Mendoza - Campo Papa Campo Papa
sábado 30 de abril de 2016

La hora de "la jefa" en el banquillo de los acusados por drogas y lavado

La próxima semana se reanudará en Tribunales Federales el juicio oral y público contra Sandra Jaquelina Vargas y sus familiares. El proceso investigativo, que comenzó en 2013, permitió a la sociedad conocer a una persona de características muy particulares.

Es un buen personaje. Mujer, joven, casi bonita, jefa... Malvada. Así puede explicarse por qué Sandra Jaquelina Vargas, la Yaqui, concentra toda la atención de los medios y sus ávidos lectores/ escuchas/ televidentes. Es un personaje perfecto para encarnar el mal y no importa mucho si es tan malvada.
La Yaqui está siendo juzgada por venta de drogas y lavado de dinero. Como ella hay muchos, pero su perfil es ideal para ejemplificar. Deberá pagar sus culpas, si las tiene, pero especialmente servirá para lavar un poco las de otros.
La Yaqui está siendo juzgada por la Justicia federal. Con ella también están bajo proceso su hija Silvina Jaquelina Gelvez (23) y sus hermanos Patricia Mercedes (44), Carlos Damián (35), Silvana Natalí (31) y Romina Noemí (28). También su sobrino Jonathan Daniel Brizuela (22) y su suegra, Nora Carmen Gatto (65).
Sobre algunos pesa la acusación de vender drogas. Sobre algunos otros, la de lavar dinero. La acusación formal que debe resolver el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 es la de tenencia y comercialización de estupefacientes y lavado de activos.
A la Yaqui, su familia siempre la llamó Nani. Pero para la policía, el submundo mendocino, la Justicia y los medios, Sandra Jaquelina Vargas Méndez es la Yaqui. En algunas conversaciones telefónicas interceptadas por los investigadores dicen que se la llama la Tía Susana. Para despistar.
Nació el 18 de agosto de 1976 en el hospital Emilio Civit y es una de los diez hijos de una pareja extremadamente humilde que vivió siempre en Godoy Cruz, entre los asentamientos Campo Papa y Susso.
Hasta los 15 años Jaquelina Vargas no fue más que una muchachita sin horizonte. Fue en esa época cuando conoció a Cristian Mauricio Gélvez Gatto, un joven tres años mayor que ella. Dicen que ese encuentro, además de significar para ella la formación de su única pareja y con los años ser madre de cinco hijos, fue la puerta de ingreso al mundo de la droga.
Sin embargo la historia judicial de Gélvez no está ligada a los estupefacientes, sino a las armas. Cumplió alguna condena por robo agravado y hasta fue imputado pero sobreseído por un homicidio ocurrido en 2007. Incluso dicen que uno de sus mejores amigos, Alberto Mingo Gentile, murió en un accidente de tránsito el 14 de setiembre de 2007 cuando la moto chocó contra un poste mientras él y Gélvez supuestamente escapaban de la policía después de un asalto.
Según cuentan, durante las épocas en que Gélvez estaba detenido era su mujer, Jaquelina Vargas, la que se ponía al frente de la sencilla pero eficaz organización que vendía drogas al menudeo en Godoy Cruz.
Para ese tiempo la pareja ya se había mudado al barrio Los Toneles.
Junto a la casa abrieron una rotisería, a nombre de Nora Gatto, madre de Gélvez.
A pesar de la supuesta actividad ilegal que la Yaqui comandaba y que la policía conocía bien, su historial judicial no es muy extenso.
El 6 de abril del 2001 policías de Toxicomanía allanaron una casa del barrio Susso y la detuvieron allí junto con su hermano Luis Alfredo Vargas, apodado simplemente Luisito. La investigación era por venta de estupefacientes, pero el 29 de mayo del 2002 apenas pudieron condenarla por tenencia para consumo. Le aplicaron una pena de tres años de prisión y $100 de multa y cuatro días después le dieron la libertad condicional.
Su hermano Luis fue condenado a 7 años y medio de prisión en 2011, después de que en octubre de 2010 fuera descubierto en Guaymallén cargando 150 kilos de marihuana en un auto.
En enero de 2013 la Yaqui fue apresada nuevamente por unas horas. Esa vez se la detuvo por tratar de entorpecer un allanamiento por drogas que se hacía en Godoy Cruz, pero no fue imputada.
Quizás uno de los momentos claves de la historia ocurriría el 18 de enero de 2014. Ese día la casa de la Yaqui fue atacada a balazos. Ella salió ilesa pero el padre de sus hijos, Cristian Mauricio Gélvez Gatto, que en ese momento disfrutaba de uno de sus períodos en libertad, recibió tres impactos en el abdomen y en el tórax. A las 2.52 de la madrugada del 22 de enero falleció en hospital Lagomaggiore por un "paro cardiorrespiratorio por hemorragia interna". Las fuentes oficiales atribuyeron ese ataque a una guerra de bandas por el manejo de la venta de drogas.
Pero Nani o la Tía Susana o simplemente la Yaqui, es decir Sandra Jaquelina Vargas Méndez, seguiría siendo investigada y perseguida por venta de estupefacientes.
Tres periodistas investigaron y desnudaron la historia de la Yaqui, mucho más claramente que lo que había hecho hasta ese momento la policía provincial.
Fueron amenazados de muerte, supuestamente por orden de la Yaqui, y hoy todavía alguno de ellos debe moverse con custodia en algunos ámbitos, especialmente ahora, en los tribunales federales.
En la mañana del 14 de marzo de 2014 Jaquelina Vargas fue detenida en una agradable casa ubicada en la localidad puntana de Juana Koslay. También cayeron presos ese día varios integrantes de su familia.

Pistas que dejaron las escuchas y los bienes detectados

La prueba material del expediente no es tanta como se podría suponer, al menos para el historial que se les adjudica a la Yaqui y su banda, en lo referido a la venta de droga. Se le secuestraron en una de sus casas 1kg de marihuana y 241 porros. En lo que se refiere a los bienes, se estableció que tenían 25 vehículos y seis propiedades.
Uno de los policías que trabajaron en el caso, el comisario Marcelo Rivera, se encargó de organizar la serie de escuchas. Dijo en el juicio, que todavía está en curso y que se reanudará el miércoles con los alegatos, que la investigación comenzó en setiembre de 2013, tras una llamada anónima que daba datos sobre la Yaqui y la venta de drogas en Campo Papa. Indicó que en las escuchas se puede oír las palabras "eso", "cosa", "alita" o "frasquitos acrílicos", por los pedidos de marihuana o cocaína.

La cuestión impositiva es delicada, como le pasó a Al Capone

Como Al Capone, lo que parece complicar seriamente la situación del grupo es la falta de control impositivo sobre la gran cantidad de bienes que tiene la familia.
La AFIP no tiene registros de Sandra Vargas y tampoco los tiene de su suegra, Nora Carmen Gatto, quien en algún momento habría intentado desviar la investigación original mandando a decir que toda la familia se mantenía con el ingreso de su almacén, donde se facturaba un promedio mensual de $144.000.
Según los agentes de AFIP que declararon en el Tribunal Oral 2, la Yaqui no es "contribuyente". No tiene actividad comercial declarada. Lo mismo ocurre con su hija, los hermanos y el sobrino.
La suegra, Nora Carmen Gatto, es titular de una despensa en el barrio Los Toneles, tiene tres vehículos y era monotributista clase B, pero se dio de baja.
"No tenían actividades económicas formales y cuando se contraponen sus situaciones patrimoniales surgen inconsistencias: el patrimonio no resulta justificable. Si a esto se suma una presunta actividad ilegal, se vislumbra una actividad de lavado", dijo el abogado Juan Manuel Garrido, un agente de la Unidad de Investigación Financiera, que declaró en el juicio oral y público.

"Una cuestión de Estado" para Paco y el procurador González

Así como la investigación judicial preparatoria por lavado de dinero que involucra a la Yaqui y sus parientes parece sólida, la causa iniciada por la venta de estupefacientes es pobre y apenas se deduce de la primera.
El comisario Hugo Ávila, quien era jefe de la Unidad Investigativa de Godoy Cruz y fue el responsable del trabajo de investigación, sostuvo en el juicio que continuará la semana próxima, que la causa era "una cuestión de Estado" y que el entonces gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, y el procurador de la Suprema Corte de Justicia provincial, Rodolfo González, presionaban para que avanzara.
Sin embargo, nunca se designó el equipo de trabajo personal especializado y Ávila no logró encontrar detalles contundentes sobre los resultados de su pesquisa investigativa del crimen.

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