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jueves 15 de junio de 2017

La Justicia sobreseyó al ex fiscal de Estado Joaquín De Rosas

Comprobó que él y la esposa tenían el dinero suficiente y más, para comprar el terreno que poseen en el Dalvian.

La Justicia de Garantías de Mendoza sobreseyó el ex fiscal de Estado Joaquín de Rosas y a su esposa del delito de enriquecimiento ilícito.

La decisión de la magistrada Patricia Alejandra Alonso, titular del Cuarto Juzgado de Garantías, está basada en que De Rosas y Viviana Noemí Quiroga justificaron fehacientemente el incremento patrimonial ocurrido en el 2000.

Esta resolución echó por tierra la acusación de los denunciantes y querellantes, Alberto Ortubia, ex empleado de Dalvian, y su esposa, Ana Federici, quienes atribuyeron a De Rosas la posesión de un terreno en el barrio privado Dalvian como consecuencia de una dádiva recibida durante la función pública.

La audiencia decisiva se celebró en el Palacio Judicial y fue oral.

Alonso terminó aceptando el planteo de los defensores Juan Carlos Ruiz y Emiliano Ruiz de sobreseer al matrimonio De Rosas por la inexistencia del delito, lo que coincidió con la postura previa del fiscal instructor Juan Manuel Bancalari.

Para la Justicia, De Rosas no se enriqueció de modo ilícito, como le atribuyeron en la denuncia, sino que, de acuerdo al cúmulo de pruebas presentadas y de los peritajes realizados posteriormente por orden judicial, el patrimonio matrimonial aumentó de manera lícita y comprobada, lo que no configura delito penal alguno.

En el expediente 89.036 iniciado en 2010 queda demostrado que la mejora se produjo gracias a que los De Rosas cobraron, en el 2000, el seguro de vida en dólares de Samuel De Rosas, hermano del ex funcionario extrapoder, que falleció.

El monto, que rozó los $70.000 (ya el importe había sido pesificado) fue liquidado por la compañía aseguradora La Caja en dos pagos: $4.000 y $64.900, ambos realizados con cheques del banco Patagonia. La numeración y demás datos identificatorios de esos instrumentos cancelatorios figuran detalladamente en el expediente.

De acuerdo a lo establecido por el Código Penal en su artículo 268, inciso 2, la investigación sobre De Rosas y la esposa se centró en el origen del aumento patrimonial, ya que el delito de enriquecimiento ilícito queda configurado exclusivamente cuando los denunciados "no justifican –especifica la norma– la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable".

Al margen del análisis jurídico debe quedar, y en este caso fue así también, las acciones u operaciones que los acusados puedan o no haber hecho con ese dinero, ya que el foco está puesto en el cómo accedieron a esos fondos.

Sin embargo, las pruebas ofrecidas por la defensa del matrimonio De Rosas, a través de los defensores Ruiz, derivaron en peritajes oficiales dispuestos por el Poder Judicial.

Finalmente, quedó demostrado que los De Rosas tenían el dinero suficiente, y aun más, para concretar la compra del terreno en el Dalvian, lo que también se verificó.

La historia del caso
Claudia Ríos fue la primera fiscal del caso. Ella imputó al matrimonio De Rosas antes de que ambos tuvieran la chance de justificar el origen del aumento patrimonial, decisión que para algunos especialistas fue errónea.

Más tarde, Joaquín De Rosas fue sometido a juicio político –finalmente fue destituido– y la magistrada se apartó de seguir investigando.

El proceso sin resolver quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Bancalari, quien ordenó producir diversas pruebas y recién la semana pasada consideró, tras una demora objetada por los defensores, que los De Rosas debían ser sobreseídos.

"En marzo de 2000 nuestra familia contó con la suma en cuestión, la fue luego empleada en la adquisición del inmueble, motivo de cuestionamiento en esta causa", dijo De Rosas.

7 años
El proceso penal. Comenzó en la fiscalía a cargo de Claudia Ríos, que imputó a los De Rosas y se apartó para dejarlo en manos de su par Juan Manuel Bancalari.
Ardua instrucción. Los defensores Juan Carlos Ruiz y Carlos Emiliano Ruiz consideraron que la acusación inicial no se ajustó a derecho, según la ley.
Audiencia oral. La reforma judicial reciente permitió agilizar el proceso de este modo, ya que las partes expusieron sus razones antes de que la jueza Alonso decidiera el sobreseimiento de los De Rosas.
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