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miércoles 22 de junio de 2016

Investigan a 15 policías más por los desmanejos en servicios extraordianarios

Así lo confirmaron desde la Inspección General de Seguridad. Se trata de efectivos que están por debajo de los comisarios pasados a pasiva este martes.

La denuncia contra cuatro comisarios generales sospechados de corrupción en el manejo de servicios extraordinarios sería solamente la punta del ovillo. Esto se debe a que el caso podría involucrar entre diez o quince uniformados más.

El caso de corrupción policial, que golpeó fuerte dentro de la familia policial, tiene a la Inspección General de Seguridad como juez y fiscal, pero eso no ha evitado otra polémica que desde la IGS señalan que es "política".

"Hay al menos diez y quince sospechosos más de estar involucrados en el mismo caso de los comisarios, algunos de ellos de otras jurisdicciones", señalaron desde el organismo que controla e investiga denuncias contra policías y penitenciarios.

De esos, los investigadores de la IGS estiman que al menos un 80 por ciento podría terminar siendo pasados a pasiva en los próximos meses.

"Se empezó por los comisarios generales porque son los que tienen la mayor responsabilidad en la fiscalización de controles en los servicios", aseguraron desde la Inspección de Seguridad, pero confirmaron los dichos de uno de los uniformados acusados, Víctor Loyola, a canal 7, sobre que hay más personas que se encargan de los servicios extraordinarios y que justamente podrían formar parte de la acusación. Entre ellos hay encargados y coordinadores de servicios.

Un ítem muy cotizado

Los servicios extraordinarios de la Policía son muy cotizados por los uniformados.

Según los datos que maneja la Inspección General de Seguridad, alrededor de 30 millones de pesos mensuales, aportados por el Estado y las empresas privadas, se depositan para los policías que cumplen servicios extraordinarios.

"Muchos de ellos, gracias a estos, logran casi duplicar sus salarios", explicaron desde la IGS, mostrando la inconveniencia de que estos se eliminen y agregan: "Habría una revuelta", graficando lo que ya es una maquinaria imposible de frenar.

Los investigadores denunciados y una pelea política

En declaraciones a canal 7, el comisario general Víctor Loyola, uno de los cuatro denunciados criticó lo hecho por la Inspección General de Seguridad y aseguró: "Los que nos investigan tienen denuncias por servicios truchos y violencia de género".

Efectivamente, entre los uniformados que se encargan de investigar a sus pares, hay algunos que tienen denuncias en su contra, uno de ellos por violencia de género.

"Eso es verdad, pero han sido absueltos", aseguraron desde la Inspección General de Seguridad y aseguraron que el hecho de que haya trascendido eso se debe a una pelea política.

"Tenemos un pedido de informes sobre este tema que estamos respondiendo", explicaron e insistieron en el trasfondo político que tienen las objeciones contra los encargados de investigar a los uniformados.

Los confirmados

Hasta ahora, solo se pasó a pasiva a cuatro comisarios, de los cuales tres planean armar su defensa en conjunto y que serían los sospechados por irregularidades en los servicios extraordinarios.

Estos son:

Miguel Edgardo Mestre Medina

Tiene 54 años. En marzo de 2008 fue promovido a comisario, en diciembre de 2009 a comisario inspector y en enero de 2014 a comisario general. Antes de ser desplazado por Cornejo, estaba a cargo de Cuerpos Especiales, unidad que integra la Distrital de Seguridad 6.

Según relataron fuentes policiales, los efectivos de esa unidad cumplían servicios en colectivos del grupo Siete –algunos hacia el barrio La Gloria-, de la empresa Dicetour y algunos patrullajes en la calle Arístides Villanueva, aunque nunca cobraban la remuneración extra. Las autoridades de la IGS creen que era Mestre quien se quedaba con el dinero.

Víctor Loyola

Tiene 49 años. En junio de 2006 ascendió a subcomisario, a comisario inspector en diciembre de 2011 y a comisario general marzo de 2015. Su último cargo de máxima jerarquía fue cuando estuvo a cargo de la Distrital de Seguridad 5, que abarca Maipú, Luján de Cuyo y el Corredor Internacional.

El apellido de Loyola estuvo vinculado a la megacausa conocida como "mafia policial", una investigación que se desató en 2001 y que imputó a varios efectivos bajo la figura de asociación ilícita

Gustavo Walter Garis Lo Duca

Tiene 50 años. Recibió el cargo de subcomisario en septiembre de 2005, comisario inspector en enero de 2011 y comisario general en marzo de 2015. Cuando Cornejo lo desplazó, el uniformado prestaba servicios en la Distrital de Seguridad 6, que abarca Las Heras, Guaymallén y Lavalle.

Además del presunto cobro ilegal de servicios extraordinarios, la IGS también encontró una situación bastante confusa con su arma reglamentaria. Según sostienen desde el organismo, Garis nunca denunció la pistola 9 milímetros como perdida o robada, sin embargo fue secuestrada durante un procedimiento policial.

Darío Orlando Irrutia Breitenstein

Tiene 55 años. Su ascenso en el escalafón policial lo llevó a ser comisario en marzo de 2008, a ser comisario inspector en diciembre de 2009 y en enero de 2014 a ser comisario general. Al momento de su desplazamiento, estaba a cargo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Es el único de los cuatro comisarios que no está señalado en el cobro de servicios extraordinarios. Fuentes de la IGS aclararon que creen que certificó un título sin validez de un informático que estuvo trabajando en el Ministerio.


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