Imputarán a 10 sospechosos más en la causa del Próvolo

La detención de la apoderada legal abrió un capítulo sobre la complicidad del personal no religioso del instituto.

La lista de acusados del instituto Antonio Próvolo, de Carrodilla, parece no tener fin. Tras la detención de Graciela Pascual, apoderada legal del colegio católico para niños sordomudos, la fiscalía abrió ahora causas penales contra una decena de ex trabajadores del plantel no religioso, sospechados de haber sido cómplices, con su silencio y sus acciones, de los reiterados abusos sexuales de los que eran víctimas los niños hipoacúsicos del establecimiento a manos de dos sacerdotes, una monja y dos empleados de maestranza.

Entre los nuevos sospechosos se cuenta a psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, docentes y personal responsable de tareas no calificadas.

Todos serán citados en el corto plazo a la fiscalía de Luján-Maipú, donde les notificarán que están imputados, precisándoles por cuál o cuáles delitos y en base a qué hechos. Luego dependerá del fiscal si quedan presos o en libertad.

La novedad dejó en claro que el encarcelamiento de Graciela Pascual, concretado el jueves por orden del fiscal Gustavo Stroppiana, es solo el principio de una serie de acusaciones legales que van más allá de la actuación del personal religioso y de jardinería puesto tras las rejas cuando apenas estalló el caso.

La fiscalía ya formalizó el aboque –paso judicial previo que anticipa la inevitable imputación– contra estas 10 personas, quienes están sospechadas de haber tenido conocimiento o recibir denuncias sobre los abusos sexuales y no haber cumplido con la obligación legal de denunciarlo o, peor aún, haber hecho cosas para ocultarlo.

La avanzada contra el personal del establecimiento viene a reforzar la convicción de los investigadores de que en el Próvolo imperaba un férreo código de silencio.

Basta recordar los testimonios de los padres en la puerta del instituto cuando se destapó el caso, ocasión en que revelaron a la prensa que más de una vez hubo reuniones con personal directivo, profesional y docente del colegio por denuncias hechas por los niños, que las autoridades en vez de investigar terminaban desalentando y minimizando.

La querella lo había pedido

La investigación contra esta nueva tanda de acusados había sido solicitada por los abogados querellantes de la ONG Xumek, que patrocina en la causa a un grupo de víctimas de los abusos.
En diálogo con Diario UNO, el letrado Sergio Salinas detalló: "Nosotros le habíamos ofrecido al fiscal elementos de prueba suficiente para que muchas más personas del establecimiento sean responsables por no haber hecho nada. Técnicamente hablando, por delitos de omisión".

El abogado señaló: "Para nosotros la principal responsable del personal no religioso era Graciela Pascual, la apoderada legal, que ya está detenida; pero detrás de ella hay mucha más gente que denunciamos y que suponemos que si la fiscalía ordenó la detención de Pascual, también investigará al resto porque si no se rompería una lógica de la investigación".

El penalista Sergio Salinas fue más allá y recalcó: "Hay pruebas claras, escritas, en las que figura que Pascual participó en connivencia o con una trabajadora social o con una psicóloga o con otro profesional, así en diferentes casos".

El referente de Xumek confirmó que la citación a la fiscalía de este grupo de personas es cuestión de tiempo: "Más allá de que el fiscal decida detenerlos, si tenemos gran expectativa de que van a ser imputadas. Es una cuestión de práctica judicial: cuando en una investigación se da un paso, se sabe que se va a dar otro que viene a ratificar el anterior. Es casi obvio que se van a venir las otras imputaciones".

Pascual, una pieza clave

La apoderada legal del instituto Próvolo, Graciela Pascual, detenida el jueves por la fiscalía y enviada de inmediato a la cárcel, tenía según sospecha la investigación, funciones cruciales en el colegio y trato directo con el padre Nicola Corradi, el principal imputado por los abusos sexuales.

Un acontecimiento que reveló la cercanía de Pascual con el sacerdote italiano fue cuando la mujer ofreció su casa para que el padre Corradi cumpliera la prisión domiciliaria.

Otro elemento que la puso en la mira fue su declaración como testigo en la que habría presentado una fisura importante.

Pascual habría negado en esa testimonial su conocimiento sobre casos de abuso sexual en el colegio, lo que sería desmentido por documentación de vieja data en donde ella interviene en informes por denuncias en ese sentido. Esto implicó que la fiscalía también la acusara por falso testimonio.

Incluso, hay informes que la complican, como el de una asistente social que, por escrito, la acusa de ser reticente a dar información en una denuncia de abuso y ordena el traslado de la víctima a otro colegio.
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