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domingo 11 de septiembre de 2016

Gullé culpó a la Corte por el mal estado de las fiscalías

El procurador aseguró a Diario UNO que ha recibido "un Ministerio Público económicamente abandonado". Reprochó a los supremos por el reparto de los fondos y dijo que le falta personal, espacio edilicio, mobiliario y presupuesto.

A una semana de haber asumido como nuevo jefe del Ministerio Público, el procurador Alejandro Gullé se ha encontrado con un panorama desolador en las fiscalías: falta de presupuesto, de personal, de espacios dignos para prestar el servicio y hasta déficit de mobiliario adecuado que pone en serio riesgo los profundos cambios que quiere implementar.

Sin vueltas, Gullé culpó a la discrecionalidad de la Suprema Corte de Justicia a la hora de repartir los fondos del presupuesto del Poder Judicial, que legalmente el máximo tribunal tiene por deber administrar.

La Corte se encarga de todos los jueces y el procurador de los fiscales y defensores oficiales, pero hasta ahora los fondos para ambos sectores siempre los manejó la Suprema Corte. Y allí radica el conflicto.
El nuevo procurador cuestionó a los supremos, el criterio para priorizar necesidades y urgencias con una vara distinta si se trataba de los juzgados o de las fiscalías.

Eso explica en gran parte, la iniciativa del Gobierno provincial, apoyada por el propio Gullé y presentada por el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, de impulsar una ley que se discute en la Legislatura para darle presupuesto propio a todo el cuerpo de fiscales, es decir al Ministerio Público, y que no dependa más de la Corte.

En diálogo con Diario UNO, el nuevo procurador fue contundente en el diagnóstico: "Me encontré con un Ministerio Público económicamente abandonado".

Primero salvó a su antecesor, Rodolfo González, sobre quien opinó que terminó siendo una víctima del poder de la Corte: "Encontré todo muy ordenado y controlado porque Rodolfo González era muy prolijo y obsesivo con el trabajo".

No obstante, aclaró: "Pero tenemos un presupuesto muy corto, un déficit de espacios y de infraestructura edilicia importantísima que me preocupa mucho y me va a complicar para hacer los cambios que quiero con las nuevas unidades fiscales especializadas por delito".

Recalcó que sabe que no hay plata y que está en la tarea de optimizar todo. "Estoy trabajando para que haya mayor eficiencia, mayor eficacia y redistribución del personal", dijo.

Pero rápidamente sacó datos para fundamentar el actual estado que heredó y graficó: "En el Gran Mendoza y Lavalle (1ª Circunscripción judicial) la Corte ( las cámaras y juzgados dependen de ella) ocupa el 80,8% de los espacios edilicios disponibles cuando tienen el 65,5% del personal total".

"A nosotros –continuó– nos queda apenas el 19,2% de esos espacios donde trabaja al 34,4% restante, que es el recurso humano del Ministerio Público".

Al espacio se suma la falta de personal, tema que Gullé especialmente resaltó al decir que "las fiscalías no incorporan nuevos trabajadores desde el 2008, salvo los que ingresaron para ocupar vacantes que quedaban libres. Pero hace 8 años que no se crean nuevos cargos y la demanda de justicia ha crecido mucho".
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Se quedaron con 100 cargos

Sin pausa, contrastó con la Corte para que se notara la diferencia. "En 2014, el Gobierno habilitó 100 cargos nuevos para el Poder Judicial y la Suprema Corte se los llevó todos con una acordada de carácter secreto para que nadie se enterara. González la descubrió a fines del año pasado. No otorgaron ni un solo cargo al Ministerio Público que él comandaba".

Comparó, por ejemplo, que en el área de Informática el Ministerio Público tiene "tres empleados y sólo con ellos estamos haciendo todos los cambios" mientras que "la Corte tiene más de 20 informáticos".

Ante este panorama, Gullé ya empezó a hacer los planteos por la herencia recibida al máximo tribunal.

"Por este déficit que tengo, he hablado con el doctor Omar Palermo para ver cuál es la mejor manera de adecuarnos y ordenarnos tanto la Corte como el Ministerio Público".

Uno de los déficits fuertes en personal están en la misma trinchera del delito: los ayudantes fiscales. Estos son los brazos de los fiscales en la atención diaria de la demanda de justicia, tanto para ir a la escena del crimen como para tomar las primeras medidas. El problema es que tienen la cantidad justa para prestar el servicio.

Gullé asegura que necesita más ayudantes fiscales porque no tiene remplazos ante las licencias por razones de salud o embarazo, lo que los obliga a recargar en horas a los que quedan operativos.
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El agujero negro

La problemática del espacio y la falta de personal son un obstáculo crucial para el nuevo esquema que quiere diseñar de las fiscalías por delitos.

El procurador trajo como ejemplo la gigantesca Unidad Fiscal Correccional que quiere habilitar y que alcanza a los delitos con condenas menores a los 3 años de cárcel.

"Esa unidad fiscal va a ser muy grande porque los delitos correccionales llegan al 65% de la totalidad de las denuncias que entran a las fiscalías. Acá se investigan los hechos menores y los conflictos que la gente tiene a diario entre sí. Imagínese que no puedo tener una parte de la unidad fiscal por un piso y otra parte en el otro", explicó.

Un modo claro de comprender la dimensión de la Unidad Fiscal Correccional son las cifras: concentraría, sólo en el Gran Mendoza, unas 77.000 denuncias o causas en un año sobre un total de 118.000 que ingresan al sistema por todo concepto delictivo.

El nuevo procurador tiene muy claro que además de los delitos graves, el fastidio de la ciudadanía con la Justicia es porque todas estas causas menores nunca se resuelven.

Y este es otro de los datos graves con que se encontró al tomar el Ministerio Fiscal y que ya no es un problema exclusivo de la Corte, sino del formato que eligió el ex procurador Rodolfo González.

"Actualmente 9 de cada 10 denuncias correccionales con imputados prescriben (se vence el plazo de persecución penal legal), y se cierran y archivan sin resolver si el sospechoso es culpable o inocente y sin darle una respuesta de Justicia a la víctima", recalcó Gullé.

Explicó que este "gran agujero negro de impunidad y deficiencia judicial" es un efecto no querido de la actual estructura de las fiscalías.

"Como los fiscales con el actual esquema tenían que investigar todo, al estar sobrepasados se preocupaban por priorizar los hechos más graves, y los casos menores quedaban marginados. A eso hay que agregar que sólo hay dos jueces correccionales, lo que generaba un fuerte cuello de botella en la resolución. Este cóctel provocaba la prescripción masiva", argumentó.

El procurador enfatizó que con la Unidad Fiscal Correccional "vamos a terminar con este problema porque va a estar para dedicarse solamente a estos delitos menores sin distraerse en hechos más graves".
Mobiliario arruinado

Los muebles de oficina son un tema que quita el sueño en cualquier repartición pública y ni la Justicia ni la fiscalías son la excepción.

El mobiliario nuevo que se instaló en las unidades y oficinas fiscales cuando fueron abiertas hace unos 10 años ya está jubilado. Falta, está roto o simplemente no sirve.

Ante la escasez de fondos, en la Procuración se han visto en el último tiempo dedicados a retapizar sillas, reciclar escritorios e ingeniárselas, a lo que se agrega el mal estado edilicio de algunos lugares.

"Lo de las oficinas fiscales es indigno", bramó Gullé, quien contó que "en la del barrio Cano, en Ciudad, por ejemplo no tiene baño propio porque el que estaba lo usan los detenidos. La gente necesita ir al baño y tiene que esperar al policía de la comisaría el tiempo que haga falta a que le abra una puerta de reja para poder utilizarlo".

O trajo a cuento una de Las Heras, donde "como ya no hay lugar adentro ponen la sillas afueras para que la gente que va a denunciar espere allí, en la puerta, una barbaridad".

Señaló que es urgente mejorarlo porque, aseveró, "así como uno exige también tiene que dar y en esas oficinas trabaja una gran cantidad de personas la mayor parte del día".

Con todo esto, el procurador confía en que irá poniendo en marcha los cambios que desea. Algunos estarán operativos esta semana.

En cuanto a lo que espera de las fiscalías afirmó que "el Ministerio Público es uno solo y es vertical. Quiero que trabajen mancomunadamente y de modo solidario, no cada fiscalía por su lado sino juntos como si fuéramos una familia".

Banco de ADN: también quiere sumar a los que trabajan en las fiscalías



El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, anticipó que el banco de ADN que se montará en la provincia tendrá un sistema de seguridad e inviolabilidad extremo propio del primer mundo: "La intangibilidad de la muestra tiene que estar garantizada", recalcó.

El banco de ADN tendrá muestras de los condenados e imputados por la Justicia pero también el de los policías, penitenciarios y trabajadores de vigilancia privada. Esto es porque cualquiera de ellos podría intervenir en su rol laboral, en la escena de un crimen y que detecten su ADN. Gullé señaló que los miembros de las fiscalías que actúan en el lugar del hecho también deben estar en ese banco.
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