Mendoza - San Felipe San Felipe
martes 17 de mayo de 2016

La actualidad de los ex intendentes con causas judiciales

Lobos despedido e investigado, Salgado aún en prisión y López Puelles suma denuncias.

Ex intendentes complicados en la Justicia y señalados por su mala administración en las comunas que comandaron.

El personaje que más flashes se llevó fue el del santarrosino Sergio Salgado, quien aún se encuentra tras las rejas del penal de San Felipe en el pabellón de los presos por delitos de lesa humanidad.

A pesar de los reiterados pedidos de excarcelación, el fiscal especial Santiago Garay pidió a principios de mayo la prisión preventiva del ex cacique del este debido a que entiende que hay "peligro procesal". Por ello, el Juzgado de Garantías deberá determinar si Salgado esperará su juicio en prisión.

Los cargos que se imputan son "asociación ilícita, peculado, administración fraudulenta y emisión de cheques sin fondos". Estas causas hicieron que el reelecto intendente debiese renunciar a su cargo desde en un calabozo de Contraventores.

En tanto, Carlos López Puelles sumó una nueva denuncia en abril por emitir cheques sin fondos a proveedores de Luján. La anterior la tuvo en diciembre, pocos días después de que su gestión oficialmente llegara a su fin, aunque los rumores acerca de la desaparición del cacique luego de perder las elecciones eran vox pópuli.

Luján colapsó de tal manera los últimos meses de gestión que la basura comenzó a acumularse en las calles y los vecinos pagaban a camiones particulares para que la sacaran.

Los señalamientos judiciales provinieron todos del actual intendente del municipio, Omar De Marchi, quien acusó a su antecesor de "peculado" por daños y desaparición en 95 de los 132 rodados que componen el parque automotor comunal, actualmente en ruinas.

Sin embargo, las últimas novedades llegaron desde Guaymallén. A Luis Lobos las causas se le acumulan y ahora las deberá afrontar en calidad de desempleado ya que desde la comuna se decidió cesantearlo por tener en su domicilio documentación que lo podría implicar en malversación de fondos públicos.

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