Mendoza - Alan Villouta Alan Villouta
domingo 01 de octubre de 2017

La Justicia de Mendoza tiene sólo tres abogados para las víctimas

La oficina del querellante particular funciona de forma interina desde 2004 para delitos graves, como homicidios

La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal habla en el artículo 38 de los "abogados oficiales querellantes particulares". Se trata de los letrados que defienden a las víctimas o familiares de las víctimas. Es una figura distinta a la del defensor oficial, que patrocina a los señalados por algún delito y que el Estado debe garantizar por el derecho de defensa.

Estos abogados del Estado han actuado en numerosos casos que han tenido impacto público. El más reciente en el que tuvieron intervención fue el crimen de Alan Villouta, el joven que fue atropellado en el Acceso Sur cuando salía de trabajar de una pizzería en el centro comercial La Barraca.

Según el referido artículo, para ser querellante oficial se requieren las mismas condiciones que para ser fiscal de instrucción e incluso pueden remplazarse entre sí. De hecho, tradicionalmente en el derecho son los fiscales los que defienden los intereses de la sociedad, dentro de la cual están las víctimas. En este caso el querellante es el abogado particular de la víctima.

Sólo en la Primera Circunscripción Judicial –atiende los departamentos del Gran Mendoza y Lavalle– funciona una oficina del querellante particular, que tiene tres abogados. Sí, sólo tres. En el resto de la provincia, si las víctimas lo solicitan puede cumplir ese rol algún ayudante fiscal.

Al ser tan pocos, tienen trabajo por demás. Por eso la familia de Alan decidió prescindir de los servicios del querellante oficial Facundo Garnica. "El doctor Garnica hizo lo que podía hacer, lo que estaba a su alcance, él fue muy frontal y muy sincero con nosotros, son gente que está muy atareada", sostuvo a UNO Andrés Villouta, padre de Alan.

La oficina de querellantes oficiales fue creada en forma interina en 2004. Los abogados atienden, como marca la ley, "a las personas que se constituyan como querellantes particulares por haber sido víctimas de delitos que merezcan pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a tres años, en tanto invoquen y justifiquen pobreza. En igual caso patrocinarán a sus familiares directos cuando del delito resulte la muerte o incapacidad de aquellos".

La solicitud de este servicio debe ser requerida por las víctimas o los familiares, no actúan de oficio. "La persona viene y dice que tiene una causa y solicita un abogado, nos ponemos en contacto con la fiscalía y empezamos a trabajar", explicó una de las querellantes oficiales, Claudia Vélez.
Atienden, en promedio, entre 25 y 30 nuevas causas por mes, pero en realidad trabajan en muchas más.

Vélez explicó que la oficina tiene una organización interna propia, no funcionan por turnos ni por categorías como las fiscalías. Los tres trabajan en todas las causas. "Si nos sale un debate, va alguno de nosotros y lo hace. Asistimos a las víctimas desde el principio hasta el final", explicó.

Los querellantes, al trabajar en una oficina interina, no tienen cargo de magistrados como los fiscales, sino que son funcionarios de la Justicia.

Atienden, también como marca la ley, a las personas que no pueden pagar un abogado particular. "Generalmente la gente viene buscando ayuda y se les cree", comentó Vélez.

La intervención de la querella y de las víctimas puede ser de ayuda para la causa. "Muchas veces tienen mucha más llegada a la prueba, trabajamos juntos, le aportamos al fiscal y le pedimos medidas", agregó la letrada.

Vélez trabaja en la oficina desde 2004. Sobre por qué cree que aún funcionan de forma interina dijo que supone que es porque ha habido otras prioridades en materia presupuestaria. "La falta de presupuesto es lo que siempre ha limitado", opinó.

Agregó que, incluso, aunque les lleguen consultas por casos en los que no intervienen, igualmente buscan los expedientes y asesoran a las personas.

Casos en los que cambiaron el rumbo
Los querellantes, pese a trabajar en conjunto con los fiscales, también pueden ir contra éstos en caso de que lo consideren. "Si creemos que hay que pedir otra cosa, acusamos más allá del fiscal", explicó la querellante oficial Claudia Vélez.

La letrada dijo que han trabajado en muchos casos resonantes de Mendoza, como el del médico Sebastián Prado, asesinado en la puerta de su casa.

Vélez logró dar un giro en el caso de un femicidio en el que se condenó al autor del hecho gracias a ella. "Fue un caso grave. El fiscal de cámara acusó como exceso de legítima defensa y yo pedí homicidio agravado por la violencia de género y los jueces fallaron a favor de lo que pedí. Era un caso difícil, porque él la empuja por El Carrizal después de haberla encontrado con otro hombre", comentó.
Es el caso en el que Juan José Galdeado fue condenado en junio de este año a prisión perpetua por haber asesinado a su ex pareja Johana Fernández. La defensa había solicitado la absolución por el beneficio de la duda pero los jueces dictaron sentencia siguiendo el criterio de la querellante oficial, quien durante los alegatos había solicitado la pena máxima por el delito de femicidio.

Galdeano empujó por un barranco a Johana, quien era, además, madre de los cuatro hijos que tenían en común. La víctima y el victimario llegaron al lugar acompañados de dos amigos. Uno de ellos mantenía una relación amorosa con la joven. En un momento Galdeano se durmió y al despertarse descubrió a su ex y al amigo manteniendo relaciones sexuales, razón por la cual empujó a la mujer y la mató.

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