscales y con qué elementos, a pesar de la urgencia que muestra la situación. El procurador reconoció que llegan tarde a las medidas al comentar que "esto nos explotó en las manos"y, por otro lado, justificó el atraso al decir que "hay que admitir que no es común que haya tres femicidios en tres días". Según Gullé, "es preferible tardar un poco más (en abrir la nueva unidad fiscal) antes que improvisar". Indicó también que "deben convocar a fiscales que estén ya trabajando en la temática", pero para eso hay que analizar qué fiscales se harán cargo de las unidades que queden vacantes una vez hecha la reingienería. Estimó que antes de fin de año, todos los enroques estarán terminados. "Es necesario agregar a todas estas medidas una suerte de coordinación entre la Justicia de Familia y la Penal ".

Por lo pronto, es posible que la Corte emita una acordada para que los jueces de Familia y de Paz de toda la provincia sigan un protocolo para recibir las denuncias de las víctimas y estén habilitados para tomar las medidas preventivas correspondientes, mientras son mejor organizadas las fiscalías donde rige el nuevo Código Procesal Penal y esperan ser integradas en un futuro las correspondientes a las zonas Sur y Valle de Uco.

Montero detalló que "los juzgados de Familia y de Paz deben actuar de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Violencia de Género, para tomar medidas preventivas, y deben tener personal capacitado para eso. Es fundamental y habría que acordarlo con la Justicia. Pero no todo recae sobre el Ministerio Público Fiscal porque no está completo en todas las circunscripciones donde rige el Código Penal o muchas mujeres van directamente al policía con la idea de que las víctimas puedan ser orientadas a cualquier juez porque todos son competentes. Esas instrucciones hay que bajarlas a los juzgados de Familia y de Paz, para que los pueda acompañar un equipo interdisciplinario auxiliar que aborde a la víctima y al agresor, más todos los mecanismos que se implementarán desde el Ejecutivo, como los refugios, la ayuda económica a las mujeres y el mejoramientos de la línea 144 para denunciar esa violencia".

Otra hija lo denunció
Una hermana de Ayelén llegó a Mendoza desde Salta y acusó al padre –preso por el crimen– de haberla sometido, por lo que será imputado por abuso sexual agravado con acceso carnal.

Desgarrador
La chica declaró que el padre la embarazó y que la llevó a Salta para que abortara. Pero que ella siguió adelante con el embarazo y tuvo a su bebé.

Ofrece prueba clave
Para aportar mayor credibilidad a la acusación, ofreció que el pequeño sea sometido a un ADN para demostrar que el menor es hijo de su padre y abuelo. Esta prueba de laboratorio se haría en fecha a determinar, ya que el pequeño está en Salta.
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