Mendoza - Maipú Maipú
martes 16 de agosto de 2016

Imputaron penalmente a una empresa que extrae materiales de construcción

Áridos Canale fue procesada por la fiscal Carla Cruzado por desobedecer la orden de clausura del Gobierno de Mendoza.

Áridos Canale, una cantera que extrae material de construcción en Anchoris, Tunuyán, fue imputada penalmente por la fiscal Carla Cruzado, por desobedecer la orden de clausura impuesta por la Dirección de Minería de Mendoza, al encontrar que trabajaba por fuera de la ley Nº8.434. Esta ley regula la extracción de minerales de tercera categoría, los de naturaleza pétrea o terrosa (ripio, arena, material de arrastre y yesos).

El procesamiento recayó sobre el dueño de la cantera, Pablo Canale, y se realizó en virtud de lo establecido por el artículo 239 del Código Penal, luego de que el imputado en dos oportunidades fuera denunciado por violentar las clausuras, una aplicada en 2015 y otra repetida en julio de 2016.

Este caso es uno de los cuatro que se conocieron en mayo, cuando el Gobierno procedió a denunciar penalmente a las empresas ubicadas en Tunuyán, Maipú y Luján por trabajar en lugares no permitidos, como algunas partes del lecho del río, produciendo así daño ambiental o daño a la infraestructura caminera, al socavar los sitios cercanos a los puentes, al punto de hacerlos colapsar.

Al hacer extracciones sobre lugares no autorizados, también evadían el pago de impuestos porque no declaraban lo que sacaban de esos puntos prohibidos por ley. Se calcula que pudieron comercializar alrededor de 10 millones de metros cúbicos de áridos sin que fueran declarados, lo que equivale al pago por Ingresos Brutos de unos $200 millones.

Excepto el caso Canale, las otras empresas denunciadas penalmente están en proceso de regularizar su situación para continuar trabajando.

Como autoridad de aplicación, la Dirección de Minería ha procedido desde 2012 a clausurar todas aquellas canteras que luego de haber sido inspeccionadas y emplazadas no se ajustaron a las disposiciones que dicha norma prevé. Al llegar el radicalismo al gobierno, estas medidas de control fueron intensificadas y fueron cerrados alrededor del 40% de este tipo de yacimientos (áridos, talco, cal, cuarzo, plata y oro, etc.). La mayoría de las empresas fueron puestas en regla y las que no, denunciadas penalmente.

Sin embargo, para el Gobierno la ley 8.434 aún tiene varios limitantes para que los controles sean más eficientes, por eso se está buscando modificar dicha norma. De hecho, es uno de los temas incluidos en los debates del Espacio de Diálogo por la Minería, que lleva adelante la Subsecretaría de Energía, a cargo de Emilio Guiñazú Fader.

"Más allá del caso puntual por lo que fue imputada penalmente la empresa Canale, lo significativo es que el Estado está controlando toda la minería, de la categoría que sea. Pero también porque tuvimos que proceder a denunciarlo penalmente porque la ley 8.434 no nos ofrece otros mecanismos administrativos. En el Espacio de Diálogo, se va a discutir una modificación de esa ley, para incorporar multas económicas si no cumplen con lo establecido", indicó el funcionario.

Otra idea es que ante las infracciones, se puedan incautar las máquinas para impedir justamente que, como ocurrió en el caso Canale, que continúen trabajando aún con las clausuras impuestas. Además, el proyecto explora la posibilidad de que los controles queden en manos de un solo organismo del Estado, puesto que ahora está repartido entre varias dependencias y suelen diluirse las responsabilidades sobre el seguimiento de los infractores a la ley, una vez que fueron detectadas las irregularidades.

"Este tema de la minería de segunda y tercera categoría es algo que no se discute, pero merece atención, por eso lo hemos incluido en el Espacio de Diálogo, por ejemplo, hoy a las empresas no se las puede penar económicamente ante un incumplimiento. Otro problema es que los controles están distribuidos entre varios organismos y eso de tener un perro con dos dueños hace que nadie se haga cargo del perro", ejemplificó Guiñazú Fader.

Resumen
-Incumplimiento. Las cuatro canteras, ubicadas en Maipú, Luján y Tunuyán, fueron denunciadas penalmente por la Dirección de Minería en mayo.
-Imputación. Áridos Canale resultó imputada por desconocer la clausura impuesta por el Gobierno en dos oportunidades.
-Cambios. El Ejecutivo busca modificar la ley 8.434 para contar con nuevas herramientas de control de este tipo de actividades.
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